Por: Claudia Mendoza, periodista y analista del CESPAD
7 de diciembre, 2020
Fiscalías acorraladas por el poder político y el crimen organizado, y operando con presupuestos muy por debajo de lo requerido; amenazas y hostigamiento a los fiscales que tienen a su cargo investigaciones de alto impacto, o elección de fiscales generales impuestos, sin transparencia y sin participación ciudadana, son entre muchos más, los denominadores comunes de las Fiscalías en América Latina.
La lista de los problemas que enfrentan los Ministerios Públicos o Fiscalías (en algunos países) es interminable y sobre todo muy preocupante. El contexto que evidenciaron 11 voceros que representaron a unas 40 organizaciones civiles, colectivos y personas defensoras de derechos humanos representativos de la región, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es alarmante.
En la audiencia, que se llevó a cabo el 4 de diciembre, se plantearon serios obstáculos y desafíos que afectan la independencia de los fiscales y las fiscalías en países como Guatemala, El Salvador, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Honduras.
Venezuela: “No hay investigación pronta y transparente”
En representación de Venezuela, Mayda Hocevar, Directora del observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, acompañada por Iván Toro, ex fiscal y abogado del Observatorio, dijeron en la audiencia que una serie de políticas implementadas por el Estado han socavado severamente la independencia de la Fiscalía al punto de llevar hacia una progresiva destrucción la carrera fiscal y el consiguiente carácter provisorio de todos los fiscales.
“No solo se han suspendido desde hace 3 años los concursos públicos sino que los cargos de fiscales se convirtieron por decreto, en el 2018, en cargos de libre nombramiento y remisión por parte del fiscal general”, afirmó Hocevar.
Por vía de la ley orgánica del Ministerio Público, sostuvo la disertante, el Fiscal General tiene una jerarquía que le permite limitar la actuación autónoma de los fiscales, y removerlos o sancionados por no acatar instrucciones superiores. Asimismo, sostuvo que en Venezuela se han transgredido las reglas constitucionales en relación con la elección del Fiscal General, eliminando la exigencia que sea una mayoría calificada de la Asamblea Nacional, quien lo designe.
Entre muchas otras situaciones, Hocevar expuso que la situación se ha agravado desde el año 2017, cuando el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, destituyó, sin el debido proceso, a unos 400 fiscales por manifestarle su descuerdo con las actuaciones del gobierno, ocupando esos cargos personas que no tenían las competencias.
Perú: “Un Ministerio Público que opera con la tercera parte de presupuesto que necesita”
Pero si la situación de Venezuela es preocupante, Perú no se queda atrás. Cruz Silva, en representación Instituto de Defensa Legal y el Grupo de Trabajo contra la Corrupción hizo una corta radiografía de cómo opera la Fiscalía de Perú. Una de las primeras situaciones que destacó es que el Ministerio Público de su país realiza una labor con apenas la tercera parte del presupuesto que necesita. Más en detalle, citó las amenazas y persecución que en lo interno se lleva a cabo en contra de fiscales probos que llevan casos de alto impacto.
“Todos los ex presidentes están siendo investigados”, narró en su intervención, advirtiendo que esa no era una buena noticia del todo. “Señalamos que no es signo de éxito. Los investigados se han beneficiados por medidas urgentes”, explicó, haciendo alusión a la aprobación de leyes que blindan a funcionarios públicos, incluyendo ex presidentes, que están siendo acusados de actos de corrupción por el Ministerio Público.
Consecuente con ese dato, Silva cuestionó, además, que ante la falta de autonomía e independencia del Ministerio Público de ese país y de fiscales involucrados en redes de corrupción, muy poco o nada se avanza en las investigaciones de los casos de alto impacto. Agregó que mientras la corrupción avanza favorecida por las reformas a las leyes que benefician a los grupos de poder, la ciudadanía pierde confianza en el sistema de justicia peruano.
México: “Un Ministerio Público sin independencia de las decisiones del Poder Ejecutivo”
La situación de México no dista nada de la expuesta atrás por Perú y Venezuela. Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho-México y en representación del Colectivo contra la Impunidemia y del Colectivo FiscalíaQueSirva, describió en su país a una Fiscalía sin independencia de las decisiones y autoridad del Poder Ejecutivo. Se trata, afirmó, de una Fiscalía que no ha sido depurada y que tiene en su haber personal que ha cometido violaciones de las leyes.
Según Delgadillo, la Fiscalía se ha convertido en un instrumento del poder, sin resultados en casos de gran corrupción y de violaciones a los derechos humanos. En su disertación dijo que es urgente que pregunten a México qué está pasando y que se alerte al gobierno mexicano para que cumpla con las layes. “México necesita del acompañamiento de la Comisión Interamericana y de la ONU. Necesitamos que le apuesten a un cambio estructural. No nos dejen solos”, dijo con tono de preocupación, el finalizar y mencionar, entre otras, las situaciones que enfrenta el Ministerio Público de su país.
Honduras: “Una Unidad de investigaciones de alto impacto, sin apoyo”
Por Honduras, la abogada Kenia Oliva, en representación del Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), y de Abogados Sin Fronteras-Canadá (ASFC), destacó la preocupación especial en torno a la exposición del Ministerio Público a las inferencias políticas que obstaculizan la persecución efectiva de las prácticas de corrupción en el país, en particular a través de la aprobación de diferentes normas tendentes a obstaculizar el desarrollo de las investigaciones penales y el debilitamiento de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
Oliva hizo una pequeña radiografía de cómo luego de la salida de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH), y el desmantelamiento de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ahora UFERCO, esta Unidad ha sido diezmada en su capacidad logística y humana.
