Unas 44 familias que pertenecían a las bases campesinas “Hombres y mujeres de fe” y “Unidos al campo”, fueron desalojadas en el municipio de Guaimaca, departamento de Francisco Morazán. El pasado 5 de febrero del 2021, elementos policiales, vestidos de negro, se presentaron en horas de la mañana a las tierras en las que se encontraban las y los campesinos e iniciaron un desalojo que terminó en la destrucción de todo trabajo colectivo y esfuerzos que por más de 12 años habían emprendido estas familias.
Los representantes legales de las familias recriminan el abuso de autoridad y solicitan una orden oficial de desalojo, como requerimiento mínimo para emprender tan atroz e inhumano acto. La orden de desalojo nunca fue presentada y ante el reclamo, la representante legal del grupo, Luvy Canales, fue detenida. La acción limitó que Canales realizara la labor de defensoría para las familias.
De acuerdo con los campesinos, lo único que pudieron salvaguardar fueron un par de láminas de zinc y parte del proyecto avícola que habían emprendido para la subsistencia de sus familias, ya que por proteger sus vidas decidieron retirarse. El resto de lo que habían construido durante 12 años, fue destruido por la fuerza utilizada por los oficiales y el uso de una excavadora que utilizó uno de los ejecutores del desalojo.
El caso de Guaimaca data desde el 2003, consignado en dos expedientes abiertos con números 115-2013 y 207-2017. Hasta el momento se desconoce el nombre del juez ejecutor y la presentación formal de la orden oficial de desalojo. Las tierras que habitaban estas familias son de carácter ejidal, por esa razón se cuestionan este tipo de acciones en contra personas que solo buscan la subsistencia de sus familiares. Las 44 familias desalojadas quedaron en la calle, sin un techo donde estar.
Los representante de Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), iniciaron un proceso de investigación ya que las escrituras presentadas por quienes reclaman las tierras de las que fueron desalojadas esas familias son del 2004 y las bases campesinas se instalaron a partir del 2009. La CNTC presentará nulidad al proceso emprendido para que se reparen los daños ocasionados, al igual que la violación al derecho a la vivienda, al derecho colectivo de la propiedad, derecho a la defensa, así como el derecho a un nivel adecuado de medios de subsistencia.
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), condenamos el abuso de autoridad y la violación a los derechos humanos de las familias y exigimos:
- Al Estado y Gobierno de Honduras cumplir con su deber de salvaguardar la vida y la seguridad de sus ciudadanos, a través de la ejecución de una política Agraria integral e inclusiva que ampare a los más desprotegidos.
- Al Instituto Nacional Agrario (INA), realizar una investigación seria sobre la posesión de las tierras en la que estaban afincadas las 44 familias, para contribuir a solventar un problema con el cual se han violentado derechos humanos.
- A la Secretaría Nacional de Derechos Humanos realizar las acciones pertinentes para garantizar por la protección de los derechos humanos de las familias protagonistas de este conflicto.
Tegucigalpa, MDC, 06 de febrero, 2021
