Por Xiomara Orellana, periodista del CESPAD
26 de abril, 2020
Sin auditores y con menos fiscales e investigadores continúa funcionando la Unidad Fiscal Especial Contra las Redes de Corrupción (UFERCO). Y aunque se trata de la Unidad Fiscal que le sigue la pista a varios casos de investigación financiera, que involucra miles de millones de lempiras en casos de corrupción de la administración de Porfirio Lobo y las dos de Juan Orlando Hernández, no avanzan, porque no hay apoyo de la Fiscalía General de Honduras.
Las limitaciones de recurso humano tienen a la deriva al personal de la UFERCO, y lejos de recibirse el apoyo requerido por parte de la Fiscalía General, su trabajo se debilita diariamente. Cinco auditores trabajan actualmente, pero no se dan abasto con los casos que en la actualidad siguen sus procesos ante los Tribunales de Justicia del país.
El equipo del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), tuvo acceso al testimonio de varios investigadores que afirman que las trabas que tienen para concretar la investigación de los casos que dejó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC), con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), limitan la investigación financiera de al menos 60 investigaciones de alto impacto. Se trata de investigaciones de tres administraciones de gobierno, en los que se involucran miles de millones de lempiras que están, literalmente, detenidas.
“Esto nos frustra, da impotencia, porque actualmente sólo son cuatro o cinco auditores los que están con los casos judicializados y no pueden llevar los nuevos casos que, de investigarse, serían un tremendo golpe a la corrupción”, narró un investigador, quien por temor a represalias nos pidió obviar su nombre.
En su relato aseguró que otro de los problemas que enfrentan es que debido a la pandemia, la información de alto nivel con que cuentan no puede salir de las oficinas, para que en sus lugares de residencia, los pocos auditores que tiene la UFERCO, la analicen. No sólo es debido a que es información clasificada, también porque tenerla fuera de las oficinas expondría al personal que la investiga y esto obstaculiza el avance de las nuevas investigaciones, cuyos documentos se tienen, pero “no han pasado el análisis financiero para delimitar el impacto de cada uno de los fondos sustraídos del erario nacional y que han terminado en los bolsillos de particulares”, explica el entrevistado.
Otro de los investigadores explicó que cada una de las limitantes que enfrenta la UFERCO ha sido planteada al Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla Banegas, pero la respuesta ha sido el silencio. No reciben apoyo para contratar el personal calificado que dé continuidad a la serie de casos que tiene en puerta esa unidad.
“Los auditores son clave. Son la columna vertebral para dar paso a estas nuevas investigaciones. Además, se ocupa de más investigadores; hay voluntad en todo el personal de la UFERCO para seguir el legado dejado por la UFECIC/MACCIH, pero estamos sin apoyo, en abandono total”, dijo el investigador.
Este personal enfrenta el “día a día”, sin el acompañamiento de más recurso humano que agilice las investigaciones dejadas por la UFECIC/MACCIH. “Se requiere voluntad, pero no la hay. Son miles de millones de lempiras los que aparecen derrochados en esas líneas de investigación que no avanzan. Son casos que surgen de lo investigado por la MACCIH, que abarcan a la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa y las de Juan Orlando Hernández, pero van camino a la impunidad”, lamentó el investigador.
De lo que sí está seguro el personal es que el delito existe. El modus operandi con el que se configuró el saqueo en varias dependencias del Estado ha quedado al descubierto, pero faltan los informes financieros para concretar los requerimientos fiscales de cada línea de investigación. “Que hubo robo es claro, la prueba está, pero no hay auditores”, dijo frustrado el investigador.
Otras limitantes
Tras dos años en el cargo, el Subjefe de la Unidad fue removido. Fue enviado como Jefe de la Fiscalía que opera al amparo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), para trabajar los casos que documenta la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional (FUSINA). Este tipo de acciones también golpea a la UFECIC, porque era un fiscal capacitado y formado en el campo de la investigación de la corrupción. Para los consultados, eso evidencia que desde los mandos superiores lo que menos se prioriza es fortalecer a la UFERCO.
Pese a todos los obstáculos y limitaciones, el personal que queda asegura que está convencido que continuará, con los pocos recursos, luchando contra el gran monstruo de la corrupción.
Uno de los investigadores abordados insistió en que otra necesidad importante para fortalecer el trabajo de la UFERCO es que se entreguen los vehículos (dos carros blindados, un busito y seis vehículos más que dejó la Organización de Estados Americanos –OEA-, a la Unidad), y que están en poder del Ministerio Público. “Nos han dicho que se están haciendo trámites de excepción, no sé qué es eso, pero dicen que es para asegurarlos”, refiere.
Estos son vehículos equipados que ayudarán en el trabajo para fiscales, investigadores y auditores en la UFERCO, pero que están en el parqueo del Ministerio Público deteriorándose, porque no se le da la agilidad debida para que entren en funcionamiento en esta Fiscalía que persigue a los corruptos. “Solo pedimos que tengan voluntad, que entreguen las herramientas que dejó la MACCIH”, terminó diciendo el investigador.
Esta es la realidad de la UFERCO. Son miles de millones de lempiras en juego. Hay deseos de continuar el trabajo pero el escaso personal de esta Unidad se encuentra cercado. Es hora, dicen, que los ojos del Fiscal General echen una mirada a esta Unidad para que retome el camino y los casos de corrupción que involucra a ex funcionarios y funcionarios públicos, al igual que a decenas de diputados, empresa privada y al sistema financiero, no queden en la impunidad.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