Es decir, la situación de la UFERCO, Unidad que tiene a su cargo casos emblemáticos de corrupción en los que se investiga a altos funcionarios de la administración pública, es difícil pues opera en condiciones adversas porque, entre otras situaciones, le fue disminuido el personal, al igual que el salario del poco equipo humano que quedó.
El punto relacionado con el proceso de elección del actual Fiscal General, Óscar Chinchilla, también se abordó en la participación de la hondureña, quien destacó que si bien el Fiscal fue electo en el 2013, en medio de un proceso cuestionado, su relección en el 2017 fue peor, pues se le adjudicó el cargo sin siquiera haber participado en el proceso mismo.
Guatemala: “El debilitamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)”
Durante su intervención, el representante la Alianza por las Reformas de Guatemala, Elvin Díaz, sostuvo que luego de la salida de la Comisión (CICIG), la propia Fiscal General del Ministerio Público de Guatemala, Consuelo Porras, ha propiciado el debilitamiento de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y, además, con su aval, la apertura de 50 denuncias penales espurias, en contra de Juan Francisco Sandoval, el fiscal que ha encabezado las investigaciones anticorrupción más importantes en el país, en la última década, y quien es titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Cabe destacarse que la FECI empezó a funcionar la década pasada en estrecha colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Pero el pasado 7 de octubre, Porras anunció que avaló la apertura de nueve procesos contra Sandoval y al menos de otros dos fiscales adscritos a FECI.
Es así como Díaz destacó, junto a otros aspectos, el debilitamiento estructural del Ministerio Público de Guatemala y la criminalización del mismo personal de la Fiscalía que, incluso, ha llevado al exilio a unos 7 fiscales que han tenido que investigar estructuras poderosas criminales.
El Salvador: “la transparencia y la rendición de cuentas son una larga lista de actividades”
Eduardo Escobar, Director Ejecutivo de Acción Ciudadana, en representación del Capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la Red Salvadoreña de Defensoras de DDHH, el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Azul Originario y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvadora, subrayó que una de las preocupaciones en el país tiene que ver con el mecanismo de elección del Fiscal General, escogido exclusivamente por la Asamblea Legislativa, sin la intervención de ningún otro órgano del Estado.
Pese a la importancia de esta designación, ni la Constitución de la República, ni la Ley Orgánica de la Fiscalía regulan el proceso de elección. “La única regulación es el reglamento interior de la Asamblea legislativa, que tampoco es profusa en detalles del proceso. Esto implica que en cada oportunidad, la Asamblea debe implementar reglas específicas con el riesgo de que se intente beneficiar candidaturas específicas”, criticó. Además, señaló que el perfil de Fiscal General es poco exigente porque se deben cumplir solo con los requisitos para ser Magistrado de Apelaciones o de Cámara de Segunda Instancia.
Otra situación manifiesta está relacionada con la planificación estratégica de la persecución penal. Aunque la fiscalía ha aprobado varios planes de persecución penal para tenas específicos, como violencia contra las mujeres o crímenes del pasado, Escobar dijo que no se conoce si esas policías se están implementando, ni tampoco su nivel de progreso.
El disertante también señaló a la transparencia y a la rendición de cuentas de la Fiscalía como un problema. En la práctica, dijo, los informes de gestión de la Fiscalía son una crónica de las actividades realizadas antes que un balance de resultados obtenidos en su política de persecución penal.
La debilidad institucional de la Fiscalía en El Salvador, sostuvo, por otro lado, ha determinado que se requiera de un mecanismo de apoyo internacional como la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Finalmente, entre otras preocupaciones, recalcó la falta de un presupuesto adecuado, la brevedad del mandato del Fiscal General (solo por 3 años), la inexistencia de un cuerpo propio de investigaciones y los constantes ataques del Presidente de la República hacia el Fiscal General, como factores que afecta y limitan la actuación del Ministerio Público salvadoreño.
Las fiscalías de la región, un muro para la justicia de América Latina
La audiencia fue un espacio para plantearle a la CIDH, con énfasis, la necesidad de atender a las causas estructurales que explican los altos índices de impunidad en la región, resaltando el impacto de esta problemática sobre la protección de los derechos humanos. Asimismo, las y los peticionarios hicieron un llamado a la Comisión, con un tono de alarma, para que inicie un proceso para emitir un informe temático sobre la situación de los fiscales y las fiscalías, y que incorpore esta variable en todos sus análisis, informes, visitas, y mecanismos especiales de monitoreo.
El objetivo de la petición es el de visibilizar y atacar una de las más importantes causas de la impunidad: la cooptación, interferencia indebida, debilidad estructural, y opacidad de las fiscalías, así como la persecución, amenaza, criminalización y hostigamiento a las y los fiscales que tienen a su cargo la investigación de causas de graves violaciones a los derechos humanos y gran corrupción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su especial preocupación por la preservación de la institucionalidad democrática, y por la necesidad de impulsar la lucha contra la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos, en la que fiscales y fiscalías constituyen un actor esencial.
Puedes ver el informe completo aquí: https://bit.ly/37QnoJt
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
