Escrito por: Gustavo Irías, Director Ejecutivo del CESPAD
28 de junio del 2021
El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 representa un punto de quiebre en la historia moderna Honduras, al grado que la crisis del país y de la democracia inaugurada por este acontecimiento, aún está pendiente de resolverse y con el paso de los años se ha agravado.
Como siempre lo ha sostenido el CESPAD[1], la ruptura constitucional del 2009 lo que dejo en claro fue la “crisis de hegemonía de la elite dominante”, es decir, su propia confesión de la pérdida de control sobre los mecanismos que hasta ese momento habían asegurado su dominación, explicada por su fragmentación interna y el desgaste de su narrativa y discurso para mantener y cohesionar ideológicamente al conjunto de la sociedad.
El golpe de Estado significó un doble y contradictorio movimiento. En primer lugar, una ruptura conservadora de la institucionalidad democrática. Y, en segundo lugar, el estallido de la protesta social masiva, políticamente diversa y socialmente incluyente más importante en la historia moderna del país. A pesar de ello, el golpe de Estado no logró revertirse y a partir de las elecciones de noviembre del 2009, Honduras ingresó a un prolongado período de retroceso democrático, de destrucción del Estado de derecho y de infracción sistemática de los derechos humanos.
A doce años del golpe, es importante reflexionar en torno a algunos puntos: qué cambios se han operado en el país en ese lapso de tiempo, cuál ha sido el proyecto de dominación impuesto, cómo se ha reconfigurado la elite y cuáles son las perspectivas de reemplazar el actual régimen autoritario por otro régimen que restablezca la democracia.
El proyecto de dominación impuesto
Una vez consolidado el golpe de Estado y asegurada la reunificación de la élite, tres elementos van a marcar su proyecto de dominación:
- Remilitarización del Estado y la sociedad. Los militares se posicionan nuevamente como el actor central en la gestión pública, rol institucionalizado a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Decreto Legislativo # 239-2011), ente que quedó definido como “el máximo órgano permanente, encargado de rectorar, diseñar, y supervisar las políticas generales en materia de Seguridad, Defensa Nacional e Inteligencia”. Un aspecto central es que la seguridad pública ha sido militarizada por medio de la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que con una periodicidad inicialmente temporal ha terminado copando, de manera permanente, las tareas de seguridad. Más de 9 años de depuración de la policía nacional, a pesar de la separación de su alto mando, ha terminado siendo fallida, en tanto no se ha operado ninguna transformación y continúa siendo una institución subordinada a los militares y con un alto récord en la violación de los derechos humanos. Al respecto, el rol de la PMOP y de la Policía Nacional como infractores del derecho a la protesta, a la vida y en general a los derechos humanos, ha sido ampliamente documentado en la coyuntura del fraude electoral de noviembre del 2017[2].
- La concentración de poderes en el Ejecutivo. Está concentración, en principio, ha operado mediante la llamada Ley para la Optimización de la Administración Pública (Decreto Legislativo # 266-2013), una normativa por la cual el Congreso Nacional renunció a funciones propias delegándolas al Poder Ejecutivo, entre ellas, la potestad de “creación, modificación o suspensión de las Secretarías de Estado o de los Organismos e Entidades Desconcentradas”. Igualmente, la creación de “gabinetes sectoriales” y de “las instancias de conducción estratégica que considere necesarias”. Pero no solo ha sido eso, sino que mediante el control político del Congreso Nacional y del Poder Judicial, los grupos dominantes se han asegurado la reelección presidencial que a pesar de su carácter inconstitucional, fue habilitada por la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), permitiendo la instauración de un régimen autoritario y/o autocracia electoral, con amplios poderes que ha desmontado el Estado de derecho[3] y su lógica de funcionamiento con base en la independencia y contrapeso de los diferentes poderes del Estado.
