Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
5 de julio, 2021
La coyuntura es compleja; Honduras está de cara a la realización de las elecciones generales. Más de diez partidos políticos se disputan el gane en medio de una asfixiante corrupción, instalada en el país a través de redes que han conspirado para crear el blindaje perfecto para evitar ser alcanzados por la justicia. En medio de ese contexto, ¿es posible que se establezca otra Misión Internacional anticorrupción? y, si es así, ¿cómo podría funcionar?, ¿qué papel haría?
Nadie mejor que Luis Javier Santos, el actual coordinador de la Unidad Fiscal Especial Contra las Redes de Corrupción (UFERCO), para analizar en profundidad el tema.
Abolición de los blindajes a la corrupción
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), operó cuatro años en el país (2016-2019). Y aunque solo orientaba, asesoraba porque no podía iniciar investigaciones penales o participar como demandante, brindaba un apoyo directo a la entonces, Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC).
Durante su vigencia, funcionaron los denominados equipos integrados, sin embargo, desde que la Misión comenzó a desnudar las operaciones de los corruptos a través de las redes, se produjeron diversas reformas y aprobación de nuevas leyes. Desde el Congreso, los diputados establecieron “sus propios equipos integrados” para obstaculizar el trabajo del binomio UFECIC/MACCIH, porque representaban una amenaza para los políticos que por décadas estaban acostumbrados a “hacer fiesta” con los fondos estatales.
Entonces, con esa trama, vigente aún, ¿es viable pensar en una nueva misión internacional?
¡Urge una justicia robusta!
Para Santos, llámese corrupción política, judicial, policial, administrativa, etc., todo pasa por la apremiante necesidad de contar con un sistema de justicia fortalecido, robusto. Pero, ¿qué significa eso?
“Límites a los demás poderes y entes estatales”, dice Santos. Es decir, Honduras debe contar con un Poder Judicial, un Tribunal Superior de Cuentas (TSC), una Procuraduría General de la República (PGR) y un Ministerio Público independientes y que funcionen. “El enfoque de la sociedad civil es contra los tres poderes del Estado, pero realmente “los índices de corrupción se lograrían reducir si hay un sistema de justicia fortalecido”, enfatiza.
Santos, los fiscales de la UFERCO y los representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil que acompañan la lucha contra la corrupción, coinciden en afirmar que es urgente que salgan adelante, y con procesos de investigación serios e imparciales, los casos de corrupción que se encuentran instalados dentro del sistema judicial del país.
Sin embargo, “hay muchos recursos de inconstitucionalidad a los que todavía no se les da respuesta”, lamenta Santos, quien sostiene que “todos esos impases se solucionarían con esa ansiada justicia robusta, porque la corrupción ha llegado a niveles tan altos en el país, que, incluso, personas que antes tenían un discurso en contra de la corrupción, ahora están hablando sin pena, a favor de la corrupción”.
Y es que según el entrevistado, las redes de corrupción han entendido muy bien cuál es el papel que deben “interpretar” para evadir la justicia. “Por eso las redes de corrupción funcionan perfectamente, porque han entendido que deben auto-protegerse. Se protegen a través de reformas o interpretaciones a la ley o a través de resoluciones que realmente no van acorde con lo que establece nuestra normativa”, acota.
Con nuevo enfoque, sí es posible una nueva Misión
No se discute que sea factible una nueva Misión internacional para luchar contra las redes de corrupción, pero desde la visión de los fiscales, esto debe darse con una nueva orientación. “El enfoque debe ir en función de cambiar un sistema que se ha establecido en el país, y fortalecer la administración de justicia”, insiste en decir Santos, quien agrega que hay que plantearse primero si es posible que el Estado o el Gobierno permitan el establecimiento de una Comisión Internacional y, si es así, para qué y qué papel desarrollaría.
Una Misión por ocho años
Para el Coordinador de la UFERCO, urge analizar, en conjunto con la sociedad, las lecciones que dejó la experiencia de la MACCIH. Como primer tema de discusión coloca en la mesa el hecho de que “otra Misión debe abarcar al menos unos dos períodos de gobierno (ocho años), porque solo de esa manera se le podrá dar seguimiento a las investigaciones y los equipos de investigación tendrían mayor espacio para desarrollar su labor”.
Santos considera que es imposible investigar el 100 por ciento de los casos de corrupción, pero que los seleccionados, de manera estratégica, deben ir acompañados de un estudio que determine sus causas y muchos otros aspectos porque “sólo así otra Misión podría proponer reformas para que esos casos no vuelvan a suceder”.
Suspender a los involucrados en casos de corrupción
Decenas de diputados, diputadas, funcionarios públicos y de otros cargos en diversas entidades estatales han formado parte de los personajes en los requerimientos fiscales, las investigaciones y juicios por corrupción. Sin embargo, todos han continuado fungiendo al margen de los casos en los que se les involucra.
Por eso Santos dice que debe considerarse el hecho de que los funcionarios públicos, diputados y otros, involucrados en actos de corrupción, se suspendan de sus cargos. Y es que desde el año 2017, cuando se comenzaron a hacer visibles los nombres de los funcionarios públicos vinculados a redes de corrupción, muchos han continuado con su labor como si nada hubiese pasado dentro del Gobierno.
Judicializar de manera efectiva
Pero esto pasa porque se generen los insumos necesarios para que los casos que llegan a los Tribunales, sean sólidos. Judicializar de manera efectiva y que se logren las sentencias esperadas por todos, sólo así, dijo Santos en el Foro “Ante la extendida corrupción e impunidad en Honduras, ¿es posible otra misión internacional anticorrupción?, que promovió el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), el pasado 3 de junio, “el papel de esa Misión estaría cumplido”.
¿Una misión internacional contra los corruptos en el Triángulo Norte?
Coincidentemente, el día que el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), realizó el foro virtual “Así funciona la corrupción y los pactos de impunidad en Honduras”, se anunció el lanzamiento del primer centro para luchar contra la corrupción y la impunidad en los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador).
La iniciativa de Estados Unidos y que se denomina “El Centro Contra la Corrupción y la Impunidad en el Norte de Centroamérica (CCINOC), busca fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, desde la ciudadanía, la que cataloga como “grandes obstáculos para el desarrollo de la justicia, el respeto a los derechos humanos y la igualdad en la región”.
Pero, ¿es esa iniciativa la solución a la crisis por corrupción que enfrenta el país?
Santos sostiene que cualquier esfuerzo u ofrecimiento que se haga para combatir la corrupción en la región, en particular en Honduras, es urgente e importante. Mientras, la UFERCO, agrega, “seguirá dando la batalla” con los casos que dejó de herencia el binomio UFECIC/MACCIH, ante los Tribunales de justicia del país.
Una nueva Misión, concluye, es factible solo con voluntad gubernamental, de lo contrario el único camino que queda es la presión popular y el apoyo (real) de la Cooperación Internacional para establecer otra Misión Internacional igual, similar o mucho más fortalecida que la MACCIH.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
