Alessadra Bueso
17 de octubre, 2020
Bajo los nombres, “Aportes de Campaña Política”, “Fondos propios aportaciones de allegados políticos” y “el salario devengado”, fueron abiertas 3 cuentas en banco FICOHSA, a las que fueron a dar 29 millones de lempiras (un millón 176 mil dólares), que tienen en la mira de la justicia al Alcalde de la capital de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, a quien se le supone responsable de los delitos de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la fe y la administración pública.
La trama
Aunque esos fondos fueron sustraídos entre el 2017 y el 2018, el caso en el que se involucra a Edil capitalino tiene su origen, de acuerdo con la investigación la Unidad Fiscal Especializada contra la Corrupción (UFERCO), en el año 2011, cuando se estableció que la Administración de los Recursos de la Alcaldía del Distrito Central, fueran “fideicomitidos”, de acuerdo al contrato de fideicomiso de administración vigente, firmado el 28 de febrero de ese año, modificado el 24 de enero del 2014, entre Ricardo Álvarez Arias (Alcalde de Tegucigalpa 2006-2014) y Javier Atala, de Banco FICOHSA.
Ese fideicomiso buscaba captar todos los ingresos percibidos por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en concepto de recaudación de impuestos y tasas, incluyendo las multas y recargos que puedan generar transferencias del Gobierno Central; donaciones, fondos obtenidos de préstamos, incluido pero no limitado al préstamo sindicado y cualquier otro ingreso. Los firmantes, autorizados por el Comité Técnico, a partir del 28 de enero del 2014, fueron Nasry Juan Asfura Zablah, Mario Roberto Zerón Suazo, tesorero municipal y Juan Carlos García Medina. Para obtener los fondos del fideicomiso, tanto el tesorero municipal y el alcalde del Distrito Central, emitían una carta de pago a Banco FICOHSA, para que emitieran cheques de caja por los montos solicitados, a favor de las personas que se indicaban en las cartas.
Las tres cuentas fueron abiertas en banco Ficohsa
Con el número 010-1013350327/4484207, fue abierta la cuenta bancaria “Aportes de Campaña Política”, en la que se depositaron 13 cheques por un valor de 11, 950, 023; la cuenta No. 200005864533 “Fondos propios aportaciones de allegados políticos”, en la que se depositaron dos cheques por valor de 1, 100, 000, y la cuenta No. 200006661334, “el salario devengado”, en la que se depositaron ocho cheques por un valor de 4, 400, 000 lempiras.
Es así que el documento y la investigación que realizó la UFERCO durante un año, establece que se emitieron 23 cheques a favor de Nasry Juan Asfura Zablah por un valor de 17, 450, 023 de lempiras y fueron depositados en tres cuentas abiertas en Banco FICOHSA, todas registradas a su nombre y con diferente perfil.
Se solicita antejuicio
La UFERCO presentó ante el Tribunal en Materia de Corrupción, una solicitud de antejuicio contra el alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, y la regidora Nilvia Castillo. Este procedimiento especial de antejuicio se realiza, fundamentado en lo establecido en la ley de municipalidades, en el artículo 28, numeral dos, que reza: “No ser responsables por sus propuestas dentro de la Ley, ni por sus opiniones vertidas en relación con sus funciones. En estos casos, si se les imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de antejuicio en la misma forma que a los jueces”.
A Nasry Juan Asfura Zablah, se le supone responsable, a título de autor de los delitos de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la fe y la administración pública. Mientras que Nilvia Ethel Castillo Cruz, cuarta regidora de la AMDC, deberá responder, también, como autora de los delitos de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos falsos y violación a los deberes de los funcionarios en perjuicio de la fe y la administración pública.
El Juez que conoce el caso resolverá en tres días si la petición de antejuicio es admitida o en caso contrario, se declara no ha lugar. Debe analizar, por otro lado, si hay méritos o no para acusar a ambos funcionarios, con base en la evidencia presentada. Cabe recordar que los alcaldes no tienen inmunidad, pero sí tienen esta prerrogativa, por lo que ahora el Juez determinará si se cumple con los requisitos para ejecutar la acusación contra Asfura y Castillo.
La investigación
La UFERCO remitió el expediente investigativo, que inició la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC), que contiene la investigación sobre las operaciones realizadas en el fideicomiso suscrito entre la Corporación Municipal del Distrito Central y Banco FICOHSA registrado con el Número 013-2018, del cual se desprende la denuncia 013-2018 LÍNEA B, aperturada el 11 de febrero del 2019, por la obtención de información financiera en relación con el desvío de fondos provenientes del fideicomiso en mención. Esos recursos se sustrajeron en el período 2017-2018, a través de la emisión de cheques, bajo el concepto de fondos rotatorios, especiales o reembolsos a nombre de Nasry Juan Asfura Zablah, Nilvia Ethel Castillo Cruz, Cinthia Elizabeth Borjas Valenzuela y otros.
Para obtener los fondos del fideicomiso, tanto el tesorero municipal y el alcalde del Distrito Central formulaban una carta de pago al Banco FICOHSA, para que emitiera cheques de caja por los montos solicitados a favor de las personas que se indicaban en las cartas.
La investigación reveló que de las cuentas bancarias abiertas se emitieron 189 cheques a nombre de 61 personas naturales. Según la UFERCO, al revisarse las liquidaciones de cada uno de los cheques se detectaron diferentes irregularidades como: liquidaciones menores por el valor de lo que fue autorizado y alteración de documentos para justificar los gastos como entrega de ayudas. Las personas a nombre de quienes salieron los cheques, informaron que no tuvieron conocimiento de esas ayudas; otras dijeron que sí recibieron ayudas, pero con montos que no coinciden con los liquidados.
También se encontró el uso de facturas repetidas para el mismo cliente, pero con diferentes montos. Se encontraron, además, facturas de una joyería, pero en la investigación de la UFERCO, no se pudo identificar los beneficiarios.
La UFERCO adjuntó varios elementos de prueba para acreditar la existencia de los ilícitos antes mencionados, fundamentando cada uno de los hallazgos encontrados, por lo cual presentan el antejuicio junto con documentación original. El fiscal Luis Javier Santos señaló en sus redes sociales que la intención de la solicitud es que el juez declare con lugar la persecución penal por parte del Ministerio Público.
Nota aclaratoria:
Esta es una publicación que forma parte del proyecto del CESPAD: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, apoyado por Abogados Sin Frontera-Canadá (ASFC), sin embargo, las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
