La corrupción en los programas de ayuda social y en la instalación de la ZEDE en Roatán
Introducción
Durante el mes de septiembre, la coyuntura del país en temas relacionados a los derechos humanos y su impacto en poblaciones vulnerables, estuvo marcada por tres acontecimientos principales:
- Corrupción en la entrega de alimentos en el marco del Programa Honduras Solidaria,
- El anuncio de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO), para investigar la corrupción detrás del Bono Solidario en beneficio de las mujeres y personas con discapacidad y,
- La corrupción en la instalación de la Zona Especial de Desarrollo (ZEDE), en Roatán.
I. Los programas alimentarios en la lupa del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
En el informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), “La corrupción en tiempos de COVID 19”, se señala que la corrupción durante la pandemia “suma más de 811 millones de lempiras, ubicando a la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), como la institución pública que más fondos ha dilapidado en la compra de los hospitales móviles, seguido de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), institución que utilizó fondos para la adquisición de equipo y material de bioseguridad no adecuado y, por último, sobresale la Secretaria de Salud (SESAL)”[1].
Sin embargo, en Honduras, de acuerdo con denuncias y documentación al respecto, la corrupción se extiende más allá de las instituciones encargadas de gestionar, de forma directa, la crisis sanitaria provocada por el Covid19. Hay denuncias serias de corrupción dentro de las instancias encargadas de administrar la crisis social y humanitaria devenida de la pandemia, como el caso del “Programa Honduras Solidaria”, principal iniciativa del Gobierno de Juan Orlando Hernández, para atender la crisis alimentaria que golpea con fuerza a los sectores más excluidos y vulnerables de la sociedad. Según cifras oficiales, el 51% de la población, es decir, 4 millones de personas, sufren inseguridad alimentaria en el país. En esa línea, un reciente informe de análisis del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), indica que hasta “el mes de agosto, 13 departamentos del país (Choluteca, Comayagua, Copán, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle y Yoro), reportaron un incremento de entre 9 y 32 por ciento, en su inseguridad alimentaria”[2].
Por un lado, es importarte señalar que el anterior panorama de crisis alimentaria está determinado por la ausencia de una política agrícola con enfoque de derechos, que responda a los problemas estructurales del agro (acceso a la tierra, asistencia técnica, financiamiento, mercados justos) y que garantice el acceso de la población a alimentos para el autoconsumo. Por otro lado, el Programa Honduras Solidaria, de corte populista y asistencialista (que reproduce los ciclos de pobreza y busca mantener una base social electoral) ha reemplazado la política de seguridad alimentaria y nutricional que existe en el país y releva a las instituciones encargadas de transparentar la política alimentaria.
En ese marco, los recientes hallazgos del CNA evidencian las irregularidades que giran alrededor de la ejecución de los fondos del Programa Honduras Solidaria. El informe señala que “los datos y documentos disponibles en el portal, no cumplen a cabalidad con los criterios de calidad emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), y la información publicada se caracteriza, en su mayoría, por un elevado índice de opacidad, por la falta de justificación y sustentación de las compras, donaciones y demás actividades emprendidas”[3]. El informe, además, critica fuertemente la visión populista y asistencialista detrás de ese programa.
Por su parte, la administración Hernández, en cadena nacional de radio y televisión, cuestionó las declaraciones vertidas por el CNA, afirmando que “los proveedores nacionales que participaron en el proceso de suministro de alimentos y artículos de higiene y seguridad personal, resaltan la transparencia del Programa Honduras Solidaria”[4]. Además, “que se ha invertido un aproximado de 659 millones de Lempiras en las tres etapas de las entregas de la bolsa solidaria, beneficiando a más de 2 millones de personas”[5].
En el fondo, el manejo político autoritario de la actual crisis, caracterizado por una institucionalidad pública que ha cerrado espacios de participación y acceso a la información pública, ha imposibilitado veedurías que permitan transparentar, reorientar y hacer eficiente el actual proceso de entrega de alimentos, para asegurar que esa ayuda sea sostenida y beneficie a los sectores más excluidos y vulnerables de la sociedad.
