El presente informe expone una breve mirada del proceso de formulación y aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, también conocida como Ley de Política Limpia.
Esta propuesta de Ley es una iniciativa externa que no necesariamente responde a la agenda e intereses del sistema de los partidos políticos. Este documento, en ese sentido, ayuda a explicar el largo, tortuoso y conflictivo proceso que ha implicado su aprobación final.
La ley, además, se aprueba y se trata de ejecutar en un contexto altamente polarizado en torno al proceso de reelección presidencial, marcado por conflictos y desconfianzas entre los diferentes partidos políticos por varios temas, entre ellos, el de las reformas electorales. Asimismo, bloqueada por los intereses del partido de gobierno, interesado en mantener las “reglas del juego” actuales pero también paralizadas por la ausencia de consensos entre los partidos de oposición. Y, además, por la imposibilidad de todas estas fuerzas políticas de contar con la mayoría calificada para viabilizar sus propuestas de reformas.
En estas circunstancias, la propuesta de la Ley de Política Limpia es la única iniciativa de reformas electorales dictaminada, debatida y aprobada en el seno del Congreso Nacional.
Igualmente, es de interés resaltar que este proceso ha dejado al descubierto, de nuevo, la fuerte resistencia de la élite política tradicional de pactar y aprobar reformas políticas sustantivas, especialmente a partir del golpe de Estado del 2009, momento desde el cual se evidencia que es cada vez menos receptiva a la necesaria democratización del sistema de partidos políticos y de la institucionalidad electoral.
Pero, a la vez, este proceso ha evidenciado las fuertes dificultades de la MACCIH de posicionar sus propuestas de reformas legislativas y de la institucionalidad hondureña implicada en esas reformas. Una vez más, la élite hondureña ha tenido la capacidad de reducir al mínimo el contenido de las reformas planteadas por la Misión, al grado que el contenido de la Ley de Política Limpia ha quedado muy lejos de su intención original. Más bien, la élite ha aprovechado este proceso para retroceder en normativas ya existentes para enfrentar la corrupción política, para el caso, la reforma de facto del artículo 83 de la Ley Electoral actualmente vigente.
Partiendo de lo anterior, el informe se divide en cuatro partes: la primera, dedicada a abordar los mandatos político-electorales de la MACCIH, derivados del acuerdo suscripto entre el gobierno hondureño y la OEA. La segunda, destinada a describir el proceso de discusión y aprobación final de la Ley y un balance de su versión final en términos de avances y puntos críticos sin resolver. En la tercera parte, una rápida descripción de la situación actual de la Unidad de Fiscalización y los retos pendientes de asumir. Finalmente, conclusiones y recomendaciones.
Desde el CESPAD, esperamos que este breve texto sea de interés para entender una de las facetas del proceso electoral en curso, en Honduras, y que apoye el accionar de las organizaciones de sociedad civil trabajando en este tema.
