Autor del documento: Bladimir López
Revisión de estilo: Claudia Mendoza
Introducción
Más allá de los impactos de los huracanes Eta y Iota, estos eventos climáticos dan pistas para sostener la idea que Honduras atraviesa por un proceso de crisis ecosocial de gran espectro que ha elevado la vulnerabilidad climática, territorial y ambiental para la sociedad hondureña. En ese contexto surge la importancia de indagar la forma en que la crisis ecosocial se manifiesta en el país y la forma en la cual promueve vulnerabilidades en las comunidades, a la luz de las políticas púbicas fallidas en la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial.
De igual forma, en este análisis se plantean una serie de ejes sobre los cuales se puede desarrollar un pacto ecosocial desde abajo y desde los movimientos socio territoriales, como una contrapropuesta ante el actual proceso de reconstrucción nacional sostenible que emprende la administración de Juan Orlando Hernández, con el objetivo de dar respuestas a los problemas estructurales y a los impactos que genera la crisis ecosocial en la sociedad hondureña.
I. La crisis eco social en Honduras
El Golpe de Estado del 2009 nos introdujo a la idea que Honduras estaba sumergida en dos grandes crisis: la histórica (construcción y evolución de un Estado Oligárquico) y la estructural (privatización de los servicios públicos y bienes comunes naturales: tierra, agua, bosque, playas). En el marco del impacto del Covid19 y de los Huracanes Eta y Iota, se ha evidenciado con fuerza una tercera crisis: la crisis ecosocial.
La crisis ecosocial está íntimamente relacionada con la visión de desarrollo que promueve el sistema capitalista y su enfoque extractivista que, ante la explotación de los bienes comunes naturales para acrecentar riquezas y beneficios, ha generado mayor vulnerabilidad ambiental y territorial, exclusión y pobreza en los territorios. La crisis ecosocial promueve el cambio climático, produce inseguridad alimentaria, desplazamientos climáticos, refuerza el tema de los cuidados en las mujeres y aumenta la vulnerabilidad territorial, producto de la deforestación y expansión de la política habitacional urbana y la frontera agrícola.
El paso de Eta y Iota ha dejado a su paso cinco tipos de impactos: humanitarios, inseguridad alimentaria, desplazamientos climáticos, salud pública y acrecentado la violencia de género. En el caso de Honduras, esos impactos son promovidos por tres problemas de fondo: el cambio climático, la crisis ecosocial y la débil institucionalidad en gestión de riesgo. Alrededor de la actual crisis el régimen Hernández ha hecho especial énfasis en el primer problema (desde una mirada meramente económica) y ha soslayado absolutamente los dos últimos, obviando los problemas de fondo que generan la vulnerabilidad territorial y ambiental que atraviesa la sociedad hondureña y la falta de respuestas efectivas desde la institucionalidad pública.
La actual coyuntura del país nos indica que esos tres problemas de fondo tienen una manifestación económica, política e ideológica. Primero, las ecorregiones más afectadas por el cambio climático son aquellas en donde las políticas de gestión de riesgo y ordenamiento territorial no han podido avanzar, debido a los bloqueos que imponen la élite económica y extractivista, en relación con los temas de política habitacional y expansión de la frontera agrícola. Segundo, las comunidades rurales más afectadas son aquellas donde existe mayor destrucción ambiental, debido a la deforestación y a los impactos negativos de los proyectos extractivos. Tercero, la falta de respuesta efectiva a las consecuencias de los eventos climáticos se debe a que la institucionalidad pública encargada de gestionar el tema climático y ambiental, históricamente ha sido administrada por militares y políticos, quienes no cuentan con las habilidades científicas y técnicas requeridas.
En Honduras el cambio climático se presenta mediante los siguientes riesgos: depresiones tropicales, tormentas, huracanes, marejadas, inundaciones y sismos. La ubicación geográfica del país en la región caribeña, lo expone a ciclones y sismos, especialmente la zona norte y nororiental. Por su parte, el centro y sur del país presentan en cambio mayor riesgo por sequía. Además, debido al perfil montañoso del país, la amenaza de movimientos de ladera es muy alta, especialmente durante la temporada lluviosa.
De acuerdo con un informe del Banco Mundial (BM), el 30.9% de la población hondureña habita en lugares de riesgo. Señala que el 62% del territorio nacional y el 92% de la población total, está en riesgo por dos o más amenazas naturales. Honduras es uno de los tres países más vulnerables del mundo al cambio climático y la última década fue el segundo más afectado por huracanes, tormentas o inundaciones. En ese sentido, entre 1980 y 2014 el país ha padecido 39 desastres naturales, que han causado 15,539 víctimas y han afectado a 3,456,558 personas, lo que equivale a 17.79 personas por cada 1,000 habitantes.
