Sacaron dinero del Estado a su nombre y ahora exigen castigo para quienes se robaron 12 millones de dólares

Por: CESPAD

Llegaron puntuales a la cita. Juntarse en la parte frontal de la Corte Suprema de Justicia para amonestar la resolución de varios jueces fue el objetivo. Son las campesinas y campesinos del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA), y de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), los que presentaron un Recurso de Amparo contra la resolución de los magistrados de la Corte de Apelaciones que dejó absueltos a 22 de los 38 implicados en el caso de corrupción Pandora.

A su nombre, es decir, argumentando que el dinero sería para ellos y ellas en su condición de campesinos y campesinas, varios funcionarios y ex funcionarios públicos, junto a  diputados y diputadas del Congreso Nacional, también confabulados con personas particulares, sacaron de la Secretaría de Agricultura más de 280 millones de lempiras, unos 12 millones de dólares, que jamás llegaron a sus bolsillos. Ahora, en su condición de víctimas, demandan castigo para quienes quedaron absueltos de ese latrocinio del erario de Honduras.

Por Pandora se le conoce a este caso de corrupción, y es a través del Recurso de Amparo, que los 11 mil miembros de la CNTC, y las más de 5 mil integrantes de CODIMCA, a nivel nacional, impugnan la resolución que deja absueltos a reconocidos políticos, empresarios y personas particulares como José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordoñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenin Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jean François Marie de Peyrecave Fiallos, Josué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Gáleas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenin Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales y a Félix Francisco Pacheco Reyes.

El Recurso de Amparo, de acuerdo con el Bufete de Abogados Justicia para los Pueblos (BJP), se interpone porque la decisión de la Corte fue ilegal, sin la debida motivación y adecuado análisis de los argumentos del expediente. Por eso, la CNTC y CODIMCA piden que la resolución de los magistrados de la Corte de Apelaciones que dejó absueltos a 22 de los 38 implicados en el caso de corrupción Pandora, se revoque.

El caso

En el año 2018, el Ministerio Público (MP), a través de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), y la entonces Unidad Fiscal contra la Corrupción Impunidad de la Corrupción (UFECIC), presentó un requerimiento fiscal contra 38 personas, entre ellos funcionarios públicos, diputado/as, miembros de partidos políticos y candidatos de elección popular en la contienda política del 2013 que, según investigaciones realizadas, se asociaron ilícitamente para malversar recursos públicos, lavar activos y cometer fraude en perjuicio de la Administración pública, y la economía del Estado de Honduras. El MP presentó los medios probatorios que acreditaron la existencia de los delitos anteriores.

De acuerdo con las organizaciones impugnantes, los hechos probados establecen que estas personas sustrajeron más de 280 millones de lempiras, mediante la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras, que fueron utilizados para financiar campañas políticas, la obtención (sin causa) de dinero en efectivo, compra de bienes (apropiándose de ellos), y beneficiar a empresas comerciales con contratos, entre otras situaciones.

“…es claro que buena parte de los fondos de la SAG, tuvieron como destino final a cuatro partidos políticos (Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Unificación Democrática o UD y el Partido Frente Amplio Político en Resistencia o FAPER), dejando a muchas organizaciones campesinas sin los recursos que estaban destinados para  jóvenes, mujeres jóvenes y campesinos de los departamentos de Olancho, La Paz, Francisco Morazán, Intibucá, Yoro, Comayagua, Gracias a Dios, Ocotepeque, Choluteca, Valle y Colón”, establece el Recurso de Amparo.

Las organizaciones que interponen la acción jurídica, afirman que nunca recibieron los recursos que se acreditaron como justificación en los nueve convenios que se firmaron, para sacar el dinero que supuestamente serviría para la siembra de granos básicos en muchas comunidades; capacitaciones, entre otras actividades. También se trata de un dinero que equiparía la escuela de campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua.

¿Qué piden las víctimas del robo?

A través del Recurso de Amparo, los 11 mil miembros de la CNTC, y las más de 5 mil integrantes de CODIMCA, exigen que la Sala de lo Constitucional revoque el sobreseimiento definitivo a los 22 implicados, cuya acusación fue cerrada, ya que la Corte de Apelaciones violó el derecho de acceso a la justicia, y sus diversas afectaciones derivadas del acto de corrupción, como el derecho a la alimentación, al desarrollo y a una vida digna de las comunidades campesinas.

A continuación se enlistan los convenios por medio de los cuales se sustrajeron los más de 280 millones de lempiras, desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

La CNTC y CODIMCA presentaron el Recurso de Amparo junto al Bufete de Justicia para los Pueblos (BJP) y la Coalición Anticorrupción (CAC), acompañados por el Centro de Estudio para a Democracia (CESPAD).

Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.