Por CESPAD
14 diciembre 2020
Sólo el exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado, junto a Laura Arita, Fernando Suárez y Norma Montes, siguen el proceso judicial en el caso Pandora. El resto de acusados, en su mayoría políticos, fueron sobreseídos. Se trata de un caso cuyas resoluciones judiciales se clasificaron en dos niveles: los que transfirieron el dinero y los que lo gastaron.
Jacobo Regalado es la figura sobre la cual se concentró la fuerza de la justicia. Resultó el perfil emblemático en el caso de corrupción La Caja de Pandora, una red de corrupción que a través de estructuras como fundaciones y organizaciones no gubernamentales, robó unos 282 millones de lempiras (unos 12 millones de dólares), del erario de Honduras. Inicialmente en el caso, que fue develado por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), el 15 de junio del 2018, se implicó a 38 acusados, entre personas particulares, funcionarios públicos y diputado/as del Congreso Nacional de Honduras.
Regalado pasó dos años en prisión preventiva, recluido en un cuarto que está separado del ambiente general de privados, en el módulo especial que se construyó en el Primer Batallón, ubicado en Tegucigalpa, Francisco Morazán. Regalado compartió habitación con Leonel Sauceda (Comisionado de la Policía, acusado de lavado de activos), Miguel Rodrigo Pastor (Acusado en el caso Narco-política) y Mario Zelaya (Acusado en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS).
Pero el jueves 10 de diciembre, el Juzgado de Letras Nacional en Materia de Corrupción declaró con lugar la solicitud presentada por el Abogado Asdrúbal Murillo, defensor del ex ministro, para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva e interponer otras medidas, menos gravosas, mientras esperan que se determine la fecha de inicio del juicio oral y público. “Se le impuso a Regalado, a partir de la resolución del Juez, las medidas cautelares contentivas en el artículo 173 del Código Penal”, explicó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva.
Es decir, Regalado ahora se defenderá en libertad y permanecerá en arresto domiciliario, con vigilancia policial. Y su equipo de defensa, en este caso el Abogado Murillo, será el encargado del cuidado del acusado. Y son seis medidas las que deberá cumplir mientras espera el juicio oral; deberá presentarse los días lunes al Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula, ya que es su lugar de residencia; se le prohibió salir del país y por eso el Juzgado en Materia de Corrupción giró las alertas migratorias correspondientes a la Dirección del Instituto Nacional de Migración (INM).
Otra disposición del Juez fue prohibir que Jacobo Regalado concurra a determinados lugares, entre ellos, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Y la última medida, es que debe poner a favor del Estado una caución hipotecaria de un bien inmueble. En este caso, la madre del ex ministro se constituirá como fiadora hipotecaria para responder con un bien inmueble de su propiedad por la libertad del acusado.
El mismo jueves 10 de diciembre, el Juez libró el oficio correspondiente y fue remitido a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), para hacer de su conocimiento esta resolución y el viernes 11 de diciembre, salió del Primer Batallón rumbo a su casa de habitación en San Pedro Sula, donde permanecerá bajo vigilancia.
Se venció su prisión preventiva
A Regalado se le venció el periodo de tiempo que establece la Ley para la figura de prisión preventiva y ese fue el motivo que expuso su abogado para solicitar el cambio de medida. Regalado fue el único que desde el inicio del caso Pandora se mantuvo en prisión. Desde el 28 de julio del 2018, pasó sus días en cuatro paredes del módulo en el Primer Batallón, donde, de acuerdo con una fuente cercana a él, le acompañaba una imagen de la virgen María y una biblia.
Para el exfiscal General de Honduras, Edmundo Orellana, en este caso el Tribunal “liberó de responsabilidad a quienes disfrutaron del dinero, a los que pagaron cuentas de campaña con dinero destinado a mujeres; eran fondos que buscaban elevar la calidad de vida y producción. Al liberarlos, dejaron presos a los que sustrajeron el dinero. Con esto lo que nos dice la justicia es que vamos a castigar al que sustraiga el dinero del Gobierno, pero no al que haga uso indebido del dinero”.
El mensaje que deja Pandora es claro, agrega Orellana, más en época cercana al proceso de elecciones internas de los partidos políticos, “porque se deja por sentado que quien sustraiga dinero del erario puede sentirse tranquilo. Saben que aunque se les señale, gozará de medidas sustitutivas y también que se les van a reducir las penas porque la red de corrupción trabajo en reformas del Código Penal. Es un magnífico mensaje para los corruptos”.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
