Por: Xiomara Orellana
Edición: Claudia Mendoza
Un análisis minucioso de la pericia financiera en poder del Ministerio Público, ayudó a documentar que desde los Fondos Rotatorios Especiales o Reembolsos, se desvió dinero proveniente del fideicomiso de administración que firmó la Corporación Municipal del Distrito Central (CMDC), con un banco privado del país. 26 personas formaron parte de la estructura que se estableció para drenar recursos; pero no todos eran funcionarios municipales, también se incluyó a empleados de tres empresas de Nasry Asfura, para realizar las transferencias.
Esto se constata en la solicitud del procedimiento especial de antejuicio que contra el actual alcalde de Tegucigalpa y candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Juan Asfura Zablah, así como a la regidora Nilvia Castillo, se interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 27 de octubre del 2020.
La investigación que realizó inicialmente la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), del Ministerio Público y que luego remitió a la Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), investigó las operaciones realizadas en ese fideicomiso, el que terminó en manos de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), para darle trámite.
Según avanzó el rastreo de los fondos, los investigadores, los analistas financieros y los peritos forenses confirmaron la denuncia 013-2018 LINEA B que fue interpuesta el 11 de febrero del año 2019. Con esa información financiera se corroboró que, efectivamente, se desvió dinero proveniente del fideicomiso y que, además, 26 personas más formaron parte de la red de corrupción que se estableció para ese saqueo. Pero no todos eran funcionarios municipales, también se incluyó a empleados de tres empresas de Asfura, llamado popularmente “papi a la orden”, para realizar las transferencias.
En la verificación de la salida de fondos se determinó que los recursos se utilizaron para fines distintos a los que estaban destinados. El dinero fue desfalcaro entre los años 2017-2018, emitiendo para ello varios cheques a nombre de: Nasry Juan Asfura Zablah, Nilvia Ethel Castillo Cruz, Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela, entre otros.
Desde el año 2014 se modificó el fideicomiso. Fue en ese momento en el que se acordó que las únicas firmas autorizadas serían las de Asfura Zablah, Mario Roberto Zerón Suazo y Juan Carlos García Medina, para todos los ingresos que percibiera la comuna capitalina por recaudación de impuestos y tasas, incluyendo las multas y recargos, así como transferencias del gobierno central, donaciones, fondos obtenidos por préstamos y cualquier otro ingreso.
Así, los fondos, justificando falsas emergencias, fueron a parar a cuentas destinadas para apoyo de campaña del alcalde, desde las que se emitieron cheques a casi un centenar de personas, financiando pagos de joyería, gastos de viaje a 10 países, sin aplicarse el reglamento de viáticos, gastos y viajes. Hubo un uso desmedido de supuestas “ayudas” que benefició, según la UFERCO, a varios activistas políticos y periodistas.
Así, tanto el alcalde como la ahora regidora Castillo, planificaron un modelo para obtener fondos municipales sin mayores requisitos y, de forma rápida, se desembolsarían mediante cheques de caja.
29.4 millones de lempiras se desviaron, según la Unidad Fiscal. Pero, pese a la evidencia, el caso fue desestimado en la Corte Suprema de Justicia de Honduras, y con eso la posibilidad de llevar a los Tribunales al actual alcalde y candidato presidencial por ahora se esfuma.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), tiene que emitir un informe en un lapso no mayor a tres años, para que se determine si hubo o no delito. La decisión de la Corte coincide con el momento clave que se vive en el país, ya que será en las elecciones generales que se definirá si el edil de Tegucigalpa se convierte o no, en el próximo presidente de Honduras.
¿Cómo sustraían los recursos?
Para obtener esos dineros municipales bastaba la sola emisión de una carta de pago dirigida al departamento de fideicomiso del Banco, la que era firmada por el tesorero municipal Mario Roberto Zerón Suazo y a Nasry Asfura. Así se emitían los cheques de caja por los montos solicitados y en favor de las personas indicadas en las referidas cartas de pago.
La documentación en poder de la Fiscalía establece que el Fideicomiso administró todos los ingresos municipales, incluyendo los fondos del Gobierno. Estipuló, además, que en casos excepcionales (por su monto o urgencia) en los que se acreditara que no se pudo seguir el trámite normal, se podía disponer del dinero de forma inmediata. Pero, se aclara, que los fondos asignados bajo esa modalidad, debían ser reembolsados y destinados para adquisiciones de bienes y servicios menores, cuya emergencia fuera justificada.
Pero en la práctica, las cosas no fueron así. El cruce de información que realizaron los analistas del Ministerio Público determinó que entre los años 2017 y 2018, bajo esa modalidad, se emitieron 21 cheques de los Fondos Rotarios, los que sumaron un total de 11.5 millones de lempiras y, además, se solicitó un cheque por un valor de 4.8 millones de lempiras, como reembolso de gastos, y otro del Fondo Rotatorio Especial por 1 millón, para totalizar 23 cheques de caja, todos a nombre de Nasry Asfura Zablah, sumando 17.4 millones de lempiras.
Algo que sorprendió a los analistas financieros es que de los 23 cheques emitidos a favor de Asfura, 13 se depositaron en la cuenta que el alcalde abrió en el año 2012, para recibir los aportes de la campaña política. Fue así como 11.9 millones de lempiras fueron a dar a esa cuenta, cuyas firmas registradas eran las de Asfura y Óscar Rolando Uriarte Romero.
Con ese dinero los investigadores encontraron que se emitieron 97 cheques a diferentes personas, firmando 51 el alcalde y 46 Uriarte Romero, para totalizar 4.3 millones de lempiras. Pero siguiendo la ruta de los fondos, en el rastreo de los depósitos realizados entre el 3 y el 29 de noviembre del año 2017, los peritos detectaron el depósito de 1.1 millones de lempiras en la cuenta de ahorro que se abrió a nombre de Asfura en concepto de “fondos propios aportaciones de allegados políticos”.
