Por Alessandra Bueso
Periodista del CESPAD
Fernando Suárez es el testigo clave el caso La Caja de Pandora. Se presentó voluntariamente en el mes de noviembre del 2018 ante el Ministerio Público de Honduras; aceptó su responsabilidad en los hechos y les explicó a los Fiscales quien mandaba en la red que se fraguó para saquear dinero del Estado a través de dos fundaciones. Aportó evidencia que demostraba quién decidía y cómo operaban los implicados en el saqueo de más de 282 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares). Pero, pese a la disposición para develar la verdad, Suárez, a través de su defensa, denuncia que el Fiscal General Óscar Fernando Chinchilla, no ha cumplido con lo pactado en el acuerdo de colaboración que se concretó.
Suárez entregó 11 cajas de documentos. Papeles que mostraban cómo se hicieron las conexiones, quiénes, al más alto nivel de la cúpula del Gobierno de Juan Orlando Hernández, autorizaron el desvío de fondos y cómo jugó su papel cada uno de los implicados. Al caso se le conoce como Pandora, la cuarta investigación que presentó el 15 de junio del 2018 la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP). Aunque inicialmente se acusó a 38 personas, entre ellas funcionarios, ex funcionarios públicos, personas particulares, empresarios y diputadas y diputados del Congreso Nacional, dos años después, uno a uno los implicados han salido libre dejando a Fernando Suárez, principal testigo, entre la espada y la pared.
El inicio de la develación del caso
En el mes de noviembre del 2018, es decir, cinco meses después de conocerse públicamente el caso, Fernando Suárez se entregó a la justicia hondureña. La declaración de Suárez en la audiencia inicial duró 18 horas. Pero a partir de allí ha sido llamado muchas veces para ampliar y aclarar diferentes aspectos que le ha pedido la Fiscalía para verificar cada prueba entregada, cada documento que fue identificando. Debido a la colaboración y al hecho de que fue acogido como testigo, el Fiscal General le aseguró que le brindaría protección a él y su familia, pero eso no ha ocurrido. “Ha colaborado en todos los requerimientos del Ministerio Público. Lleva dos años bajo protección del ente fiscal, pero colaborar no le ha servido de mucho”, afirma su abogado Omar Menjívar.
Desde que se entregó, Fernando Suárez sólo pedía que le brindaran protección a él y su familia, pero, muy al contrario, con sus propios medios, tuvo que poner a salvo tanto a su hija como a su esposa, porque estaban en total desprotección.
Según el abogado Menjívar, el acuerdo era claro y una vez presentada la solicitud o propuesta de colaboración, el Fiscal General Óscar Chinchilla consignó, primero, que Suárez era un testigo protegido y, segundo, autorizó a que Luis Javier Santos, Fiscal de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), hoy Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), analizaría la información que brindó y que a partir de allí se le dieran los beneficios. “No pedíamos beneficios para colaboradores, sino solo una reclasificación de los delitos que le imputan”, agregó su abogado.
La Fiscalía lo acusa de dos delitos que, según el defensor, no existe forma para se configuren: malversación de caudales y fraude. “Es uno o el otro. Uno se orienta que es más fraude y por eso pedimos que se reclasifique el delito. Para esos dos delitos se requiere que tenga dos delitos especiales y se requiere que tenga una condición especial, ser autor, además de ser empleado o funcionario público, pero Fernando nunca fue empleado o funcionario por eso no puede cometer esos delitos”, arguyó Menjívar.
Al valorar el camino menos complicado para seguir su proceso legal, Menjívar dice que es a través del procedimiento abreviado que se puede obtener el beneficio de reducción de la pena. Una reducción que, afirma, el mismo Fiscal General autorizó en el mes de noviembre del 2018, sin embargo, no hay documento que lo avale.
Contra el principal testigo del caso La Caja de Pandora se acreditaron varios delitos, entre ellos lavado de activos, una infracción que según su defensor no se configura. “Sabíamos que ese delito no iba a prosperar porque no tenía sustento legal. Lo acusaron también de asociación ilícita, pero cuando ampliaron el requerimiento en la audiencia inicial, la ley que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos por ese delito de asociación ilícita, tenía dedicación para las maras y pandillas. Por eso fue sobreseído, no tenía manera legal de prosperar”, dijo.
Con toda la información entregada lo que esperaba Fernando Suárez, al menos, es que liberasen a su madre de los cargos con los que se le implica, porque ella también está en el listado de cómplices. Pero esa fue una petición no escuchada. “La acusan porque ella estaba pagando una casa desde hacía 15 años y como regalo para ella, Fernando le pagó de ese dinero de la Fundación lo que faltaba para comprarla. Por eso la acusan, porque tenía también unos solares en Comayagua y faltaban 30 mil lempiras y él lo pagó de esos fondos y por eso le quitaron todo”, explicó Menjívar. Eso motivó a que pidieran excluirla del proceso, pero la petición no se resolvió favorablemente.
