Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
La noticia no tomó por sorpresa al pueblo hondureño porque era algo que ya se veía venir. Y así, el viernes 27 de enero del 2020, el gobierno de Juan Orlando Hernández anunciaba que no habría más renovación ni convenio nuevo para la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH). Pero tras bastidores, ¿qué fue lo que molestó a los altos funcionarios del gobierno Hernández?
¡Simple, porque se le puso rostro a la corrupción, se cumplió un rol importante de identificar y develar las modalidades de corrupción que existen en Honduras!, responde, antes de ahondar en el tema, Ana María Calderón Boy, la ex Vocera de la Misión, quien abandonó Honduras luego del descalabro de la MACCIH.
Calderón Boy, quien había estado ausente de la lupa de los medios de comunicación hondureños, reapareció el pasado 14 de mayo en el foro que desarrolló el CESPAD, intitulado: Así funciona la corrupción y los pactos de impunidad en Honduras”, en el que también participó Edy Tábora, miembro del Bufete de Justicia para los Pueblos, y Eugenio Sosa, sociólogo y miembro del equipo de investigadores del CESPAD.
Esta mujer, de origen peruano, se refirió a cosas muy internas e importantes, relacionadas con el funcionamiento de la MACCIH, pero también sobre la incomodidad que significó el trabajo de la Misión para las redes de corrupción en este país centroamericano.
Un modelo de investigación que incomodó
De acuerdo con Calderón, el modelo de investigación de los equipos integrados y la persecución penal que implementó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), junto con la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC)”, eran algo como “una piedra en el zapato” para las elites corruptas que poco a poco iban apareciendo en las redes de corrupción, con nombre y apellido.
“Eso incomodó a los altos funcionarios del Gobierno de Honduras, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y del Congreso Nacional, quienes concertaron diversas estrategias para dificultar las actuaciones de la MACCIH y, finalmente, terminaron con la no renovación del Convenio, reveló Calderón Boy, en el foro virtual.
No querían que se apoyara el MP
Desde finales del 2018, las conversaciones, las negociaciones y las dudas giraron en torno a si se renovaba o no, el convenio de la MACCIH. Y según Ana María, en esas conversaciones hubo una condición que quiso imponer el gobierno de Honduras: que no se continuara brindando apoyo al Ministerio Público, a través de los equipos integrados y a través del binomio UFECIC/MACCIH.
“Esa fue una condición que la OEA no aceptó, porque este era un componente muy importante de la colaboración internacional que se estaba brindando y que se terminó por quebrantar, justamente porque los voceros del Gobierno no aceptaron que siguiera la UFECIC”, agregó.
Se desbaratan equipos integrados que investigaban 14 casos de corrupción
Como era de esperarse, los equipos integrados y de persecución penal se desbarataron. Las acciones que permitían asesorar técnicamente, supervisar, evaluar y colaborar activamente, junto a un grupo de jueces que conocían al dedillo las causas de la corrupción, fiscales, investigadores y especialistas forenses del Ministerio Público seleccionados y certificados por la MACCIH, representaron una amenaza. “Porque fueron quienes recabaron la información, investigaron y persiguieron los 14 casos de corrupción que en cuatro años dejó la UFECIC/MACCIH”, afirma la entrevistada.
En esos cuatro años, la labor que desempeñó la Misión fortaleció las debilidades institucionales del Ministerio Público y le permitió judicializar los casos emblemáticos que presentó y que dejó en investigación. Se trata, dice Calderón, de un poco más de 50 casos que aún están en proceso, esperando destrabar la serie de obstáculos que con reformas y leyes aprobó el Congreso Nacional, para blindarse.
¿Por qué fue posible judicializar los 14 casos que dejó la UFECIC/MACCIH?
Según explicó Calderón Boy, fue porque la selección de casos estuvo siempre en manos de los expertos de la MACCIH y “no se hacía una selección a la carta”. Tampoco se buscó solo involucrar en las acusaciones a miembros de un determinado partido político. Se hizo una selección técnica de los casos que demostraron cómo operaron las redes de corrupción.
