Autor: Eugenio Sosa, investigador del CESPAD
Con la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en enero del 2020, quedó un vacío en la lucha contra la corrupción en el país. Por una parte, el Gobierno argumentó que se instalaría un nuevo Sistema Integral por la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción e Impunidad, integrado por los tres poderes del Estado: la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional (CN), el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entre otros. Según el discurso del Poder Ejecutivo, con esta iniciativa se buscaría abrir espacios de transparencia a la sociedad sobre la gestión pública.
Por otro lado, con la no continuidad de la MACCIH y la desarticulación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), surgió una nueva instancia para el combate a las redes de corrupción en el Ministerio Público (MP): la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (UFERCO), integrada con parte del equipo de la UFECIC, pero con menos personal, logística y recursos; por tanto, con menos capacidades políticas y técnicas.
Algunos sectores aplaudieron la decisión del Ministerio Público por la creación de la UFERCO, pero otros consideraron que carece de la voluntad política y capacidades para dar seguimiento al legado de cuatro años de trabajo que venía realizando la MACCIH-UFECIC. Mientras tanto, para otros sectores, la UFERCO representa una línea delgada de esperanza en la lucha contra la corrupción; es decir, constituye una ventana de oportunidad para fortalecer un sistema institucional debilitado en la lucha contra el flagelo de la corrupción e impunidad.
Desde que el Gobierno designó a Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H) para que realizara las principales compras de hospitales móviles, insumos de bioseguridad y equipo para atender la emergencia por la pandemia, comenzaron a presentarse denuncias por actos de corrupción relacionados con la sobrevaloración en los precios. Es importante destacar que otras instituciones que participaron en el proceso de compras, como el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) y la Secretaría de Salud (SESAL), también salieron implicadas por la sobrevaloración de precios. A estas dos últimas instituciones el Gobierno les asignó menos recursos financieros en comparación a INVEST-H; sin embargo, los actos de corrupción, sean menores o de gran impacto, siempre afectan los derechos humanos del pueblo hondureño.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) comenzó a investigar las irregularidades a raíz de múltiples denuncias de la ciudadanía, en diversos espacios, sobre compras sobrevaloradas en hospitales móviles, mascarillas y ventiladores mecánicos, entre otros insumos. A las investigaciones del CNA se sumaron las auditorias sociales efectuadas a estos procesos de compras por parte la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ). Como muestra del clamor de la ciudadanía, una de las frases más difundidas en las redes sociales y medios de comunicación fue: “¿Dónde está el dinero? Honduras lo exige”, que recorrió todo el país y llegó fuera de las fronteras nacionales.
Tres hechos destacan en la dinámica de la corrupción y la impunidad en el contexto pos-MACCIH y de la COVID-19. Primero, la orden del Poder Judicial de repetir el juicio oral y público de la ex-Primera Dama. Segundo, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que a criterio de diversos sectores viene a ‘blindar” la actuación de los corruptos. Tercero, el sobreseimiento definitivo que dictó una corte de apelaciones del Poder Judicial a 22 de los 26 implicados en el “Caso Pandora”[1] –entre los que figuraban personajes de la política, principalmente diputados que, incluso, actualmente están en funciones en ese poder del Estado–, pero que ninguno de ellos estuvo en prisión. A lo anterior hay que agregar otros casos que presentó la MACCIH y que también están quedando en la impunidad, tales como Red de Diputados, Pacto de Impunidad y el Fraude Sobre el Río Gualcarque.
Lo que se puede rescatar de la lucha contra la corrupción en el contexto pos-MACCIH, es que la UFERCO ha manifestado que continuará con las líneas de investigación y con el legado de la MACCIH-UFECIC. Por su parte, el trabajo de investigación y auditorias sociales de las organizaciones de la sociedad civil ha recobrado fuerza en los últimos meses desde el inicio de la pandemia por COVID-19.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó, en el año 2019, un informe sobre “Corrupción y Derechos Humanos”, en la cual destaca como los impactos más significativos de la corrupción a los siguientes[2]:
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- Afecta la institucionalidad estatal en la administración de justicia.
- En el sistema electoral, con consecuencias negativas para el ejercicio de derechos políticos.
- Concentración del poder.
- Ausencia de control en la gestión pública.
- Impunidad
- Tolerancia a la corrupción (un elemento cultural).
- Transversalización de la corrupción en actos cotidianos junto a estructuras de corrupción sistémica o macro-corrupción, con niveles de complejidad o formas de captura del Estado, cooptación de estructuras estatales e incluso desviación institucional con fines delictivos.
La Comisión también destaca que:
La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana .[…] la corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.
La corrupción en Honduras tiene carácter sistémico, y la lucha por enfrentarla es compleja y difícil debido a la captura del Estado por parte de redes de corrupción e impunidad. Mientras tanto, producto de las consecuencias de la corrupción, la ciudadanía sufre violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tales como: derecho a la salud, derecho a la educación, acceso a la justicia, acceso a la información e, incluso, derecho a la vida.
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[1] Ver. https://cespad.org.hn/tag/caso-pandora/
[2] CIDH, Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos, (diciembre 2019): 37, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
