Por CESPAD
La noticia de la declaratoria de culpabilidad de David Castillo fue recibida con algarabía por los familiares y amigos de Cáceres, personas particulares y decenas de Garífunas y Lencas, miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que se apostaron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
Esta imagen muestra el momento en el cual, David Castillo, expresidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), era trasladado a la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Luego de casi cuatro meses de juicio oral y público, Castillo fue declarado culpable (lunes 5 julio) de ser coautor del asesinato de la indígena y ambientalista Berta Cáceres.
David Castillo fue detenido en el mes de marzo del 2018. Mientras, en diciembre del 2019, 4 de los 8 acusados fueron condenados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres. De igual forma, 3 más fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen. Las personas declaradas culpables fueron: Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa del Proyecto Agua Zarca; Mariano Díaz, oficial del Ejército; Douglas Geovanny Bustillo, ex militar; Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Duarte Meza, Henry Javier Hernández y Óscar Arnaldo Torres Velásquez.
Pedro Mejía es miembro del equipo legal del COPINH. Forma parte de la acusación privada y a los medios de comunicación dijo: “qué nos queda, continuar con la exigencia de justicia, continuar con los autores que todavía están más arriba de Roberto David Castillo, nos referimos efectivamente a los accionistas y socios de la empresa DESA, la familia Atala Zablah”. Declaraciones tomadas de Criterio.hn.
Por unanimidad de votos, el Tribunal de Sentencia emitió un fallo, tras casi cuatro meses de juicio oral y de un amplio acompañamiento de miembros de los grupos étnicos Garífunas y Lencas que instalaron, bajo los árboles, tiendas de campaña con colchonetas, fogones de cocina y una manta con la leyenda «Campamento Feminista Viva Berta».
En la imagen, Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, recibe el fallo con agrado, sin embargo, “este es solo un escalón más para que el crimen de mi madre no quede impune. Ahora vamos a seguir luchando para que se lleve a los tribunales de justicia a los autores intelectuales del asesinato, al igual que una lucha para que se deje en paz a las comunidades Lencas y no se siga con el proyecto de la represa”, dijo al CESPAD.
El tribunal de sentencia consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados, fue suficientemente reveladora para esclarecer que Castillo ordenó la muerte de la ambientalista, como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA, sobre el rio Gualcarque, territorio ancestral de Cáceres y del pueblo indígena Lenca.
En marzo del 2016, cuatro sicarios y tres personas que contrataron a los asesinos, fueron sentenciados a 50 y 30 años de cárcel, respectivamente. El crimen generó revuelo a nivel nacional e internacional porque Berta Cáceres luchaba, abiertamente, para evitar que la empresa DESA construyera una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.
Diversos organismos internacionales se han pronunciado sobre la sentencia de Castillo. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Llaman a las autoridades a que en el marco de las obligaciones de debida diligencia, continúen las investigaciones exhaustivas para procesar a quienes hubieran tenido responsabilidad en el crimen, garantizando así el acceso efectivo a la justicia de las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad hondureña en su conjunto”.