A esto se suma el apoyo que se dio a la UFECIC, a través de la modalidad de los equipos integrados. Esto permitió que día a día los expertos de la MACCIH, junto con los Fiscales y analistas de UFECIC, intercambiaran experiencias y aportaran estrategias en los casos que documentaron. “Esta investigación penal integrada tenía autorización para participar en diferentes diligencias internas y externas; fue tan exitoso que se empezó a hablar del binomio UFECIC/MACCIH”, acotó.
Una UFERCO debilitada
Tras la desaparición, en enero del 2020, de la UFECIC/MACCIH, se creó la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Unidad que quedó al frente de Luis Javier Santos, brindando seguimiento a los casos judicializados e investigando las líneas que dejó la MACCIH. Sin embargo, la serie de trabas que el Congreso Nacional aprobó, a través de leyes nuevas y reforma de otras, han limitado sus actuaciones.
Pero, pese a todos los obstáculos, la ex vocera de la MACCIH asegura que la UFERCO tiene tanta capacidad, como tienen las otras fiscalías del Ministerio Público para hacer investigaciones. Pero, “la estructura del Ministerio Público, así como actualmente se encuentra, genera debilidad y poca autonomía de los fiscales”, dice, y es que lamentablemente la UFERCO no trabaja directamente con la Fiscalía General como lo hizo la UFECIC/MACCIH, que era uno de los aportes que se tuvo cuando la Misión operó en el país.
“Ahora se sigue la estructura del Ministerio Público y cuando un Fiscal termina una investigación, tiene que solicitar la supervisión de la Dirección de Fiscales, que al final es el que determina si la investigación prosigue su curso para presentar o no un requerimiento fiscal. No solo se trata de personas, sino también de estructuras de la institución”, cuestiona la ex vocera de la MACCIH.
¿Qué sigue?
Calderón reflexiona que si la justicia responde adecuadamente a los casos que tiene en sus manos el Ministerio Público, será un paso importante en la lucha contra los corruptos. Y es que para esta mujer es clave que se actúe con total transparencia, que se responda conforme a ley, que no se retrase, archive o engaveten los casos que se presentan, una práctica notoria que se implementa desde el 2018 en el Poder Judicial hondureño.
La respuesta nacional es clave, afirma. Se necesita un verdadero compromiso del Estado y de sus instituciones en la lucha contra la corrupción. Mientras tanto, nos seguiremos preguntando ¿hay políticas verdaderas dirigidas a la prevención y combate a la corrupción en Honduras?
Transparencia Internacional, en el índice de percepción contra la corrupción del 2020, para Honduras fue devastador. Registró la puntuación más baja en los últimos ocho años, y pese a ese resultado, los resultados no fueron tomados en serio por la clase política. “Lo que salieron a decir fue que es una percepción y que las percepciones son subjetivas y no es así”, lamenta Calderón Boy.
Tras esa caída en el índice de Transparencia Internacional en la percepción de la corrupción, algo que molesta a la ex vocera de la MACCIH, es que se desacredite lo que hizo ese organismo en su paso por Honduras. “Un Ministro de la Presidencia dijo que la Misión era culpable de esa percepción. Que la MACCIH tenía cuatro años y se suponía que uno de los beneficios era mejorar la percepción y no lo logramos. Es lamentable”, dijo la exfuncionaria.
Calderón afirma que tanto los ex integrantes de la MACCIH como los representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil que realizan la veeduría contra la corrupción en el país, saben que si no hay un compromiso real para luchar contra las redes de corrupción y solamente se firman convenios, se continuará boicoteando a las propias instituciones estatales que hacen esa lucha. “No hay una intención real de desbaratar esas redes”, cuestiona.
Desde la comunidad internacional surgen acciones para apoyar la corrupción en Honduras, específicamente Estados Unidos, que sanciona internacionalmente a las personas vinculadas a la mega corrupción en el país. Pero debe ser acompañado de la participación ciudadana, denunciando actos de corrupción. También se necesita un Ministerio Público fuerte, que haga suya esa denuncia y que después de una investigación la lleve al Poder Judicial, concluyó.
