Autor del documento: Bladimir López
Revisión de estilo: Claudia Mendoza
Introducción
Durante el 2020, en las comunidades donde la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz (MILPHA), emprenden acciones políticas a favor del acceso a la tierra y defensa de los bienes comunes naturales, su liderazgo experimentó un fuerte proceso de criminalización y violencia que evidencia la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas defensoras del territorio. Se trata de un contexto marcado por la suspensión de las garantías constitucionales y la inacción de las instituciones públicas de derechos humanos: Sistema Nacional de Protección (SNP), el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH).
Para analizar ese contexto, este documento presenta en el primer apartado un análisis para comprender los elementos de contexto relacionados con la criminalización hacia las personas defensoras del territorio, en tiempos de pandemia. En el segundo apartado se expone, abiertamente, la forma en la que operó la criminalización hacia las y los integrantes de ADEPZA y MILPHA, identificado sus principales características y repercusiones en la vida de las personas defensoras del territorio. En el último y tercer apartado se recomienda una serie de acciones estratégicas que las organizaciones territoriales pueden desarrollar, para frenar el actual proceso de criminalización y violencia en sus territorios.
I. La criminalización hacia personas defensoras del territorio en tiempos de pandemia
Durante el 2020 la violencia y la militarización en los territorios no estuvieron en cuarentena. La criminalización, la judicialización y los asesinatos acontecieron en un contexto en el cual la administración gubernamental que dirige Juan Orlando Hernández, emprendió ataques sistemáticos en los territorios: suspensión de garantías constitucionales, entrada en vigencia del nuevo Código Penal, emisión de una serie de Decretos de Emergencia que refuerzan el proyecto extractivo y agudiza la crisis de los derechos humanos de las personas que defienden el territorio y, la remilitarización de la sociedad y de los territorios.
En ese contexto adverso hacia las personas defensoras del territorio, en un monitoreo realizado desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), de Enero a Diciembre del 2020, se registraron 15 asesinatos, más de 120 ataques con violencia y aproximadamente 30 acciones de persecución penal contra el liderazgo territorial en Honduras. Detrás de estas acciones existe una apuesta política estatal para desmovilizar y desaparecer al movimiento socio territorial mediante acciones concretas: acciones de vigilancia, persecución y judicialización, reapertura de casos judiciales que anteriormente habían sido sobreseídos, militarización de los territorios, control de territorio por fuerzas no estatales (guardias de empresas privadas y crimen organizado), asesinatos selectivos y el debilitamiento de las instituciones públicas de derechos humanos.
El personal de La Vía Campesina Honduras (LVC-H), considera que el actual proceso de criminalización y la ola de violencia en los territorios obedece a un proceso en el cual “la suspensión de las garantías constitucionales ha dado paso a que la criminalización, hostigamiento, persecución y amenazas se hayan agudizado, pese a que se mantuvo una política de confinamiento, proceso en el cual se han confabulado guardias de seguridad privada, personas civiles y en distintas ocasiones se cuenta con la complicidad de las fuerzas policiales”[1].
En resumen, el actual proceso de criminalización acontece en un contexto de contraofensiva extractivista que eleva los niveles de conflictividad y de violencia en los territorios. Pero, además de restringir y vulnerar derechos humanos y territoriales, facilita el control territorial y legitima acciones de contrainsurgencia política en manos de las fuerzas estatales y fuerzas no estatales.
II. ADEPZA y MILPAH: ¿Cómo opera la criminalización de la lucha territorial en tiempos de pandemia?
ADEPZA, ubicada en Zacate Grande, departamento de Valle (sur del país), y MILPAH, ubicada en el departamento de La Paz (centro-oriental del país), son dos de las organizaciones territoriales en las cuales el liderazgo principal ha sido víctima de criminalización, judicialización y asesinatos por su labor de defensoría territorial. Ambas son, a la vez, dos de las cinco ecorregiones con altos niveles de conflictividad socioambiental derivada de las políticas extractivistas (Zonas de empleo y desarrollo económico, ZEDES, minería, hidroeléctricas y explotación del bosque) y una alta tensión política en la lucha por el acceso a la tierra.
