Organizaciones civiles, colectivos y personas defensoras de derechos humanos representativos de 11 países de la región, presentaron en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 04 de diciembre de 2020, información sobre los principales obstáculos y desafíos que afectan la independencia de los fiscales y las fiscalías, con énfasis en la necesidad de atender a las causas estructurales que explican los altos índices de impunidad en la región, y resaltando el impacto de esta problemática sobre la protección de los derechos humanos.
Durante la audiencia, las y los peticionarios hicieron un llamado a la Comisión, con un tono de alarma, y le solicitaron que inicie un proceso para emitir un informe temático sobre la situación de los fiscales y las fiscalías, y que incorpore esta variable en todos sus análisis, informes, visitas, y mecanismos especiales de monitoreo, con el propósito de visibilizar y atacar una de las más importantes causas de la impunidad: la cooptación, interferencia indebida, debilidad estructural, y opacidad de las fiscalías, así como la persecución, amenaza, criminalización y hostigamiento a las y los fiscales que tienen a su cargo la investigación de causas de graves violaciones a los derechos humanos y gran corrupción.
En el caso de Honduras, se planteó una preocupación especial en torno a la exposición de la institución a las inferencias políticas que obstaculizan la persecución efectiva de las prácticas de corrupción en el país, en particular a través de la aprobación de diferentes normas tendentes a obstaculizar el desarrollo de las investigaciones penales y el debilitamiento de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su especial preocupación por la preservación de la institucionalidad democrática, y por la necesidad de impulsar la lucha contra la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos, en la que fiscales y fiscalías constituyen un actor esencial.
Puedes ver el informe completo aquí: https://bit.ly/37QnoJt
Organizaciones y personas peticionarias de la audiencia:
Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina-Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Argentina- Fundación Construir, Bolivia- Fundación Tribuna Constitucional, Bolivia-Londres 38, espacio de memorias, Chile- Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), Colombia- Observatorio Derechos y Justicia (ODJ), Ecuador-Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional, El Salvador-Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, El Salvador-Red Salvadoreña de Defensoras de DDHH, El Salvador-Servicio Social Pasionista (SSPAS), El Salvador-Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador-Azul Originario, El Salvador-Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, Acción Ciudadana, El Salvador- Impunity Watch Guatemala, Guatemala-Fundación Myrna Mack, Guatemala-Alianza por las Reformas, Guatemala-Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC), Honduras-Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Honduras-Bufete Justicia para los Pueblos (BJP), Honduras-Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho-FJEDD, México-Justicia Transicional México, Colectivo contra la Impunidemia, México, Colectivo FiscalíaQueSirva, México-Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú-Grupo de Trabajo contra la Corrupción, Perú- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Los Andes, Mérida, Venezuela-Carmen Alguindigue, Venezuela-Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos.
