Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
En silencio y ubicados en las afueras de las oficinas de las diferentes Fiscalías de Honduras, los empleados del Ministerio Público han realizado plantones durante toda la semana. Buscan llamar la atención del Fiscal General y el pago del salario es la petición que aflora como aspecto superficial de una protesta que tiene como fondo, una crisis de larga data en un Ministerio público que desde hace mucho tiempo no apoya a su propias fiscalías, entre estas la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), la Unidad que lleva casos de corrupción de alto impacto.
En el 2020, el Congreso Nacional (CN) aprobó 134.4 millones de lempiras como incremento presupuestario para el Ministerio Público. Estos recursos servirían para contratar 100 nuevos fiscales, 100 miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y 50 detectives para la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). En total, el presupuesto anual ascendió a 2,239.4 millones de lempiras, un 1.4% del Presupuesto General, pero hasta ahora no se sabe si se contrató o no, más personal. Pero, precisamente, las denuncias que realizan los mismos agentes y fiscales es la falta de personal; muchos han renunciado por la falta de una mejora salarial y logístico.
En los últimos años, la Dirección de Fiscalías es la que tiene el mayor peso del presupuesto, con un 50% asignado. Pero hay quejas, sobre todo por el mecanismo de reclutamiento de personal del Ministerio Público, la mayoría seleccionado en concursos públicos. Los Fiscales han denunciado que no han sido procesos objetivos y transparentes y dicen que el Ministerio Público debe no sólo contar con un presupuesto constitucional, “sino una mejor distribución de recursos por sus programas. La planificación presupuestaria es cada vez más débil”.
Los recursos financieros en el Ministerio Público siguen siendo insuficientes no solo en el tema salarial, también repercuten en la respuesta que deben darle a la ciudadanía. Los desembolsos desde la Secretaría de Finanzas pasaron de cuotas trimestrales anticipadas a cuotas parciales mensuales, generando serios atrasos en la operación institucional. Desde el año 2010, el presupuesto asignado ha tenido una leve mejoría, pasando del 1.1% del Presupuesto General a un 1.4%, para el 2020.
Aunque el tema ha estado invisibilizado en la agenda de la prensa hondureña, desde el 24 de mayo del 2020, la hora del almuerzo de las y los fiscales ha estado destinada para la protesta. Los empleados del Ministerio Público se ubican en las afueras de cada oficina del país, desde donde lanzan su consigna: “Ministerio Público Unido por la defensa de nuestro aumento salarial”. En 40 minutos le recuerdan a la población que desde el 2019, los empleados no tienen aumentos. De hecho, el Fiscal Adjunto del MP, Daniel Sibrián, ha dicho “El reclamo es justo, pero no hay dinero”. Mientras, los empleados dicen que no desmayarán en su lucha.
El fortalecimiento de las diferentes agencias de investigación, Medicina Forense y Fiscalías es clave, incluyendo entre estas la UFERCO, la Unidad Fiscal que tiene en su haber casos de corrupción de alto impacto, en los que se involucra a ex funcionarios, funcionarios y diputados de Honduras. De acuerdo con la ley, el Ministerio Público debería contar con el tres por ciento del Presupuesto General de la República; la cifra se vuelve raquítica frente a la necesidad de contratar más personal, adquirir equipo técnico-científico, la certificación de personal y, además, la obligación de hacer los reajustes salariales de acuerdo con lo establecido en la ley para los servidores de la institución. El seguimiento a la lucha anticorrupción, atacar el delito común, mejorar los procesos administrativos y fortalecer las fiscalías, son los aspectos que se deben mejorar.