- La privatización de los bienes públicos y comunes[4]. En esencia, este ha sido el proyecto económico impulsado por la élite dominante en el post golpe, a través del cual se han mantenido las apuestas tradicionales como los agro-negocios, la maquila, los servicios financieros y de comunicaciones. Pero el empuje principal ha estado puesto en la privatización de los bienes públicos y comunes, mediante asocios públicos-privados y el generoso concesionamiento del Estado, de los bienes públicos (infraestructura caminera, puertos, aeropuertos y la energía eléctrica) y de los recursos naturales (los ríos, el mar, la tierra y el bosque). La histórica pauta de acumulación de capital de los grupos de poder ha sido beneficiarse de las políticas del Estado y de su generosa política fiscal (excepción de impuestos y exoneraciones), pero en el post golpe esta relación con el Estado ha sido más que esencial para asegurarse esos beneficios y la fuerza represiva de los militares y la policía en la implementación de la brutal estrategia de acumulación por despojo territorial en comunidades agrarias, indígenas y afro-descendientes. El punto culminante de este proyecto extractivista ha sido la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), repudiada en este momento por diversos sectores sociales del país.
Con base en lo anterior, es posible afirmar que el núcleo central del proyecto golpista ha estado constituido por: la remilitarización del Estado y la sociedad, la concentración de poderes en el Ejecutivo (autocracia electoral), y, privatización de los bienes públicos y comunes. En tal sentido, recuperar y/o instaurar la democracia en Honduras requiere desmontar estos tres ejes que ha implicado graves retrocesos democráticos y sociales, así como una extendida crisis de los derechos humanos.
Sin embargo, el proceso de des-democratización sufrido por Honduras con el golpe de Estado es más grave de lo hasta ahora descrito. Amparados en la crisis de la ruptura constitucional del 2009, los grupos de narcotraficantes escalaron sus acciones de los espacios locales a la institucionalidad pública nacional, controlando segmentos de esta institucionalidad e influyendo, mediante el financiamiento ilícito, en los resultados de las elecciones nacionales y locales.
El aporte histórico de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), consistió en develar la existencia y los mecanismos de operación de redes de corrupción pública-privada que, utilizando fraudulentamente los recursos públicos, han financiado campañas políticas y se han apropiado, individualmente, de fondos para su enriquecimiento personal o uso como fuente de acumulación. Estas evidencias han sido reforzadas por los publicitados juicios de la Corte Sur de Nueva York, en especial contra Tony Hernández, Fredy Nájera y Giovanni Fuentes. Tanto los casos de la MACCIH y los juicios de Nueva York, lo que han revelado es la existencia de un nuevo segmento de la élite dominante que actuando en asocio con sectores de la élite tradicional o en forma independiente, han utilizado la corrupción pública y el narcotráfico como fuente de acumulación[5]. Esto ha abierto nuevas diferencias en el bloque dominante, claramente expresado en el actual alineamiento de las fuerzas electorales. De tal suerte que la crisis de hegemonía, desencadenante del golpe del 2009, de nuevo está abierta, potenciando la conflictividad política, como permanente condena del pasado de los grupos oligárquicos.
Esta nueva élite revestida de poder ha actuado desde el Congreso Nacional, para blindar la acción penal contra los altos funcionarios y funcionarias públicas. La experiencia vivida con los procesos abiertos por la MACCIH los ha llevado a construir un andamiaje jurídico, que no es más que la expresión de pactos de impunidad. Entre estos los más importantes son los siguientes[6]: Decreto 130-2017: Código Penal, Decreto 141-2017: Reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto; Decreto 116-2019: Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, y el Decreto 117-2019 (reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo).
Sin desmontar estos pactos de impunidad, derogando los marcos jurídicos que los sostienen y creando una nueva institucionalidad anti-corrupción, tampoco será posible instaurar plenamente la democracia y la reconstrucción del Estado de derecho.
Nuevas grietas en el bloque dominante y la oportunidad de abrir el espacio a un proyecto nacional-popular
Hoy somos testigos de nuevas grietas en el bloque dominante, motivadas por tres factores. El primero, las diferencias entre algunos sectores empresariales y el grupo con el control del gobierno, por las reglas de competencia desigual, mediadas por la corrupción y el narcotráfico. El segundo, la necesidad de estos sectores empresariales de tomar distancia del Partido Nacional e hilvanar un proyecto propio de recuperación de la crisis actual. Y, el tercero, probablemente con menos fuerza, es lo que tiene que ver con la Ley de las ZEDEs, siempre influida por la percepción empresarial de la obtención de beneficios desiguales.