El cruce de información permitió que el análisis financiero detectara una cuenta de “ahorro para gastos personales” del ahora “antejuiciado” Nasry Juan Asfura Zablah, que abrió a su nombre, detallando que el origen de los fondos era “el salario devengado”. En esa cuenta, el 17 de abril del año 2018, el alcalde autorizó a Uriarte Romero para que también fuera firma autorizada. Ocho cheques de caja fueron los que se depositaron desde el 20 de abril al 19 de noviembre, todos por un valor de 550 mil lempiras, para hacer un total de L 4.4 millones.
Pese a que esa cuenta se abrió bajo la denominación de “salario devengado”, Uriarte Romero emitió 73 cheques de esos fondos. En el resumen financiero que soporta la solicitud de antejuicio, la UFERCO concluyó que en este saqueo de fondos, a través de fideicomiso, se abrieron tres cuentas, todas registradas a nombre del alcalde, pero con diferente perfil. De ellas se emitieron un total de 189 cheques a nombre de 61 personas naturales y jurídicas:
- Cuenta N° 010-1013350327/4484207, “Aportes de Campaña Política”, se depositaron trece (13) cheques por un valor de L 11.9 millones.
- Cuenta N° 200005864533 “fondos propios aportaciones de allegados políticos”, se depositaron dos (2) cheques por L 1.1 millón y
- Cuenta N° 200006661334, “el salario devengado”, se depositaron ocho (8) cheques los que sumaron un valor de L 4.4 millones
Las liquidaciones y las inconsistencias
De acuerdo con la UFERCO, sí hubo liquidaciones por cada uno de los cheques de caja que se emitieron, pero el análisis financiero mostró inconsistencias.
Los analistas encontraron lo siguiente, en el rastreo del dinero:
- Cheques a favor de personas naturales y jurídicas distintas a las establecidas en las liquidaciones.
- Un cheque de caja que se emitió el 24 de enero de 2017, por un valor de 550 mil lempiras, cuya liquidación se realizó hasta en el mes de diciembre de 2017, emitiéndose en ese período 12 desembolsos más, sin la liquidación previa del fondo desembolsado en el mes de enero del 2017.
- Liquidaciones que incluían documentación de gastos previos a la obtención del fondo rotatorio.
- En dos cheques, el fondo rotatorio especial fue liquidado como reembolso, y el monto de las ayudas no coincide con la liquidación, dejando faltantes sin ejecutar a la fecha de entrega; los montos de entrega registran aumentos graduales.
- Se emitieron gastos de viáticos y hospedajes sin cumplir con los requisitos de solicitud y liquidación, y con el reglamento de viáticos y gastos de viajes de la Alcaldía. Se registran gastos de viaje a Uruguay, Colombia, Estados Unidos, España, México, Reino Unido, Ecuador, Italia, El Salvador y Alemania.
- Nombres de personas que recibieron supuestas ayudas pero que nunca tuvieron conocimiento de las mismas, mientras otras 17 personas dijeron que la recibieron pero por montos más bajos que los descritos en la solicitud. Lo más sorprendente para los fiscales y analistas es que la entrega de esas “ayudas” fue un pago de servicios prestados por periodistas y activistas políticos de los ante-juiciados, como personas que prestaron servicios profesionales a las empresas del alcalde.
Estas son algunas de las irregularidades que plantea la UFERCO, en las que se utilizó a un total de 26 personas que realizaron las transacciones, incluyendo entre ellas a empleados de la Constructora y Servicios Múltiples S.A. de C.V. (COSEMSA), Desarrollo Construcciones y Equipos S. A. (DECOESA), Ama Honduras S.A. (AMAHSA) y empleados de la Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC).
Según la investigación, la exgerente de la Funeraria del Pueblo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y ahora regidora, Nilvia Castillo, es pieza clave en el caso. Ella recibió cinco cheques de caja que sumaron 2.5 millones de lempiras, dinero depositado en su cuenta de ahorros, que posteriormente sustrajo a través de retiros en ventanilla, compras, y 18 retiros en cajero automático. Llamó la atención que el cheque de mayor valor que se le acreditó a Castillo fue por un monto de 2.1 millones de lempiras.
También se emitieron 21 cheques que sumaron 2.1 millones de lempiras, de los cuales 20 fueron cobrados en tres días, entre el 27 y 29 de diciembre del 2017, y sirvieron para pagar las tarjetas de crédito de dos hijas de Asfura.
La solicitud de antejuicio para el alcalde y la regidora está paralizada. La responsabilidad por los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de dinero, no progresó.
La CSJ lo dejó en suspenso; las defensas de los dos acusados aseguran que a la UFERCO le faltó el informe del Tribunal Superior de Cuentas para que prosperara el recurso. Pese a las trabas que las redes de corrupción han instaurado en Honduras para blindarse, la UFERCO no desmayará para seguirles la pista, pues han saqueado miles de millones de lempiras de las arcas del Estado.
“En Honduras es muy difícil luchar contra la corrupción porque cuando uno está investigando a funcionarios de alto perfil, todo el sistema se vuelve para protegerlos”, cuestiona Luis Javier Santos, coordinador de la UFERCO.
Antecedente
El 1 de junio del 2021, por unanimidad de votos, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declararon sin lugar la solicitud de antejuicio contra Asfura y la regidora Nilvia Ethel Castillo. Se fijó que será el Tribunal Superior de Cuentas el ente que emitirá un informe para determinar la autoría de los delitos.
