Por CESPAD
23 de diciembre
Le han ido cerrando los espacios a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), uno de los legados de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH). La orfandad en el que está el ente fiscal solo evidencia cómo poco a poco las redes de corrupción en Honduras, retomaron el tráfico de influencias, le quitaron la independencia a los entes de justicia y reformaron las leyes que significaban una amenaza para operar en total impunidad.
Las élites políticas no solo acabaron con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), también buscaron los mecanismos para desmontar la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP). Ahora retoman el camino y cooptan la institucionalidad pública para evitar que exista en Honduras una agenda anticorrupción nacional.
Los analistas coinciden en afirmar que con la MACCIH se esperaba que se mejorará la persecución penal y “que se tuviese un abordaje al pecado original y luego que el observatorio de justicia, fuera el punto de encuentro entre ciudadanía y sociedad civil. Había aún mucho camino que recorrer, pero por lo menos se le puso nombre y apellido al problema originario”, dijo Fátima Mena, integrante de la Coalición Anticorrupción de Honduras, al ser abordada y referirse a lo que se ha avanzado y retrocedido en la lucha contra la corrupción en Honduras, luego del surgimiento y exterminio de la MACCIH.
Cuando empezaron a salir los primeros casos de corrupción de alto impacto, develados por la Misión, el blindaje de las redes de corrupción comenzó su asomo. Si algo les “movió el piso” fue Red de Diputados, el primer caso de corrupción presentado públicamente por la MACCIH, el 13 de diciembre del 2017. El caso implicaba a los congresistas Augusto Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla y Audelia Rodríguez, integrantes del partido Va Movimiento Solidario (VAMOS); Dennys Sánchez, del Partido Liberal y a Eleazar Juárez, de Liberad y Refundación (LIBRE). Según la investigación de la MACCIH, este grupo de diputados y diputadas desvió 8.3 millones de lempiras a través de Organizaciones no Gubernamentales de maletín.
Esa fue la punta del iceberg y desde allí se empezó a “maquinar cómo desmontar” cualquier acción penal o de investigación que fuera en su contra. Este caso mostró cómo se utilizaron los fondos del Estado para gastos personales y puso en evidencia una red de corrupción de alto nivel dentro del Congreso Nacional a través de la que se explicó para qué y cómo se usan los subsidios que provienen de los fondos departamentales. “No son más que la compra de voluntades y esto afecta la toma de decisiones. Por ejemplo, en la elección de funcionarios se comprometen a votar por los que ofrecen sobornos. Es una forma sencilla de cómo funciona la corrupción en forma general. Este caso toca al Presidente del Congreso Nacional y a la Junta Directiva”, agrega al analizar el tema, Mena.
Un Congreso Nacional que adversó y adversa la agenda anticorrupción
A la Red de Diputados le siguió el caso Pacto de Impunidad, el caso Pandora y el caso Arca Abierta, que vinculaba a docenas más de diputados y diputadas del Congreso Nacional que habrían derrochado más de 300 millones de lempiras en los últimos dos períodos de gobierno. Ese dinero, en su mayoría, proviene de un fondo cuestionado que ha terminado en manos del Poder Ejecutivo, según analistas del tema, para controlar a las y los diputados.
Desde entonces los diputados avanzaron facilitando la legislación pertinente para desarticular, por ejemplo, la Ley de Colaboración Eficaz, la Ley de Secretos y el Código Penal, que antes tenía penas altas, pero que ahora trata con “guantes de seda” a los corruptos, y también criminaliza la protesta, para el control social (nuevo Código Penal). “Vemos que el Congreso Nacional es el principal cómplice, actor o miembro de las redes de corrupción que, de forma frontal, se oponen a la lucha contra corrupción”, acotó la representante de la Coalición.
¡Se agota el tiempo!
El exmagistrado Ramón Barrios, resume lo que ha acontecido en los últimos meses en el país, catalogando las medidas otorgadas a imputados en diferentes casos de corrupción como sobreseimientos y fallos absolutorios, como el reflejo de la impunidad total en la que operan las redes de corruptos en el país.