II. La UFERCO va detrás de la corrupción en la entrega del Bono Solidario
Al inicio de la pandemia, distintas organizaciones de mujeres solicitaron a la administración Hernández ayuda económica para que madres solteras y en calamidad doméstica tuvieran acceso a fondos, a través de transferencias condicionadas. En ese sentido, “en el marco del Bono Solidario se aprobaron 49 millones 898 mil 500 lempiras que se entregarían a más de 6 mil mujeres para que realizaran pequeños emprendimientos y de esa forma paliar la crisis económica que golpea a sus familias”[6].
De igual forma, organizaciones defensoras de las personas con discapacidad demandaron al Gobierno la entrega del Bono Solidario, para que este segmento poblacional se abasteciese de alimentos y de medicinas. Debido a la presión, las autoridades de “la Secretaría de Desarrollo Social (SEDIS), dijeron, públicamente, que se aprobó un total de 26 millones de lempiras, fondos que, a la fecha, no han sido entregados a este grupo poblacional”[7].
Ante esas inconsistencias, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), “tiene conocimiento de la corruptela dentro del brazo financiero social del régimen, por lo que ya están emprendiendo varias líneas de investigación que terminaría con sendos requerimientos fiscales”[8]. Además, es de conocimiento público que, en este supuesto caso de corrupción, hay personas del más alto nivel de la SEDIS, involucradas en malversación de fondos públicos, una situación preocupante ya que esa institución es la encargada de promocionar y materializar la precaria política de protección social que existe en el país.
En la actual coyuntura, los bonos solidarios son medidas que se utilizan como paliativos ante la falta de estrategias económicas y humanitarias integrales, para atender las demandas de las mujeres y del sector discapacidad en tiempos de COVID-19. En el fondo, esas demandas son aprovechas por las élites políticas para:
- Aprobar grandes cantidades de dineros que son desviados y malversados
- Mantener una base social para apoyo electoral y,
- Aprobar los bonos con los que se desatienden de las políticas públicas, se niegan los problemas sociales y no se reconocen las demandas estructurales de cambio que promueven las organizaciones sociales.
III. La corrupción detrás de la instalación de PRÓSPERA- ZEDE-en Roatán
En el marco de la actual crisis sanitaria, social y humanitaria, durante el mes de mayo, se hizo pública la instalación de la primera ZEDE en Roatán, una de las tres islas del Departamento de Islas de la Bahía, zona insular de Honduras. La instalación de ese proyecto demuestra la intención de la administración Hernández de seguir entregando el territorio al capital multinacional, con la intención de despojar a las comunidades caribeñas de sus bienes comunes naturales. Próspera-ZEDE, un mega proyecto extractivo, educativo, turístico, industrial y hotelero que carece de legitimidad debido a que contradice preceptos constitucionales sobre la soberanía territorial; contará con un gobierno autónomo, la resolución de conflictos se ventilará mediante la normativa legal que construya la ZEDE y tendrá juzgados autónomos, al margen de la normativa nacional. Se trata de un proyecto que se caracteriza por la ausencia de la consulta ciudadana entre las comunidades isleñas. Además, desconoce los principales tratados y pactos internacionales en materia de derecho ambiental y territorial que el Estado ha firmado y ratificado en las últimas décadas.
En ese marco de contraofensiva extractivista y empresarial, “el 18 de septiembre el CEO de Próspera Roatán, Erick Brimen, visitó a la comunidad de Crawfish Rock (comunidad donde se instaló el proyecto), declarando abiertamente que el Estado de Honduras, por intermedio de las ZEDES, pueden declarar la expropiación de tierras, una afirmación que causó conmoción entre los pobladores de esa comunidad, la que pacíficamente expulsó al representante de Próspera”[9]. Desde entonces, las organizaciones isleñas han denunciado públicamente que se ha estado desarrollado una campaña de estigmatización y criminalización hacia los pobladores, con la clara intención de generar división entre las comunidades que se oponen a la instalación de la ZEDE.
Desde una perspectiva de derechos humanos Próspera-ZEDE, traería consigo una serie de impactos negativos a las comunidades isleñas, porque: i) abre un espacio para la expropiación de tierras comunitarias y públicas para uso privado, ii) limitará el acceso y control de las comunidades sobre el uso de los bienes comunes para fines colectivos (playas, bosques, pesca), iii) Potenciará casos de criminalización y judicialización contra personas defensoras del territorio y del medio ambiente y, iv) Acrecentará los problemas ambientales y ecocidios territoriales, generando grandes impactos en la comunidades y en sus formas de vida cultural y social.
