Siete indígenas pertenecientes al grupo étnico Nahua, que habitan en el departamento de Olancho, Honduras, fueron acusados del delito de usurpación de tierras por parte de la empresa forestal Murillo Tejada. Sin embargo, las tierras, son los predios donde han vivido junto a su familia, durante mucho tiempo.
Pero a los elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), eso no les importó y el 24 de junio procedieron a detener a José Laureano Escobar Guillen y Elvin Orlando Munguía Solís, dos de los siete acusados. La rápida e irregular captura de los indígenas Nahua acontece después de que los mismos pobladores denunciaran ante el Ministerio Público, los daños ambientales causados por la empresa forestal, de acuerdo con el Bufete de Justicia para los Pueblos (BJP), propiedad del señor Nery Roberto Murillo. Pero, contrario a la rapidez con la que actuó la DPI, a la denuncia de los indígenas nunca se le dio trámite.
Los indígenas también recurrieron al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), entidad ante la cual denunciaron el despojo de sus tierras, daños ambientales, amenazas con arma de fuego, desplazamiento forzado y restricción de la libertad de circulación pero, al igual que con el Ministerio Público, no obtuvieron respuesta. El Instituto de Conservación Forestal (ICF), es otro ente que, pese a la denuncia que hicieron los pobladores sobre el daño ambiental causado en la zona, han continuado extendiendo permisos de explotación forestal a la empresa.
De acuerdo con el equipo legal de los defensores nahuas, en la audiencia de declaración de imputados, Munguía y Escobar fueron dejados en libertad con medidas sustitutivas; sin embargo, a ellos se les ha violentado muchos de sus derechos humanos como ciudadanos, indígenas y defensores de la madre naturaleza. Mientras, la empresa continúa su marcha causando daños ambientales e interponiendo acciones legales en contra de quienes obstaculizan sus planes. Este escenario deja a la luz pública la red de corrupción que impera a favor de los grupos de poder, para quienes la aplicación de justicia si está a la disposición.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), apoyamos la lucha de los defensores y exigimos:
- Al Ministerio Público, realizar una investigación de los hechos que rodean la detención de los indígenas Nahuas y la arbitrariedad con la que estaría actuando la Corporación Murillo Tejada S.R.L de C.V.
- Al Instituto de Conservación Forestal, suspender los permisos de operación otorgados a la empresa forestal hasta que la investigación, en relación con los daños que ocasiona en la zona, se realice y se esclarezca la situación.
- Al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, emprender acciones que salvaguarden la vida y los derechos culturales de los Nahuas.
28 de Junio, 2021, Tegucigalpa M.D.C