La anulación del juicio y sentencia contra la ex primera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla de Lobo (el 13 de marzo); el sobreseimiento definitivo de los 22 principales implicados en el caso Pandora (el 4 de agosto del año 2020); la resolución de la Corte Suprema de Justicia de no seguir adelante con el juicio del caso Pacto de Impunidad (el 16 de noviembre); la sentencia absolutoria de los implicados en el Caso Patuca III (el 27 de noviembre); la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre el principal implicado en el caso Narcopolítica, Miguel Pastor, para que se defienda en libertad y la decisión de absolver de responsabilidad penal a 14 directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), es el retrato de una justicia beneficiando a políticos de alto peso. “Son seis casos que han marcado la impunidad en el país”, dice Barrios.
Lo que ha acontecido evidencia la aplicación de una justicia diferenciada, la justicia que privilegia a un grupo. “Parece que existe una justicia para los poderosos y la clase política de este país, y hay otra justicia para los descalzos”, agregó.
La selectividad de la justicia en Honduras, dice Barrios, como ejemplo, se demuestra con las múltiples solicitudes que se han presentado para sustituir medidas cautelares a personas comunes. Un caso el de los defensores y defensoras de Guapinol, a quienes recientemente se les negó la oportunidad de defenderse en libertad. Como ellos hay decenas de casos más. “Por eso digo que hay una justicia selectiva, porque hay una justicia y un Código Penal para los pobres y hay otra justicia para los poderosos, la gente de las clases políticas y los diputados”, criticó Barrios.
El desmontaje
El desmontaje es claro e inició desde que no renovaron el convenio con la MACCIH. Fátima Mena dice que, incluso, en las negociaciones tanto Ebal Díaz, Secretario de Estado de la Presidencia y Lisandro Rosales, Canciller de Honduras, quienes fueron designados como voceros ante la Organización de Estados Americanos (OEA), manifestaron que el Convenio podía renovarse pero cuestionaban que “Maccih no trabajó en la prevención de la corrupción”. “Decían que era un adorno el que querían. Sólo querían renovar un mecanismo y sin dientes. Las élites dominan y controlan. El desmontaje es parte de la estrategia del actual gobierno”, agregó Mena.
Por ahora, cuestiona Mena, lo que buscan es asfixiar lo que ha quedado del legado MACCIH. Pero todo ese esfuerzo pasaba por reformas a la Ley de Colaboración Eficaz, la derogación del Código Penal o reformas, sobre todo, en los delitos contra la administración pública que son los que más impunidad están generando. “Necesitamos retomar la agenda que está y que las organizaciones de sociedad civil conocen, así como la ciudadanía que tienen un gran papel que jugar en este próximo proceso electoral. Vivimos en un país donde el principal cáncer es la corrupción. No podemos seguir premiando o dando votos de confianza a gente vinculada a actos de corrupción”, dice.
Se duermen los recursos de inconstitucionalidad
Llevan meses los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no se resuelven. Si esa Sala Constitucional se pronunciara existiría una esperanza para evitar el blindaje del que gozan las redes de corrupción. “Mientras la sala constitucional no se pronuncie la protección continúa y mientras no se pronuncie, la sociedad civil debe hacer presión para que se resuelva. No hay un término, pero es importante que fallen esos recursos porque se le han reducido facultades al Ministerio Público”, analiza al respecto el abogado Raúl Pineda Alvarado.
Para Pineda, hay una mala aplicación de la ley al enviar un expediente de un diputado investigado al Congreso Nacional. “Hicieron dos reformas a la ley orgánica del Congreso Nacional y una especial que tiene que ver con lo administrativo que requiere un dictamen o pliego de responsabilidad en el que se dice que hay delito. Le dan facultades al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), de calificar un delito”, cuestiona el entrevistado, mientras dice que solo con el clamor popular se puede cambiar esa situación porque ellos (los implicados en actos de corrupción) son parte de una estructura que maneja las decisiones legales.
La cosecha de leyes y contrarreformas contradictorias son las que asfixian el actuar de la UFERCO, que se ve limitada para actuar contra las estructuras de corrupción del Estado. El Poder Legislativo saca todas sus cartas, dice Pineda. Está jugando en el filo de la navaja y crea leyes que pueden ser buenas pero conforme a la realidad son contraproducentes y dan un discurso contrario a lo que los hondureños piden y es castigo a los corruptos. La MACCIH, LA UFECIC, ganaron espacio pero se deshicieron de ambas y la UFERCO, es la piedra en el zapato que ahora quieren vencer.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