IV. Recomendaciones
Desde el CESPAD consideramos que es necesario avanzar en una dirección estratégica, en el esfuerzo por darle respuesta a los problemas de seguridad alimentaria, atención a los sectores vulnerables y por salvaguardar los derechos territoriales en las comunidades de Roatán:
- Es necesario transparentar el proceso de entrega de alimentos y avanzar en la construcción de una política agraria y alimentaria que garantice la producción de granos básicos para el autoconsumo. En ese sentido, nos sumamos a las voces de las organizaciones campesinas y de mujeres que en la actual coyuntura demandan a la administración Hernández el acceso a la tierra, asistencia técnica, crédito y mercados justos para comercializar los productos agrícolas.
- En relación con los bonos solidarios, es importante que se entreguen en el marco de una estrategia nacional de atención humanitaria y social, con apuestas estratégicas y criterios unificados entre el Gobierno y las organizaciones sociales, con el objetivo de transparentar las distintas fases en la entrega de la ayuda humanitaria y responder, estratégicamente, a las demandas de los sectores más vulnerables, como las madres solteras y las personas con discapacidad.
- La instalación de Próspera-ZEDE en Roatán, por sus apuestas de desarrollo y dinámica empresarial, traerá consigo profundos procesos de violación a los derechos humanos y aumentará, potencialmente, la exclusión y las desigualdades en las comunidades isleñas. En ese marco, es importante que la administración Hernández dé respuesta a las demandas de las organizaciones en relación con la ZEDE y que se instale una comisión multisectorial, que tenga como objetivo avanzar en la derogación de la Ley que permite crear e instalar esos proyectos, para promover la autodeterminación de las comunidades.
Descarga: Monitoreo Septiembre – CESPAD WEB
[1] Corrupción durante pandemia suma más de 811 millones de lempiras, afirma el CNA. Radio Progreso, 10 de septiembre de 2020, https://radioprogresohn.net/noticias-nacionales/corrupcion-durante-pandemia-suma-mas-de-811-millones-de-lempiras-afirma-el-cna/
[2] Honduras: 13 departamentos en condición de crisis por inseguridad alimentaria. Diario Tiempo Digital, 6 de septiembre de 2020, https://tiempo.hn/honduras-13-departamentos-condicion-crisis-inseguridad-alimentaria/
[3] CNA señala irregularidades en ejecución de fondos de programa Honduras solidaria. Hondudiario.com, 14 de septiembre de 2020, https://hondudiario.com/2020/09/14/cna-senala-irregularidades-en-ejecucion-de-fondos-del-programa-honduras-solidaria/
[4] Gobierno Asegura que proveedores dan fe de transparencias en compras de Honduras Solidaria. Hondurario.com, 15 de septiembre de 2020, https://hondudiario.com/2020/09/15/gobierno-asegura-que-proveedores-dan-fe-de-transparencia-en-compras-de-honduras-solidaria/
[5] Unos L. 659 millones gastó gobierno en entrega de bolsas solidarias. Diario Tiempo Digital, 14 de septiembre de 2020, https://tiempo.hn/unos-l-659-millones-gobierno-entregar-bolsas-solidarias/
[6] UFERCO apunta sus dardos ante masivos actos de corrupción en Crédito Solidario. Confidencial HN, 18 de septiembre de 2020, https://confidencialhn.com/uferco-apunta-sus-dardos-ante-masivos-actos-de-corrupcion-en-credito-solidario/
[7] «¿Dónde está el dinero?»: Adultos mayores y discapacitados aún esperan bono del Gobierno. Diario Tiempo Digital, 7 de septiembre, 2020, https://tiempo.hn/adultos-mayores-discapacitados-bono-de-gobierno/
[8] Ídem
[9] Policía Municipal de Roatán retira a inversionistas de ZEDE durante supuesta socialización. Diario El Heraldo, 19 de septiembre de 2020, https://www.elheraldo.hn/pais/1409516-466/policia-municipal-retira-inversionistas-zede-roatan
