Escrito por: Eugenio Sosa, sociólogo e investigador del CESPAD
Con el llamado “fin de la Guerra Fría” y el colapso del socialismo real, en la región de América Latina se empezó a discutir acerca del nuevo papel de los militares y las nuevas amenazas en el contexto de la democracia. Entre estas nuevas amenazas se han incluido al terrorismo, al crimen organizado y los desastres provocados por el cambio climático. Por ello, se sugiere que los militares participen activamente en el combate de este tipo de amenazas. El problema es que a partir de estas amenazas los militares han terminado, de nuevo, invadiendo los escenarios políticos nacionales.
El intenso proceso de militarización en Honduras se inscribe en un contexto latinoamericano, en el cual los militares se han erigido nuevamente como un factor clave de poder y, dependiendo de sus decisiones, han mantenido o derrocado gobiernos civiles, siempre conservando las formalidades de la democracia. Asimismo, se registra la tendencia al ejercicio de un mayor autoritarismo de gobiernos de derecha, surgidos de procesos electorales, y posicionamientos de actores individuales e institucionales de las Fuerzas Armadas, con discursos amenazantes hacia democracias emergentes. El nuevo protagonismo de los militares en América Latina es uno de los peligros a las democracias en la región.
En este rol relevante de los militares en la política de la región, también continúan siendo un factor clave en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Este país redefinió las llamadas “amenazas globales”, en las que destaca el papel relevante de la estrategia para los países del norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). En esta redefinición, sobresale como un nuevo elemento la promoción de las relaciones de los gobiernos centroamericanos y especialmente el hondureño con el gobierno de Israel, tanto en el reconocimiento de Jerusalén como su capital, pero también como un proveedor de armamento militar y de seguridad. Desde otra perspectiva, los países del norte de Centroamérica, parecido a los años ochenta, juegan un papel geoestratégico clave para la política de seguridad de los Estados Unidos.
A partir del golpe de Estado del 2009, los militares hondureños han vuelto a presentarse como los garantes de la democracia, asumiendo un rol que está contenido en la Constitución de la República. Tan fuerte es su presencia, que en un contexto marcado por la violencia e inseguridad común, la generada por las maras/pandillas y el narcotráfico, las Fuerzas Armadas han pasado a desempeñar las funciones de la seguridad pública. En parte, esto está justificado por la desnaturalización de la policía nacional al ser parte confesa de las redes de corrupción y del crimen organizado, una situación que ha forzado al desarrollo de un largo proceso de depuración policial que no tiene fin. La Policía Militar de Orden Público (PMOP) y los TIGRES (unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad), fuerzas esencialmente militares, han pasado a desempeñar funciones de seguridad tan diversas como el patrullaje de calles y carreteras; la represión de manifestaciones públicas; el resguardo de instalaciones de empresas mineras e hidroeléctricas en conflicto con comunidades rurales; la captura de delincuentes de diversos tipos e incluso, la protección de funcionarios públicos. A lo anterior hay que agregar la participación activa de los militares enfrentando las protestas, actuando con el excesivo uso de la fuerza y disparando directamente a los manifestantes, algo que ha llevado a que decenas de ciudadanos hayan perdido la vida en los últimos años.
Este estudio está orientado por el objetivo general de: analizar los factores geopolíticos de la militarización de la seguridad pública, aportando nuevos conocimientos y evidencias para el debate y la incidencia ciudadana por la recuperación y transformación de la democracia. Mientras que los objetivos específicos han girado en torno a: 1. Identificar y analizar los factores geopolíticos claves del proceso de militarización de la seguridad pública en la región latinoamericana y sus implicaciones en la democracia. 2. Describir y analizar el actual proceso de militarización de la seguridad pública y sus consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos y las libertades democráticas.
Las preguntas centrales del estudio son: 1) ¿Cuáles son los cambios en la estrategia de seguridad de los Estados Unidos y sus implicaciones en los países del norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), 2. ¿Cuál es el balance de logros y riesgos de la militarización de la seguridad pública en América Latina?, y 3) ¿Cuáles son los efectos y riesgos de la militarización de la seguridad en la democracia en la región? Las interrogantes anteriores son relevantes en un contexto signado por la infracción de derechos humanos y el consiguiente efecto, expresado en el miedo individual y colectivo que bloquea las aspiraciones de la sociedad hondureña por recuperar y transformar el Estado, con una democracia incluyente y participativa.
