Por CESPAD
8 de febrero
¿Cómo avanzan los casos de corrupción que dejó la MACCIH ante los tribunales de justicia de Honduras? ¿Qué tanto han afectado las reformas a algunas leyes que aprobaron las y los diputados del Congreso Nacional? Un breve y preocupante panorama evidencia que el “blindaje” a las redes de corrupción, si ha funcionado en este país centroamericano.
Para analizar el tema, el caso de corrupción Red de Diputados se vuelve emblemático. En diciembre del 2017, el binomio conformado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), presentó el caso de investigación denominado “Red de Diputados”, dando inicio a una acción penal contra cinco diputados y diputadas del Congreso Nacional coludidos con tres miembros de una ONG, denominada Asociación Nacional de Productores e Industrias de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), a través de la que se apropiaron ilegalmente de fondos públicos que estaban destinados a proyectos sociales.
Sin embargo, y en una manobra inesperada, las diputadas y diputados del Congreso Nacional evitaron el avance de esa investigación que, a todas luces, evidenciaría la extensión e inclusión de más congresistas en actos de corrupción de este tipo. Fue así que desde ese poder del Estado se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto. Desde entonces se le impide a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), realizar acciones judiciales por actos administrativos, civiles o penales contra funcionarios, diputados y ONGs, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no realice auditorias de estos fondos.
Las reformas a leyes y el blindaje
Pero la anterior es apenas una de varias reformas que desde el Congreso Nacional han aprobado las y los diputados a leyes, para sacudirse la investigación directa de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO). Las siguientes son algunas de las leyes que han sufrido reformas, como parte del blindaje que los legisladores hondureños implementaron y que, de acuerdo con entendidos en la materia, han conformado “los pactos de impunidad”.
- Nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) que reduce las penas por la malversación de los recursos públicos (Titulo XXVII: Delitos contra la administración pública, en su capítulo I).
- Reforma de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mediante adición al artículo 10 (Decreto Legislativo No. 117-2019). En la práctica esta reforma restablece la inmunidad parlamentaria, teniendo como implicación el blindaje de los diputados y diputadas por las acciones realizadas desde su función legislativa.
- Ley Especial para la Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios y Programas Sociales (Decreto Legislativo No. 116-2019). Con esta herramienta jurídica han bloqueado la acción penal inmediata en contra de los diputados, funcionarios públicos, alcaldes/as, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que hayan ejecutados fondos públicos asignados por el Congreso Nacional.
- Reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas(Decreto Legislativo no. 145-2019). Estas reformas inhiben la acción penal del Ministerio Público en contra de los funcionarios públicos de las diferentes unidades del aparato estatal, siendo reemplazado por las figuras del “Control del desempeño” (control financiero, control de desempeño y resultados, y, auditoria de desempeño) bajo la egida de las auditores internos subordinados al TSC.
Estas reformas, lejos de hacer expedito el trabajo de la UFERCO ante los tribunales de justicia, lo obstaculizan. Hay un manifiesto retraso, desde el Poder Judicial, incluso para responder a los recursos que el ente Fiscal interpone. En algunos casos ya vencieron los términos que establece la ley, mientras, otros llevan casi dos años sin la emisión de resolución alguna. El objetivo es el de prolongar los procesos y beneficiar a determinados imputados. El colmo es que, incluso, algunos casos se han archivado.
El retraso en la implementación de la justicia favorece la impunidad, frena los casos y este accionar se traduce en un activismo legal de la defensa privada para apelar a todas las argucias posibles argumentando: “que se declare a los tribunales sin jurisdicción para atender los casos, que el TSC sea el que resuelva, apelar dentro del mismo tribunal o “más arriba”, falsas renuncias a los casos en momentos clave para que otros representen a sus defendidos, pero que suelen formar parte del mismo bufete de abogados (una estratagema que implica tramitar la notificación a las partes, volver a sacar copias, la petición de un tiempo -que forma parte del derecho de defensa- para que el “nuevo” defensor conozca el proceso)”, de acuerdo con el informe presentado de Veeduría Social al Circuito en materia de corrupción.
Niegan información desde el Congreso Nacional
En consonancia con los pactos de impunidad, recientemente la UFERCO, para dar seguimiento a las líneas de investigación que tiene en curso ante los juzgados del país, solicitó al Secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, información referente a las actividades de algunos de los legisladores. Sin embargo, Zambrano, amparándose en las reformas que hicieron a la ley de General de Presupuesto, que dio facultades al TSC, negó la información a los agentes y fiscales.
Penetrar en la investigación de figuras reconocidas, funcionarios que abusando de sus cargos malversaron fondos públicos, es imposible. Con esas limitaciones se encuentra la UFERCO, para investigar la administración de los recursos públicos, fondos de proyectos, ayudas sociales y otros recursos.
“Solo en Honduras se le quitan facultades al Ministerio Público. Con la reformas de leyes, ahora es que el ente fiscal debe solicitar por escrito y de manera sustentada la documentación, cuando una fiscalía tiene todas las facultades para investigar y secuestrar documentos. Pero aquí hay que pedir de por favor que entreguen las pruebas para investigarlos”, dice al respecto Gabriela Blen, directora ejecutiva de la Organización Ayudamos a Honduras (OAM).
Otro ejemplo de los obstáculos que enfrenta la UFERCO, es la investigación que realiza a la Alcaldía Metropolitana del Distrito Central (AMDC). Ese ente negó información relacionada con algunos regidores. “Nos dicen que debemos, primero manifestar para qué ocupamos la información y, que si es pertinente, pueden analizar si la dan o no”, afirmó uno de los agentes investigadores.