La parte defensora de Suárez también solicitó la suspensión de la persecución penal por uso de documentos públicos falsos porque, según Menjívar, para abrir una cuenta de banco y tener firma autorizada de los fondos de la cuenta, usó una constancia falsa en la que se estableció que él era el Presidente de la Fundación y, además, representante legal. Pero en el Ministerio Público argumentaron que no se podía porque existían más delitos de documentos falsos. “Dijeron que eran tres y ahora que son cuatro, porque las penas agravan el caso y no aplica la suspensión. Como nunca nos resolvieron nada, la última petición fue que el caso se resolviera con base en las disposiciones del nuevo Código Penal, pero al considerarlo de manera global resulta más o menos favorecido con penas más bajas y hemos pedido que además se le aplique un procedimiento abreviado”, abundó Menjívar.
La defensa de Suárez afirma que solo con la información entregada por Fernando Suárez se sustentan varias líneas de investigación que ampliarían los requerimientos a varios funcionarios y políticos más, que aparecen implicados en sendos actos de corrupción.
La colaboración eficaz fallida
Pese a que el artículo Art 79A del Código Penal derogado contempla el “beneficio premial”, que brinda la colaboración eficaz y que consiste en la reducción de la pena en dos tercios, Menjívar dice que sigue esperando respuesta para obtener esa prebenda. “El director de fiscales lo denegó por un amparo que se interpuso contra los que fueron sobreseídos y por eso justificó que no era viable”, dijo.
Suárez, de acuerdo con su apoderado legal, lleva más de dos años entregando información y respondiendo a todas las interrogantes, pero en la Dirección de Fiscalía siempre le responden que la información que brindó no se ha constatado. Y es, según Menjívar, información certera. “Es una desfachatez y un acto de traición, deslealtad y una falta de profesionalismo al acuerdo que hicimos. Fernando arriesgó su vida y la de su familia. A él le hubiera salido mejor aceptar lo que le ofrecían los cachurecos, quienes le ofrecieron que se echara la culpa y que iba a salir en tres o cuatro años y estaría mejor. El colmo es que es el único que decide colaborar y es con el que se están ensañando”, cuestionó.
Todos son responsables
Todos son responsables, insiste en decir Omar Menjivar, porque en el caso de corrupción La Caja de Pandora, no fueron actos o hechos aislados. Fue un acuerdo. Todo obedeció a un plan a través del cual se le asignó a cada uno de los implicados una responsabilidad. “Todos los acusados sabían eso y lo que menos podían alegar eran los representantes de los partidos Unificación Democrática (UD) y FAPER. Ellos obtuvieron un beneficio procedente de un acto ilegal; no eran parte del plan sino de una colaboración para comprar su complicidad y silencio”, dijo.
Para no olvidar detalles, en la entrevista, Menjívar rememoró que todos los cómplices en la red de corrupción pertenecen al Partido Nacional y Elvin Santos, al Partido Liberal. “Ellos son coautores y responsables. Evidentemente quien tenía mayor grado de exposición ante una acusación era Jacobo Regalado, porque fue quien solicitó los fondos y autorizó la transferencia”, dijo Menjívar, insistiendo en decir que es una cadena interminable de cómplices.
Pese a todas las trabas y decepciones que enfrentan ante el Sistema Judicial hondureño, tanto la defensa como el mismo Fernando Suárez dicen que siguen firmes en la lucha y buscan que el Fiscal General ratifique lo que se pactó por su colaboración. “El Fiscal General se desentendió del caso. Tenemos dos meses de pedir una cita y no ha contestado, no respondió la carta, ni mandó un correo. No dice nada, se esconde. La decisión de él es fundamental. El trato no fue con Luís Javier Santos, fue con el Ministerio Público. Es un trato institucional que autorizó el Fiscal General”, agregó.
Si bien el primer año como prisionero para Fernando Suárez fue hostil, su situación ahora es más tranquila. Sobrellevó que lo tuvieran en un sótano en el que entraban y salían vehículo; el humo de los automotores le estaba afectando la piel, pulmones y la visión. “No lo querían mover. Nos costó más de un año cambiarlo de lugar pero ahora está en mejores condiciones”, narró Menjívar.
Fernando Suárez se somete ahora a un procedimiento abreviado. Al dilucidarse se sabrá si el tiempo de encierro en el que ha permanecido, compensa el tiempo cumplido en la pena que se le imponga. Lo que sí es cierto es que tiene temor. Teme que si lo mandan a una cárcel su final pueda ser como el de Magdaleno Meza u otros prisioneros que han estado ligados a grupos de poder y redes de corrupción y que han sido asesinados en prisión. “Hay temor si termina en una cárcel; aún no sé qué haremos para asegurar su vida”, dijo el abogado.
La meta de los defensores de Suárez es esperar el 31 de marzo del 2021, fecha que señaló el Tribunal en materia de Corrupción para celebrar la audiencia preliminar. En ese momento Omar Menjívar oficializará el procedimiento abreviado. Saben que es la última oportunidad porque una vez decretado el auto de apertura a juicio oral y público, no podrán hacer más. Por eso lo que más pide Fernando y su abogado es protección. Que le garanticen, dice, que valió la pena colaborar para desenmascarar una de tantas redes de corrupción en Honduras.