En ambas ecorregiones los conflictos socioambientales y la lucha por el acceso a tierra comparten las siguientes particularidades:
- El poder político local ejerce una fuerte influencia en la gobernanza sobre la tierra y el territorio.
- Las fuerzas militares y policiales ejercen una fuerte vigilancia en los territorios, amenazando y hostigando al liderazgo territorial.
- El poder económico regional mantiene cooptado al sistema de justicia y a las principales instituciones públicas encargadas de gestionar y dar respuestas a las demandas de las organizaciones.
- El liderazgo territorial se encuentra en completa indefensión ante el inexistente accionar de las instituciones públicas en materia penal y de derechos humanos.
- Las acciones de asesinatos y criminalización siguen el mismo patrón de hostigamiento utilizado por fuerzas paramilitares que mantienen presencia en los territorios.
En el caso de ADEPZA, su liderazgo “está siendo criminalizado en un contexto de impunidad total, ya que el trabajo de los juzgados es totalmente en contra de los campesinos y de las campesinas, debido a que dicha instancia se ha parcializado hacia los intereses de los terratenientes, además de la instalación de postas policiales y puestos militares de la base naval en las comunidades en resistencia, que agrava la situación de las personas defensoras del territorio”[2].
Mientras que en MILPHA, su liderazgo “está siendo criminalizado en un contexto en el que existe una conexión entre los alcaldes, mancomunidades, terratenientes, empresarios del rubro extractivo, policías, jueces y crimen organizado, con el objetivo de criminalizar y asesinar a las personas que defienden el territorio y luchan por el acceso a la tierra”[3].
Durante el 2020, ADEPZA salió en defensa de sus defensores y defensoras ante el desarrollo de varios acontecimientos como las acciones de hostigamiento hacia la lideresa Elía Hernández, quien se encontraba en un retén para velar por el cumplimiento de medidas de bioseguridad en su comunidad, debido a la pandemia del Covid19, cuando fue hostigada por un supuesto empleado de un terrateniente, que le dijo: “Te voy a matar, ni sabes dónde te voy a ir a enterrar en pedazos”.
Otro hecho fue la amenaza a muerte proferida en contra de Pedro Canales, fundador y defensor de ADEPZA, por parte de un emisario quien le manifestó: “Yo sé quién te va a volar la cabeza”. Asimismo, las acciones de vigilancia y de intimidación en los predios de la Radio “La Voz de Zacate Grande” y a miembros de su junta directiva, por parte de hombres armados y encapuchados.
Por su parte MILPHA, durante el 2020, se vio envuelta en una serie de acontecimientos como las amenazas a muerte hacia la lideresa María Felícita López, a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, al igual que la persecución por individuos encapuchados provistos de armas blancas.
Por otro lado, el asesinato de Javier Vásquez Benítez, cuyo cuerpo fue encontrado en un barranco, con signos de haber recibido numerosos golpes que le habrían provocado la muerte; la detención ilegal y juicio plagado de irregularidades en contra de los defensores Víctor Vásquez y José Santos Vigil.
Alrededor de esos acontecimientos, la criminalización en estas ecorregiones tiene como objetivo: desmovilizar a las comunidades, debilitar el tejido organizativo existente y desaparecer la resistencia territorial. Este contexto ha sido puesto en marcha desde los sectores terratenientes y extractivismo, mediante las siguientes prácticas:
- División en las comunidades, a través de la coaptación del liderazgo.
- Creación de organizaciones paralelas (patronatos y consejos indígenas) que buscan deslegitimar el trabajo de ADEPZA y de MILPHA.
- Entrega de títulos de propiedad y dominios plenos a personas ajenas a la comunidad al margen de la ley.
- Acusaciones hacia el liderazgo de delitos sin pruebas reales y procesos judiciales parcializados a los terratenientes y empresarios extractivistas.
- Persecución, hostigamiento y asesinatos hacia el liderazgo territorial.
