Por Alessandra Bueso, periodista del CESPAD
13 noviembre, 2020
Son nueve las personas implicadas en el caso que documentaron las extintas MACCIH y la UFECIC. El caso Patuca III registra, de acuerdo con el expediente, la red de corrupción que defraudó al Estado, a través de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (UPER), de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción inició el juicio oral y público en contra de los imputados, a quienes se les acusa de delitos de fraude, cohecho, soborno doméstico, violación a los deberes de los funcionarios.
Este caso fue presentado en el mes de marzo del 2019, por la entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público y que ahora retoma a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO). Esta investigación fue producto del equipo integrado de investigación y persecución penal, en la que participaron expertos de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Los acusados, que según el expediente fueron parte de una red de corrupción que defraudó al Estado son Juan José Villada, Francisco Arturo Mejía (quien era el abogado y supuesto socio del grupo criminal «Los Cachiros»). Además, WaldinaLizeth Salgado su esposa y el hijo de ambos, Roberto Arturo Mejía Salgado. Otros imputados son: Renán Alexis Maldonado, Ada Amalia Puerto, Luisa Sofía Figueroa, Suyapa Lorena Rivera y Elia Virginia Medina.
De los acusados, sólo Ada Amalia Puerto compareció en la audiencia de manera virtual a través de zoom, porque el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción lo permitió por presentar una incapacidad médica. Puerto comparece junto a sus abogados Pedro Nolasco Rodríguez y el abogado sustituto José Aníbal Pineda Barrientos. Además, hay una persona del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción que garantiza su presencia. El resto de los ocho acusados estarán presentes en el juicio oral y público.
«En el proceso se ha evacuado un testigo del ente acusador del Estado y dos pruebas periciales que son concernientes a temas financieros», explicó Carlos Silva, vocero del Poder Judicial. El Ministerio Público evacuará la pericia documental con la cual la Fiscalía busca demostrar cómo la red cometió los ilícitos de los que se les acusa. Asimismo, se evacuará a dos testigos propuestos por las defensas de los imputados.
Según la investigación realizada, los acusados cometieron el fraude cuando invitaron a que se presentaran ofertas para el equipamiento de la unidad de viviendas del campamento base que se ubica en el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, en el departamento de Olancho, y que se adjudicó a un determinado grupo de empresas que se encontraban relacionadas entre sí, asignándose contratos millonarios que estaban sobrevalorados.
La investigación también mostró categóricas irregularidades en el proceso de adjudicación; la sobrevaloración de bienes que eran objeto del contrato de suministro, en algunos casos alcanzó hasta un 149% más del valor que tenían en el mercado dichos bienes. Según la Fiscalía, se demostrará en el juicio,también,la falsedad en la recepción de bienes, con el fin de que fueran pagados sin que existiera una entrega real de los mismos. En definitiva, acreditarán la colusión en la conformación de empresas a fin de defraudar al Estado hondureño.
Esta es una publicación que forma parte del proyecto: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, financiado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
