Por Alessadra Bueso
Periodista del CESPAD
17 de diciembre del 2020
De nada sirvió la evidencia que se presentó para develar la importancia que han tenido las oenegés y fundaciones de maletín en el saqueo de fondos públicos, en casos como el de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), ente desde el cual se desviaron unos 282 millones de lempiras (12.5 millones de dólares) que fueron a dar al bolsillo de personas particulares y que sirvieron para financiar campañas políticas. Este desfalco, que dio vida a La Caja de Pandora, el caso de corrupción que desnudó a las élites políticas con más de 30 acusados, a más de dos años de haberse presentado, solo tiene en su haber a tres implicados que irán a juicio oral y público, con probabilidades de que con su absolución, se ponga fin a Pandora.
La Caja de Pandora es el cuarto caso de corrupción que presentó en el 2018, la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Pero, aunque este caso desnudó una red de corrupción, detrás de una trama novelesca con la que se acusó a unas 30, entre personas particulares, funcionarios públicos y muchos diputados y diputadas, solo irán a juicio oral y público los únicos tres implicados que quedan.
Hoy, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), sigue el caso. Busca estrategias para debilitar las redes de corrupción pese al golpe que en el mes de agosto del 2020 dio la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al decretar un sobreseimiento definitivo para 22 de los acusados que, en su mayoría, eran coordinadores de campaña del Partido Nacional, dejando en el proceso judicial solo a cinco del grupo de acusados.
Lo que queda del caso
El 9 de diciembre del 2020 comparecieron ante el Juzgado en materia de Corrupción, a la audiencia preliminar, Jacobo Regalado, ex ministro de la SAG, Fernando Suárez, Laura Arita y Norma Montes. La UFERCO solicitó la apertura a juicio oral y público, sin embargo, solo tres se someterán a ese procedimiento debido a que la defensa de Fernando Suárez solicitó un procedimiento abreviado.
En la misma audiencia, la UFERCO pidió el sobreseimiento definitivo a favor de Velkis Rosibel Hernández; la defensa de la acusada demostró que le falsificaron la firma y que en ningún momento firmó una constancia a favor de una Organización No Gubernamental. Hernández había sido acusada por la falsificación de cuatro documentos públicos.
El caso Pandora, pese a que evidenció cómo esta red utilizó los fondos que originalmente estaban destinados a proyectos de desarrollo en el llamado corredor seco para beneficiar a familias pobres, en especial mujeres solas, madres solteras, jefas de hogar, fue desmantelado. Las principales figuras fueron sacadas del ruedo para exculparlas de ser parte de la red que utilizó esos recursos, de acuerdo con el requerimiento fiscal, hasta para financiar la campaña de Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras.
Los absueltos y dejados en libertad
La lista de quienes, de acuerdo con el Ministerio Púbico, integraban la red de corrupción en el Caso Pandora está conformada por ex ministros de finanzas, ex alcaldes, personas del mundo de la empresa privada; diputado/as del Congreso Nacional, secretarios y sub secretarios de Estado, Gobernadores departamentales, funcionarios de Casa Presidencial, coordinadores de campaña del Partido Nacional, entre muchos más.
Más en detalle, los 22 implicados absueltos, meses atrás, fueron: William Chong Wong (con extinción de responsabilidad penal por fallecimiento y fue exministro de Finanzas); Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos (Esposo de la extinta Hilda Hernández, hermana del presidente de Honduras); Lenin Rigoberto Rivas Velásquez, Arnaldo Urbina Soto (ex alcalde de Yoro), Eduardo Enrique Lanza Raudales (Representante legal de Lanza Electromecánica S de RL, además de Consejero de la empresa REPRIMHSA vinculada con ASTROFARMA); Ernesto Galeas Martínez, Elden Vásquez (Diputado del Partido Nacional); Wilson Rolando Pineda (Gobernador de Lempira), Carlos Alberto Pineda Fasquelle (Viceministro de la Secretaría de Mi Ambiente y coordinador de campaña en Copán); Miguel Edgardo Martínez Pineda (Diputado del Partido Nacional y coordinador de campaña en Comayagua); Arnold Gustavo Castro Hernández (Esposo de la diputada Gladys Aurora López); Félix Francisco Pacheco Reyes (Empresario de Aviación Tecnológica, S.A., Aviatsa, ahora Honduras Air); Redin Lenín Chávez Galindo (Regidor de la Alcaldía de Tocoa, Colón por el Partido Nacional y Coordinador de Campaña en Colón); Hernán Seaman Elvir (Comisionado Presidencial para la Región 9 y 10, Biosfera y la Mosquita); Josué Francisco Velásquez Sánchez (Empleado de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG); Elvin Ernesto Santos Ordoñez (Diputado por el Partido Liberal); José Celín Discua Elvir (Diputado del Partido Nacional y coordinador de campaña en El Paraíso); Ramón Antonio Lara Bueso (Director del Instituto Nacional Agrario INA); Franklin Erick Toruño Colindres (Diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Frente Amplio); Rodolfo Irías Navas (Diputado del Partido Nacional y Coordinador de Campaña en Atlántida); Armando José Rivera Marroquín (Asistente Ejecutivo de Casa Presidencial), y José Adolfo Sierra Morales (Propietario de la Empresa Servicios e Inversiones-AID).
Una denuncia por prevaricato que nunca procedió
El 29 de septiembre del 2020, la Corte de Apelaciones también dictó sobreseimiento definitivo a dos imputados más del caso Pandora y ordenó dejar sin efecto las medidas cautelares. Este beneficio fue para Luis Fernando Urrutia y Claudia Noriega González (Coordinadora del Proyecto Tarjeta “La Cachureca” durante la Campaña presidencial 2013), acusados del delito de fraude.
La UFERCO denunció a los magistrados que integran la Corte de Apelaciones Natural del Poder Judicial por el presunto delito de prevaricato negligente. Los magistrados son Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, María Fernanda Castro Mendoza y Edwin Francisco Ortez Cruz, por la decisión de la Corte de sobreseer de manera definitiva a los implicados en el caso. Los Fiscales consideran que la determinación fue “carente de lógica elemental” y tergiversa con negligencia e ignorancia la interpretación de la jurisprudencia invocada y no se valoraron los hechos que se acreditaron. “Esto linda entre lo legal y lo ilegal y creo que detrás de todas estas resoluciones hay otras situaciones”, dijo Luís Javier Santos, Fiscal de la UFERCO.
El caso Pandora tocó la estructura política del Gobierno y movilizó a las redes de corrupción para obtener, con apoyo de otras instituciones del Estado, el blindaje perfecto. En este caso se han violentando preceptos constitucionales al aprobarse, desde el Congreso Nacional, reglamentos, leyes y reformas a leyes, que obstaculizan las investigaciones. Mientras, en el Poder Judicial hay un retardo en la resolución de los recursos de inconstitucionalidad que fueron interpuestos ante estos blindajes.
Al final, dicen los entendidos en la materia, todo es una muestra de cómo se confabulan los grupos en el poder, con un solo fin: protegerse.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