Para ADEPZA y MILPHA, las anteriores acciones son desarrolladas por los terratenientes vinculados a las empresas extractivas. Las consideran como acciones desesperadas, “quienes, ante la legitimidad de las organizaciones y apoyo comunitario hacia las luchas por el acceso a la tierra y defensa del territorio, desarrollan acciones en conjunto con el sistema de justicia, elites políticas y económicas, y fuerzas policiales y militares para debilitar los procesos de resistencia e infundir miedo y terror en las personas que lideran y acompañan las luchas territoriales en las comunidades”[4].
Partiendo del análisis de las entrevistas realizadas a las y los líderes de ADEPZA y de MILPHA, y considerando los acontecimientos descritos anteriormente, identificamos seis elementos que dan cuenta de la forma en la que opera la criminalización, judicialización y asesinatos hacia personas defensoras del territorio en tiempos de Pandemia:
- El manejo político y militar de la pandemia. En estas dos ecorregiones el manejo de la pandemia ha sido meramente político y militar, por encima de las necesidades humanitarias de las comunidades. Sobresale la forma en la cual el poder político, económico y militar, a pesar del confinamiento, ha seguido manteniendo una presencia permanente en las zonas y que, según el liderazgo territorial, se incrementó considerablemente durante el 2020, trayendo consigo acciones de control territorial: vigilancia, militarización, hostigamiento y persecución.
- La división en las comunidades y la coaptación del liderazgo. En ambas ecorregiones, la división de las comunidades es una estrategia que emprenden los terratenientes y empresarios extractivistas, en asocio con las corporaciones municipales, con el objetivo de coaptar al liderazgo, entregando títulos de propiedad y dominios plenos a personas ajenas a las comunidades y bolsas con alimentos, con la intención de debilitar y restarle legitimidad a las organizaciones. Esta estrategia es generadora de violencia, ya que en muchos casos concluyen en enfrentamientos entre los pobladores de las comunidades.
- El paramilitarismo como escalón superior de la militarización. Desde la mirada del liderazgo territorial se sostiene que la militarización encuentra un escalón más alto cuando grupos paramilitares (clandestinos e ilegales) se asientan en los territorios ya que, a diferencia de las fuerzas policiales y militares, son los encargados de perfilar al liderazgo territorial y de llevar a cabo asesinatos selectivos. En el marco de la pandemia este paramilitarismo, de carácter criminal, no solo incrementó su presencia sino que también elevo acciones criminales en los territorios: atentados y asesinatos.
- La efectividad de la criminalización en bloque. En ambas ecorregiones, la criminalización hacia el liderazgo territorial es una estrategia sólida y de largo alcance impulsada desde los terratenientes y los empresarios extractivistas. En el caso de La Paz, los terratenientes locales mantienen nexos familiares con los alcaldes y los jueces, mientras que en Zacate Grande, los terratenientes mantienen un amplio control sobre el sistema de justicia, policial, institucionalidad agraria y corporaciones municipales. En definitiva, las organizaciones territoriales se enfrentan a un bloque sólido de actores que controlan desde el vértice hasta la base de las distintas entidades públicas encargadas de gestionar y dar respuesta a las demandas de las organizaciones.
- El sistema de justicia parcializado y precarizado. Múltiples denuncias que se interponen desde las organizaciones territoriales no son evacuadas en tiempo y forma, mientras que las acciones gestionadas desde los terratenientes, son evacuadas de manera inmediata. En ambas ecorregiones, el sistema de justicia presenta las siguientes características: i) ausencia de personal calificado en temas de tierra y territorio, ii) retardo en denuncias en temas relacionados a la criminalización y protección de derechos humanos, iii) personal de alto rango con nexos familiares y políticos con los terratenientes y los extractivistas y, iv) procesos de judicialización al margen de la ley.