En ese marco se puede colegir que el cambio climático es un proceso que surge de manera natural. Sin embargo, existe una vasta evidencia científica que sostiene la idea que el cambio climático es producto de las actividades humanas generadas en el marco del modelo de desarrollo y modo de vida capitalista. El cambio climático es producto de la crisis ecosocial que atraviesa la sociedad, debido al excesivo uso de combustibles fósiles, responsable de mover la industria capitalista, la destrucción y explotación sistémica de la naturaleza, la contaminación ambiental, la expansión de la frontera agrícola y urbana, entre otros aspectos.
Antes de indagar sobre la crisis ecosocial, es importante mencionar que Honduras es un país que no expulsa grandes cantidades de carbono a la atmósfera y en el fondo es víctima de las malas prácticas económicas y ambientales de los países industrializados, principales responsables de provocar el cambio climático. Históricamente ha existido en el país un “reconocimiento del cambio climático hacia afuera”, sin embargo, “se niega hacia adentro el cambio climático” lo que se evidencia con los pocos esfuerzos desde la institucionalidad pública por frenar la crisis ecosocial que atraviesa la sociedad hondureña, la que hace vulnerable a la población cuando el territorio es golpeado por fenómenos climatológicos.
Las emergencias climáticas provocadas por Eta y Iota nos introducen a la idea que la crisis ecosocial se caracteriza básicamente por tres rasgos principales: la extralimitación, el desequilibrio y la ineficiencia, producto de las políticas neoliberales implementadas en relación con el clima y el medio ambiente. Lo anterior nos permite comprender la forma en la cual la crisis es promotora de desastres naturales, destrucción de ecosistemas y responsable de aumentar los niveles de vulnerabilidad territorial y ambiental en las poblaciones rurales y poblaciones urbanas.
La extralimitación se refiera a la forma en la cual el desarrollo neoliberal ha sobrepasado los límites biofísicos y territoriales, conllevando a una serie de presiones sobre los ecosistemas. También permite comprender el fracaso de las políticas públicas de gestión del riesgo. En Honduras la extralimitación se manifiesta alrededor del crecimiento poblacional, la migración interna y su concentración en zonas de riesgo y la transformación del sector agrícola, entre otros.
Los informes del PNUD resaltan que las regiones con mayor riesgo y vulnerabilidad ambiental son las que más crecimiento poblacional han experimentado en las últimas dos décadas. Producto de un desarrollo y crecimiento económico regional desigual, la migración interna sigue concentrando población en zonas de riesgo (La Ceiba, Progreso, San Pedro Sula, Tocoa). Mientras que la expansión no planificada de la frontera urbana, ha conllevando a que el 54.1% de la población del país resida en asentamientos, en condiciones precarias. La transformación del sector agrícola y su fuerte énfasis en la agroindustria y la agroexportación ha provocado, por un lado, la expulsión masiva de población rural hacia la ciudad y, por otro lado, desplazado al sector campesino a tierras vulnerables a sequías e inundaciones.
En lo referente al desequilibrio, las políticas neoliberales han instaurado un desequilibrio socio-espacial en el cual prima lo urbano frente a lo rural y la zona litoral frente a la interior. Este desequilibrio se salda con efectos sociales y ecológicos perniciosos en ambos polos. En las zonas urbanas y de litoral donde se concentra la población y la actividad económica, se caracteriza por una creciente artificialización del territorio y degradación de los ecosistemas.
En Honduras el desequilibrio está íntimamente relacionado con el fracaso de las políticas públicas de ordenamiento territorial. Informes señalan que el 30.9% de la población hondureña vive en lugares de riesgo ante los fenómenos ocasionados por el cambio climático. Los elementos que la política territorial de país sigue sin resolver son los siguientes: problemas derivados del desequilibrio territorial (desarrollo regional desigual), degradaciones ecológicas y despilfarro de los recursos naturales ( deforestación, contaminación, cultivos en laderas), ignorancia de los suelos y localización de actividades y problemas de regionalización y descentralización del país.