Los Retardos en los Casos
Caso Pandora
Desde el 12 de octubre del 2020, la UFERCO presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo, ante lo que consideraron una acción arbitraria del Tribunal porque adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral y que promovió la impunidad de la corrupción, al dictar la Corte de Apelaciones el sobreseimiento definitivo a 22 de los acusados en el caso Pandora, la mayoría diputados y exdiputados.
El recurso se interpuso con suspensión del acto reclamado y, según la ley, la Corte Suprema de Justicia debía resolver dentro de las 24 horas después de presentado el amparo. Sin embargo, transcurren más de tres meses y no se ha notificado la resolución en el caso. La UFECIC/MACCIH, presentó este caso en junio del 2018 y acusó a 38 implicados, entre diputados, funcionarios públicos y particulares, por el desvío de fondos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que estaban destinados a la ejecución de proyectos sociales.
Caso Arca Abierta.
Desde el mes de febrero del 2019, cuando la UFECIC presentó un recurso de amparo, el caso permaneció casi 11 meses paralizado. Fue hasta el 9 de enero del 2021 que la Sala de lo Constitucional admitió el recurso, que consiste en un video y un audio que no fueron admitidos como prueba en la audiencia inicial, por el Juez Reynaldo Hernández, quien consideró que eran de carácter ilícito. Ahora la prueba será escuchada y vista por el juez, lo que podría concurrir en nuevas valoraciones para un eventual fallo.
Arca Abierta es el caso que documenta el supuesto desvío de más de 21 millones de lempiras, a través de la Organización No Gubernamental (ONG), Planeta Verde. En el caso se vincula a Casa Presidencial, al Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas del país. Por este caso fueron procesados los diputados Milton Puerto, Gladys Aurora López, Welsy Vásquez, Gustavo Pérez y los exdiputados Fabricio Puerto y José Alejandro Flores. Asimismo, los señores Geovanny Deras, Allan San Martín y Gregorio González. Fueron sobreseídos los exdiputados Óscar Álvarez, Audelia Rodríguez, Juan Carlos Valenzuela, Carlos Bonilla y Hernán Vindel.
Caso Caja Chica del Hermano
Fue uno de los últimos casos presentados por la UFECIC/MACCIH, en el que se implicó a Ramón Lobo, hermano del expresidente Porfirio Lobo Sosa y a Wilfredo Cerrato, exministro de Finanzas. En este caso, la Corte de Apelaciones revocó el auto de formal procesamiento y dictó sobreseimiento definitivo para ambos acusados. La entonces UFECIC presentó un recurso de amparo, el 18 de septiembre del 2019, porque no hubo un razonamiento correcto y se violentó el debido proceso. Desde esa fecha, la Sala Constitucional no se ha pronunciado. Ya transcurre un año sin resolución alguna.
Caja Chica de la Dama
Transcurren seis meses desde que la Corte de Apelaciones declarara improcedente el recurso de reposición, presentado por los jueces de la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en materia penal. El Tribunal debe dar paso al Juicio Oral y Público, luego que la Sala Penal de la CSJ, ratifique la designación hecha por la Corte de Apelaciones. Pero esa acción sigue en suspenso.
La UFERCO no sabe si se establecerá fecha para el juicio oral y público, y mientras el tiempo transcurre, Rosa Elena Bonilla, ex primera Dama de Honduras, cumple siete meses de esperar en libertad la repetición de su juicio.
Antejuicio a Alcalde del Distrito Central
Con el antejuicio que admitió la Corte de Apelaciones en materia de Corrupción, el 13 de noviembre del 2020, se esperaba que se agilizase el proceso judicial en contra del actual alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura. Sin embargo, desde el inicio, el retardo comenzó porque el funcionario judicial designado no entregaba la comunicación al imputado, argumentando la no localización del edil. Después, cuando se entregó, se estableció que el imputado debía presentar un informe sobre los señalamientos presentados por la UFERCO. El caso se ha diluido en el tiempo y hasta ahora no hay nuevas comunicaciones que establezcan si el caso continuará el proceso en la CSJ o se desestimará.
Caso Fraude sobre el Gualcarque
Se esperaba el inicio de juicio oral y público el 18 de enero del 2021. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción lo reprogramó y ahora está previsto para el próximo 8 de marzo. Se alegó que las defensas tenían planificada una capacitación fuera del país y por eso se retrasó el proceso judicial. En este caso se presentó requerimiento fiscal contra 16 funcionarios públicos que realizaron actos de corrupción con el fin de otorgar, de forma fraudulenta, la concesión del Río Gualcarque, para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, por el cual fue asesinada la lideresa indígena y ambientalista Berta Cáceres. El 17 de diciembre del 2020, la Sala de lo Constitucional otorgó un amparo, dejando en libertad a 10 de los 16 imputados.
Impunidad
Todas las dilaciones y entorpecimientos en los procesos judiciales han dejado una estela de impunidad. Existe un notado abuso de recursos para demorar y obstruir los procesos, valiéndose de facultades procesales (recusaciones, amparos, etc.) que son improcedentes. “Los jueces deben utilizar las herramientas que están a su alcance para impedir que esos actos cumplan con el objetivo que se proponen (evitar que avance el proceso)”, señala el informe de Veeduría citado anteriormente.
“Los corruptos saben que se les persigue y se preparan con toda la artillería posible para evadir la justicia. Tienen todo, su cuerpo de abogados que coincidentemente, son los mismos defendiendo a las redes que desde el Poder han montado una estructura para drenar los recursos del Estado”, dice al respecto Ramón Barrios, exjuez en materia penal.
“No hay independencia, no hay separación de poderes. Desde arriba viene todo y es difícil que se pueda originar un cambio. Lo que sí podemos es presionar para que esa institucionalidad se vea acorralada”, agrega, a manera de conclusión del tema.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
