Por: Joaquín Mejia.
El golpe de Estado sirvió, entre otras cosas, para promover un proceso agresivo e inconsulto de concesiones masivas de bosque, subsuelo y ríos, que se ha profundizado en los últimos dos gobiernos nacionalistas y que son percibidas como intolerables por las comunidades debido a sus impactos negativos en materia ambiental, social, cultural y humana. Cuando las comunidades consideran que no han sido debidamente consultadas e informadas sobre la aprobación de un proyecto en su territorio y de su posible impacto en la salud, el medio ambiente y otros derechos, las relaciones con las autoridades y las empresas se deterioran rápidamente y se transforman en conflictos que tienen un alto costo para los derechos humanos en términos de abusos que van desde la propia falta de consulta hasta la intimidación, desplazamientos, asesinatos y criminalización de los actos de resistencia y oposición comunitaria .
En este sentido, muchas lideresas y líderes han sido catalogados de terroristas, delincuentes y guerrilleros, o víctimas de una escalada de amenazas, ataques violentos, intimidaciones, detenciones ilegales, asesinatos y criminalización por parte de políticos, militares, guardias de empresas de seguridad privada, empresarios agrícolas, hoteleros e incluso personas vinculadas con el crimen organizado “que andan en pos de las tierras de las comunidades” . La gravedad de esta situación ha sido corroborada por Global Witness al catalogar a Honduras como el lugar en el mundo donde es “más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente”, ya que desde 2010 han sido asesinadas más de 120 personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras, y muchas otras han sido amenazadas, atacadas o encarceladas. Los responsables son las fuerzas de seguridad del Estado, guardias de seguridad privada o asesinos a sueldo.