El anterior desequilibrio se expresa de manera compleja. Primero, el tema presupuestario. En lo referente al sector medioambiental, la asignación presupuestaria es menor del 1% del presupuesto total. Una baja inversión pública hace a la población más vulnerable a los efectos del cambio climático y a las crisis ecosociales. Segundo, la falta de capacidad estratégica de las municipalidades. De los 298 municipios, 77 resultan con alta vulnerabilidad, lo que representa un 26%, aproximadamente, del total de gobiernos locales. Con una vulnerabilidad media se tienen 149 municipios que representan casi un 50% y con una vulnerabilidad baja sobresalen 72, que equivalen a un 24% de las municipalidades. A lo anterior hay que agregarle que apenas 97 municipalidades, que representan el 33%, cuentan con planificación territorial y un total de 201 alcaldías, que representan el 67%, no cuentan con planes territoriales.
Tercero, la precaria inversión en la prevención de las crisis ecosociales y del cambio climático. En Honduras a lo largo de los años se ha utilizado en mayor proporción el componente de mitigación con un 38%. En segundo lugar, para el componente de reconstrucción con un 31%. Mientras que los componentes de atención a la emergencia, preparación y prevención, componen el 21%, 9%, y 2% respectivamente. En conclusión, se evidencia una baja inversión en prevención, a pesar de que diversos estudios y análisis muestran que esta es la inversión más rentable y eficaz en gestión de riesgo.
II. El movimiento socio territorial y el pacto ecosocial en Honduras
Los impactos negativos de Eta y Iota han reposicionado la necesidad de que la sociedad hondureña avance hacia un pacto ecosocial que ponga en el centro el tema del clima, naturaleza, género, medio ambiente, en relación con los modelos de desarrollo. Lo anterior surge en un contexto en el cual la administración Hernández ha emprendido un proceso denominado “Reconstrucción Sostenible de Honduras”, que no ofrece una salida radical e integral a la crisis climática y ecosocial descrita en párrafos anteriores, debido a una serie de limitaciones y ambigüedades.
Por otro lado, es importante mencionar que en los últimos años el movimiento socio territorial ha posicionado en el imaginario político y en la agenda pública, los problemas que Eta y Iota han dejado al descubierto: la expansión de la frontera agrícola y su impacto en la gestión de riesgo, el acceso a tierra y la inseguridad alimentaria, la migración del campo a la ciudad (producto de la trasformación de la política agraria), y las debilidades de ordenamiento territorial y extractivismos y vulnerabilidad ambiental y territorial.
La idea del pacto ecosocial se ha venido planteando en el marco de la pandemia del Covid19, por diversas organizaciones y movimientos sociales en la región Latinoamericana. El pacto es comprendido como el punto de partida para transformar la economía mediante un plan holístico que dé respuesta a la crisis ecosocial y, a la vez, persiga una sociedad más justa e igualitaria. Lo anterior será posible si el Estado legisla a favor del ambiente, reduciendo la crisis ambiental y climática, así como las desigualdades entre los diferentes grupos sociales, bajo el entendido que la justicia ecológica y social van juntas.
En Honduras el pacto ecosocial sería una respuesta desde abajo y desde los movimientos socio territoriales al proceso de transformación nacional sostenible, impulsado desde la administración de gobierno. En ese sentido, diez ejes pueden constituir el pacto ecosocial:
- Construcción de un Estado Intercultural: Este proceso deberá integrar a la vida política y social a las distintas culturas indígenas y garífunas que conforman el tejido cultural del país, como punto de partida para empezar a cimentar relaciones e interacciones de modo horizontal y sinérgico, mediante el reconocimiento y el diálogo de saberes para enfrentar la crisis climática y ecosocial. Avanzar en la construcción de un Estado Intercultural significa que el tema territorio y desarrollo (en su sentido más amplio) estará en el centro del debate, debido a la relación existente entre extractivismos, racismo, cambio climático y crisis eco social.
- Políticas integrales para la conservación del suelo: Honduras, por su geografía, cuenta con suelos débiles y proclives a derrumbarse con facilidad en épocas de lluvias prolongadas. El estudio de la tierra aparece como uno de los principales paradigmas para prevenir y mitigar los derrumbes, el cual, a la vez, deberán dar pistas para emprender políticas integrales para la conservación del suelo. Estas políticas de conservación deberán integrar las prácticas tradicionales que por generaciones se han implementado en las comunidades rurales, en los esfuerzos por no depender de las grandes construcciones de infraestructura que en ocasiones hacen imposible la implementación de este tipo de medidas.
- Construcción de economías y sociedades postextractivistas: Para proteger la diversidad cultural y natural, se necesita una transición socioecológica radical, una salida ordenada y progresiva de la dependencia de la minería, las hidroeléctricas, la deforestación y los grandes monocultivos, los que elevan la vulnerabilidad territorial de las comunidades rurales que se ven afectadas por los fenómenos climáticos. Esta transición económica y social deberá de tener en el centro el buen vivir (reconocimiento de los derechos de la naturaleza) y la ambientalización de la sociedad hondureña.
