Por CESPAD
¿La depuración policial en Honduras ha implicado un esfuerzo estatal por construir una Policía Nacional confiable, eficiente y transparente o es parte del proyecto de militarización de la seguridad pública?, ¿Cuáles han sido los logros y obstáculos principales de la depuración policial en Honduras?, ¿Cuál es el contexto y las implicaciones de la militarización en el país?
En el Foro del CESPAD, “En Contexto de Militarización: ¿ha sido efectiva la depuración policial en Honduras?, los sociólogos Eugenio Sosa y Mirna Flores, analizaron el tema de la militarización en Honduras y sí ha funcionado o no la depuración policial que se comenzó en la última década.
Según los analistas, es evidente que a partir del golpe de Estado en el 2009, los militares han vuelto a presentarse como los garantes de la democracia. Es decir, las Fuerzas Armadas han pasado a desempeñar las funciones de la seguridad pública. Incluso, ese escenario se justifica por la desnaturalización de la Policía Nacional la que, al ser parte confesa de las redes de corrupción y del crimen organizado, ha estado involucrada en un largo proceso de depuración policial que no tiene fin, mientras otras estructuras, esencialmente militares, como la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y los TIGRES (Unidad de Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad), han cobrado fuerza desempeñando funciones de seguridad.
La política de la seguridad de los Estados Unidos y la militarización en América Latina en el contexto de la democracia
En su condición de sociólogo y miembro del equipo de investigadores del CESPAD, Eugenio Sosa realizó un documento intitulado “La política de la seguridad de los Estados Unidos y la militarización en América Latina en el contexto de la democracia”, en el que analiza la participación activa de los militares en diversos ámbitos de los países latinoamericanos, incluyendo Honduras, impulsada por la tradición autoritaria de la región, las crisis de las democracias, los problemas de la violencia e inseguridad que viven las sociedades latinoamericanas y las políticas de geo-seguridad de Estados Unidos para la región.
En varios países de América Latina los procesos de transición democrática y de democratización, no lograron terminar con los enclaves autoritarios militares que persisten todavía. De esta manera, las democracias latinoamericanas han crecido a la sombra de las tentaciones autoritarias, militaristas y dictatoriales. En este sentido, las democracias latinoamericanas en su mayoría son democracias en permanente crisis, con procesos de democratización y des-democratización. La militarización o remilitarización, es parte de los procesos de des-democratización.
Según Sosa, producto de la crisis de las democracias, existe una ruptura profunda entre las demandas y aspiraciones ciudadanas con el funcionamiento de los partidos y el Estado. Lo que ha llevado a grandes niveles de desconfianza de la institucionalidad estatal. Asimismo, estas democracias con crisis de legitimidad, constantemente son impugnadas por movimientos ciudadanos, movimientos sociales, rebeliones y estallidos sociales. Producto de lo anterior, los gobiernos para garantizar el orden y la estabilidad recurren de manera sistemática a las Fuerzas Armadas.
Otro de los aspectos que destacó en su análisis, es el hecho de que en la mayoría de los gobiernos prevalece un enfoque represivo para enfrentar los problemas, algo que conduce a que involucren a los militares en las tareas de seguridad. Sin embargo, los militares aún no han logrado ser tan efectivos en el combate a la delincuencia y criminalidad y más bien su papel ha desembocado en graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.
No menos preocupante es que el amplio involucramiento de los militares en diferentes asuntos nacionales, ha ocasionado que los gobiernos les confieran enormes cantidades de recursos, elevando el presupuesto militar, en detrimento o estancamiento de los presupuestos destinados, a la comunidad como son la salud y la educación.
Sosa también cuestiona a los Estados Unidos, país que a través de sus políticas de seguridad en la región de América Latina, ha sido un factor que promueve la militarización. Iniciativas como CARSI y Alianza para la Prosperidad, en los países del norte de Centroamérica, el Plan Colombia en Colombia y el Plan Mérida para México, han potenciado e impulsado la militarización en los países donde han sido ejecutadas.
En suma, las consecuencias de la militarización han sido nefastas para la ciudadanía. Ha significado graves violaciones a los derechos humanos, desarrollo de un enfoque militarista y represivo en el tema de seguridad y en general, constituye una amenaza para la democracia
¿Fracaso o éxito? A 9 años, un análisis de la depuración policial en Hondura
Mirna Flores también es socióloga, y participó en el foro en el que hizo un análisis, sobre la base del documento que elaboró para el CESPAD, intitulado: ¿Fracaso o éxito? A 9 años, un análisis de la depuración policial en Honduras. Flores analizó el tema, comenzando por la percepción de la ciudadanía sobre los altos niveles de corrupción que siguen permeando a las fuerzas de seguridad en el país, los que son sumamente elevados. Y es que son casi tres décadas en los que se han emprendido distintas iniciativas de reforma y depuración policial, con cinco años sostenidos en el tiempo de llevar a cabo un proceso de depuración liderado por una Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, creada para tal efecto en 2016.
Flores dice que las distintas iniciativas de transformación de la policía nacional que se producen después del conflicto regional centroamericano, en el caso de Honduras, tienen como elemento en común la demanda ciudadana de impulsar cambios institucionales ante los escándalos de corrupción y ante las denuncias de vínculos de las cúpulas policiales y los mandos intermedios en actividades de narcotráfico y criminalidad organizada.
Sin embargo, agregó que los diferentes esfuerzos de depurar a la Policía Nacional y la alta percepción de corrupción son un problema que debe ser objeto de análisis, sobre todo después de una depuración que ha sido abanderada como exitosa por el gobierno y organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), y declarada como una experiencia sin precedentes en la Región Latinoamericana por el centro Wilson Center.
Persisten dudas sobre la depuración
Sobre el proceso de depuración liderado por la Comisión de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, Flores habló de las dudas que se ciernen sobre la profundidad de la depuración, debido a los altos niveles de impunidad policial y ante una policía que no logra concitar empatía por la falta de efectividad o por los abusos policiales cometidos ante la ciudadanía.
La expositora ahondó en que una de las críticas más fuertes que se hace a los resultados de este proceso de depuración es la impunidad en que se mantienen policías y ex policías supuestamente involucrados en acciones ilícitas. La falta de investigación y judicialización de los casos que involucran a policías en acciones delictivas, incide en una alta percepción de impunidad policial y en la apreciación de la poca efectividad de la Comisión Depuradora.
Desde la perspectiva de la construcción de una policía democrática, es importante concretar la desmilitarización de la seguridad pública y de la policía nacional y avanzar en la reforma policial que permita constituir una policía que actúe en el marco del Estado de Derecho y con apego al respeto de los Derechos Humanos, que use mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía. La socióloga sostuvo que se debe avanzar en el establecimiento de mecanismos de monitoreo, control, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad policial con la observancia y participación de la ciudadanía, es una tarea ineludible.
A juicio de la analista, para transformar la policía nacional no basta con un proceso prolongado de depuración policial, se necesita de reformas profundas y de una verdadera voluntad política. Uno de los grandes retos, dijo, es avanzar hacia una verdadera reforma policial que permita la constitución de una policía democrática, civilista, apegada al respeto de los derechos humanos, un proceso que rebasa al actual gobierno que ha asumido cada vez más un perfil autoritario.
Avanzar en la reforma policial sigue siendo un reto y una tarea pendiente. De cara al proceso electoral 2021, el tema requiere ser reinstalado en la agenda de los partidos políticos y de las propuestas de la sociedad civil y las organizaciones sociales. Las iniciativas de cambio deben ser profundas, tocar los problemas estructurales de la policía, yendo más allá de los intereses particulares de un gobierno, concluyó.