- Las ausencias del Mecanismo de Protección, CONADEH y la Secretaria de Derechos Humanos. Son múltiples las demandas y peticiones que las organizaciones territoriales interponen antes estas instancias. Sin embargo, la respuesta no solo es tardía– cuando la hay- sino que también es precaria, ya que las medidas de protección no son acordes al contexto regional y a los niveles de vulnerabilidad de las personas defensoras. Las ausencias de estas instancias se analizan desde tres perspectivas: i) estratégicas, ii) técnicas y, iii) políticas. El problema obedece a temas estructurales que derivan del diseño y funcionamiento de estas instancias y/o a presiones políticas para que no realicen la labor de proteger la integridad física de las personas defensoras del territorio.
Cabe mencionar que esos elementos han estado presentes desde el inicio de los procesos de resistencia territorial. Sin embargo, el tema en discusión y en debate es que en el marco de la pandemia, esos elementos y acciones se han agudizado en un contexto nacional y regional, marcado por la creación y revitalización de los marcos extractivistas, la suspensión de las garantías constitucionales y el posterior debilitamiento de las instituciones de derechos humanos y la remilitarización de los territorios.
III. Recomendaciones para fortalecer el accionar estratégico
En el esfuerzo por avanzar en la implementación de acciones estratégicas que permitan darle respuestas a los problemas de fondo que generan la criminalización y la actual ola de violencia en las comunidades de ADEPZA y de MILPHA, proponemos algunas acciones para realizarse en el corto y mediano plazo:
- Litigios estratégicos que garanticen el acceso a tierra y el control del territorio. Esta medida sería una de las principales acciones para darle respuesta a las demandas de las comunidades en resistencia. Es importante la realización de tractos sucesivos de la tierra, para contar con argumentos legales y hacerle frente de manera más estratégica a la presión de los terratenientes y grupos extractivistas. Lo anterior se puede acompañar de procesos de incidencia nacionales e internacionales y ejercicios de presión política para que las instituciones públicas atiendan las demandas de las organizaciones.
- Fortalecer alianzas y articulaciones regionales. Estas acciones han sido las principales estrategias utilizadas por las organizaciones para enfrentar, de manera estratégica, la criminalización y la ola de violencia en sus territorios. A través de la construcción de redes de apoyo, alrededor del conflicto territorial, otras organizaciones se suman en denuncia y acompañamiento. Es importante que este proceso de alianza y articulaciones se consolide en un bloque hegemónico territorial, con el objetivo de disputarle el poder a los actores que controlan el territorio. Eso es posible a través de acciones estratégicas encaminadas a sentar las bases para un proceso de transición postextractivista en los territorios, poniendo en el centro las propuestas de transformación económica, social y política desde las organizaciones territoriales.
- Fortalecer las redes de seguridad comunitaria. Estas redes funcionan de manera dispersa y poco coordinadas. La experiencia Latinoamericana indica que cuando las redes de seguridad comunitaria funcionan adecuadamente, son el puente que conecta la problemática territorial a niveles nacionales e internacionales y se convierten en pilar fundamental para presionar a las instancias públicas e internacionales de derechos humanos. Las redes deberán de promover acciones concretas con enfoque de género: protección de la integridad de las personas defensoras, denuncia pública y en general, crear mecanismos comunitarios de protección y espacios de justicia popular.
- Crear espacios comunes de representación legal y acompañamiento a víctimas. Los abogados y abogadas realizan una tarea importante para defender a las personas criminalizadas. En ambos territorios la representación legal y acompañamiento a víctimas es limitada, por lo que es necesario avanzar en la construcción de espacios comunes de defensoría, con el objetivo de crear estrategias políticas y legales encaminadas a responder a los casos de criminalización y buscar salidas estratégicas para reducir los elementos de fondo que genera la criminalización. Lo anterior permitirá que las organizaciones territoriales enfoquen sus esfuerzos en las tareas políticas y organizativas para sostener la lucha territorial. Descargue: Coyuntura 22 – CESPAD
Referencias
[1] Entrevista realizada a personal de LVC-H, diciembre de 2020.
[2] Entrevista realizada a Coordinadora y Comunicadora de ADEPZA, diciembre del 2020.
[3] Entrevista realizada al Coordinador General de MILPHA, diciembre del 2020.
[4] Reflexión sacada de las entrevistas realizadas al liderazgo de ADEPZA y MILPHA. La cursiva es nuestra.