- Renta climática universal básica: Con el objetivo de amortiguar los impactos negativos de los eventos climáticos, es importante que la ciudadanía en condición de igualdad y de derechos acceda a una renta climática universal básica, con el objetivo de hacerle frente al impacto que dejan los eventos climáticos. Esta renta permitirá que en el corto y mediano plazo los desplazados climáticos enfrenten de manera estratégica y sostenible sus procesos de reconstrucción de vida familiares, mientras el tiempo que el Estado emprende acciones radicales para responder a las demandas de este sector poblacional.
- Sostenibilidad de las comunidades rurales: Como indican múltiples estudios, las comunidades rurales son las más afectadas por el cambio climático y los huracanes. En ese sentido la sostenibilidad busca fortalecer la autodeterminación de los pueblos indígenas, campesinos, garífunas y experiencias comunitarias urbanas populares en términos económicos, políticos, ambientales y culturales. Lo anterior, como punto de partida para pensar y emprender el desarrollo en términos sostenibles y renovables, mediante gestión de riesgo comprendida desde lo local, bajo el principio de la prevención y la mitigación como puntos de encuentro.
- Sistema Nacional de Cuidados: El paso de los huracanes evidenció, una vez más, la actual crisis social y humanitaria, al igual que la necesidad de abrir paso a la construcción de sociedades ligadas al paradigma del cuidado, mediante la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia en las políticas públicas. En ese sentido, el Sistema Nacional Público de Cuidados deberá atender las necesidades de personas mayores en situación de dependencia, mujeres, jóvenes, niños y niñas; personas con discapacidad severa y demás individuos que no puedan atender sus necesidades básicas. Lo anterior exige un abandono de la lógica mercantilista, clasista y concentradora, generadora de ganancias del sistema de salud.
- Reparación de daños ambientales y ecológicos: En ecorregiones, la actual crisis climática es producto del mal manejo que las empresas extractivistas hacen sobre el suelo y los recursos en general, ya sea por la actividad minera, forestal y el monocultivo. Esas actividades productivas han dejado a su paso destrucción ambiental y vulnerabilidad territorial, lo cual vuelve imperativo que el Estado obligue a las empresas a reparar los daños que causan al medio ambiente, en el marco de la normativa nacional existente y los tratados internaciones de Empresas y Derechos.
- Promover y priorizar la soberanía alimentaria: Ante la alta concentración de la tierra, es prioritario desarrollar políticas que apunten a su redistribución, al acceso del agua y una profunda reforma a las políticas agrarias, alejándose de la agroindustria y sus efectos ambientales y sociales nefastos. Se trata de priorizar la producción agroecológica, agroforestal, pesquera, campesina y urbana, promoviendo el diálogo de saberes. El proceso de soberanía alimentaria deberá priorizar el acceso a tierra, crédito solidario y mercados justos para las mujeres indígenas, campesinas y urbanas que con sus esfuerzos producen alimentos para el autoconsumo.
- Integración local y regional equitativa: Tal como lo establecen distintos informes, uno de los principales bloqueos que impide una gestión social del riesgo climático y ambiental es la ineficiencia de la actual política de ordenamiento territorial, la cual pasa por considerar el desarrollo desigual y la destrucción de medio ambiente. En ese marco, es importante un renovado proceso de ordenamiento territorial que tenga en el centro la integración local y regional de manera que el desarrollo económico y social sea planificado, integral, equitativo y refuerce los principios de intercambio y solidaridad por encima de la competencia y la lógica mercantilista. De esa forma, las regiones gozarán con mejores condiciones de vida y al momento de hacerle frente a eventos climáticos, la ciudadanía tendrá los medios necesarios para enfrentar las emergencias climáticas.
- Promover una ciencia de la geografía, del clima y del ambiente: Ante las crisis climáticas y ecosociales es importante reforzar la parte científica y técnica del pacto ecosocial, mediante la formación de talentos que gestionen objetivamente la crisis climática y ecológica. Lo anterior pasa por conformar equipos diversos que sean capaces de proponer modelos de análisis que promuevan procesos integrales de gestión de riesgo y ordenamiento territorial. A la vez, que logren influir en políticas públicas referentes al clima, desarrollo y medio ambiente.
En definitiva, el pacto ecosocial deberá estar integrado por la justicia ambiental, justicia social, justicia de género y justicia racial, en los esfuerzos por dar respuestas a los problemas estructurales que generan la crisis ecosocial en la sociedad hondureña.
