Han pasado casi tres años y los acuerdos de colaboración que pactó Fernando Suárez y el Ministerio Público no se cumplieron. Suárez es el principal testigo que develó los hechos que dieron vida al caso de corrupción Pandora. Sin embargo, el acuerdo de colaboración quedó en papel y de nada le valió revelar cómo se conformó la estructura que desvió más de casi 12 millones de dólares de los fondos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), hacia la campaña electoral del Partido Nacional en el año 2013, que llevó a la Presidencia de Honduras a Juan Orlando Hernández.
El testigo estrella
A Fernando Suárez se le llamó “colaborador eficaz”. Fue uno de los cerebros financieros de una estructura criminal y aunque se mantuvo prófugo durante algún tiempo, decidió contar cómo se armó el saqueo de fondos del Estado, particularmente desde la SAG y a través de dos estructuras: la Organizaciones No Gubernamentales Todos Somos Honduras y la Fundación Dibattista.
Pero, pese a su colaboración, Suárez asegura que no ha recibido los beneficios acordados por “desmadejar” una trama que se consumó para que 282 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares) destinados a proyectos para mujeres y jóvenes agricultores se ejecutaran en zonas postergadas de Honduras. Al contrario, ese dinero terminó despilfarrado en las manos de coordinadores de campaña del Partido Nacional y Liberal; diputados y otros funcionarios y ex funcionarios públicos. “Desde el 4 agosto del 2018, conversamos; concretamos la oferta y se firmó un acuerdo de colaboración, así se nombró ese acuerdo”, dice el abogado Omar Menjívar, apoderado legal de Suárez.
Piden procedimiento abreviado para Suárez
El 27 de abril del 2021, los defensores legales de Suárez presentaron un escrito a la Dirección de Fiscalías solicitando una resolución urgente, congruente con el estatus de testigo protegido y colaborador eficaz con el que pactó su entrega. Piden que se resuelva la situación jurídica procesal de Suárez, de acuerdo con la petición formulada por la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), en el memorándum 0597-2021, que fue recibido en la Dirección General de Fiscalía, el 3 de marzo del 2021 y del que aún no hay respuestas.
Están pidiendo un procedimiento abreviado que fue presentado desde que se anunció la entrega voluntaria de Suárez. “Desde que se formalizó el acuerdo, que siguieron las conversaciones entre la defensa y Fiscalía lo pedimos. Fue así que se permitió la entrega voluntaria de Fernando el 23 de noviembre del 2018”, refiere Menjívar.
Cuatro meses después del pacto de entrega de Suárez inició el programa de protección de testigos pero, en este caso, dice su abogado, se incumplió totalmente. “Es un descrédito del Ministerio Público. Fernando era una persona con conocimiento, participó en una estructura criminal, conocía los delitos cometidos en esa red. Y que colabore con la Fiscalía e identifique a los autores y responsables fue un acto importante. Lo hizo confiando que el Ministerio Público le iba a cumplir, pero no le dio el trato acordado”, lamenta.
Los escritos presentados tanto ante la Dirección de Fiscalías, como ante el propio Fiscal General no han tenido eco. No hay respuestas tampoco en la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO); están atados porque cualquier resolución pende de la figura del Fiscal General, Óscar Chinchilla, quien hasta el momento no ordena la ejecución de los acuerdos para ejecutar el trato pactado para Suárez. “No pedimos nada fuera de la ley. El Ministerio Público no cumplió. ¿Cuál es entonces la finalidad de una ley de colaboración eficaz? Si es está, no habrá nadie dispuesto a negociar con la fiscalía porque se ensaña con el propio colaborador”, cuestionó Menjívar.
Lo más lamentable para los defensores de Suárez, es que con toda la documentación y la información aportada sigue “estancado” en su propio proceso judicial, mientras el resto de la organización criminal implicada en el caso Pandora, salió impune, sin castigo. A 22 de los acusados se les decretó sobreseimiento definitivo. “Esto es como meterse a un sacrificio y uno ve que no abona a los propósitos de la justicia ni al interés de la persona que es colaboradora”.
Lo que ha privado en este ejemplo de colaborador eficaz, es la falta de profesionalismo de las autoridades del Ministerio Público, porque según Omar Menjívar, se pone en el centro del cuestionamiento la ética. “Esto abona el descrédito, a la desconfianza en una institución que debe ser fortalecida y creíble”.
La Fiscalía, a través de su vocero Yuri Mora, asegura que se resolverá en el momento procesal que corresponda porque “no depende exclusivamente del Ministerio Público, sino también de la Corte Suprema de Justicia, que es la que pone los tiempos”.
Desde que Fernando Suárez se presentó físicamente ante las autoridades, inició un largo proceso. Fue una declaración que empezó a las 6:30 am, y terminó a las 11 pm. En todo ese proceso lo único que se obtuvo fue una resolución del Fiscal General, que decide acogerlo y darle protección a él y su familia, y autoriza que después de analizar la información, se analicen qué beneficios se le aplicarán, de acuerdo con la ley. “Nada se ha pedido fuera de la ley. Se pide sentencia y no la dan. El proceso ha seguido el curso normal, los fiscales se presentan a las audiencias como si no hubieran acuerdos y van con todo, acusando y aumentando delitos”, agrega Menjívar.
Le han aumentado los delitos
Los abogados de Suárez dicen que lejos de aplicársele el acuerdo de colaboración, en estos más de dos años se le han imputado más delitos y la Corte de Apelación, incluso, lo dejó por abuso de autoridad, un delito por el que nunca fue acusado. También se le amplió la acusación por el delito de asociación ilícita. “Dejaron intacto lo que resolvieron para Jacobo Regalado y se lo aplicaron. Esto es una ligereza con la que trabaja la justicia hondureña”, critica su defensor.
Por ahora solo hay dos cosas que pueden ocurrir en el caso de Fernando Suárez: “o resuelven lo que pedimos en términos de ley o siguen las cosas como están. Lo más seguro es que irá a juicio y lo condenarán sin beneficios”, dice Menjívar.
Fernando José Suárez Ramírez fue acusado por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la Administración Pública y Fe Pública.