A lo largo de la historia, las fisuras en el bloque de poder han sido la válvula que abre la protesta e indignación social, esto ocurrió en el 2009. Actualmente, vastos sectores de la sociedad que transcienden ampliamente el histórico movimiento social han levantado sus voces de protestas contra la Ley ZEDE y comienzan a exigir su derogación (gremios sociales y profesionales, gremios empresariales, iglesia católica, medios de comunicación, movimientos sociales y otros). Entre las diferentes iniciativas organizadas resalta el Movimiento Nacional contra las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), con la potencialidad de encabezar la oposición social al actual régimen autoritario. Es de interés resaltar que este agrupamiento de fuerzas sociales no corresponde a los alineamientos de las fuerzas electorales, pero coloca, como pocas veces en la historia del país, en un primer plano la demanda por la soberanía nacional, en un país donde la construcción de la identidad nacional es todavía un proceso en ciernes.
Esto acontece en una realidad marcada por multiplicidad de crisis: la sanitaria, provocada por la pandemia de la COVID-19; la humanitaria, derivada de las inundaciones y sequías; la ambiental, derivada del consecionamiento y despojo de los bienes comunes de comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes; la de violencias contra las mujeres, defensoras y defensoras de los DDHH, comunidad LGTBQ, los privados de libertad, y la población en general; la económica, la social y la política. Todas estas crisis están sustentadas en una matriz histórica de graves fracturas sociales, económicas, territoriales, de género y generacionales, que explican la extendida pobreza, exclusión y desigualdad, una de la más grave de la región latinoamericana.
En esencia, es una crisis del modelo económico neoliberal y de la democracia liberal instalado desde los años noventa. Pero, en particular, del orden establecido a partir del golpe de Estado del 2009. En el horizonte se vislumbra la simultánea movilización social y electoral que podría abrir las condiciones para una salida democrática, nacional y popular, siempre y cuando se tenga la capacidad de levantar un programa de cambio que desmonte los factores que facilitaron el intenso retroceso democrático y el deterioro del Estado de derecho en estos últimos doce años. Pero, en especial, un programa de modelo alternativo incluyente, democrático, popular y soberano.
La situación hondureña es crítica, de no resolverse con la recuperación y transformación de la democracia, de nuevo, como en el 2009, volverán a imponerse las salidas perversas: autoritarismo, fundamentalismos religiosos y reafirmación del patriarcado y racismo.
Referencias
[1] CESPAD. Informe de Análisis Prospectivo. Crisis política en Honduras. Escenarios posibles a diciembre de 2011. Pág 8. Diciembre, 2010. http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2017/06/Primer-Informe-Prospectivo-Politico.pdf
[2] OACNUDH. Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/HN/2017ReportElectionsHRViolations_Honduras_SP.pdf; CCI. Honduras: Monitoreo de violaciones de los derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral. Sf. http://derechosdelamujer.org/wp-content/uploads/2018/02/CCI-Informe-26enero2018.pdf
[3] O´Donnell, Guillermo. “La efectividad del Estado de derecho comporta certeza y rendición de cuentas. La correcta aplicación de la ley es una obligación de la autoridad: se espera que normalmente tomará la misma decisión en situaciones del mismo tipo y, cuando esto no suceda así, que otra autoridad, debidamente capacitada, sancionará a la anterior y reparará los agravios. Esto equivale a decir que el estado de derecho es más que una congerie de normas legales, aun si todas han sido promulgadas debidamente; es un sistema legal, un conjunto de normas con varias características además de su debida promulgación” (La irrenunciabilidad del Estado de Derecho)
[4] Los instrumentos de política donde este proyecto ha sido delineado son varios: Plan de Nación y Visión de País (2010-2013), “El plan de todos por una vida mejor 2014-2018” y “Plan Estratégico de gobierno 2018-2022”.
[5] Un análisis sugerente al respecto, se puede consultar en: https://es.insightcrime.org/investigaciones/un-partido-muchos-crimenes-el-caso-del-partido-nacional-de-honduras/
[6] Cfr. BJP/CESPAD. Los pactos de impunidad para proteger la corrupción en Honduras. http://cespad.org.hn/wp-content/uploads/2021/05/Pacto-de-impunidad-WEB.pdf
