31 de agosto del 2020
Durante el período en mención, en clave de libertades políticas constitucionales y en relación con los derechos laborales de las mujeres, dos acontecimientos marcaron la coyuntura del país:
- Conmemoración del día de las desapariciones forzadas y,
- Despidos de las trabajadoras de la maquila.
La persistencia de las desapariciones forzadas
El 30 de agosto, distintas organizaciones del país conmemoraron el día de las desapariciones forzadas, como un tributo a la memoria de cientos de mártires que han ofrendado su vida en la lucha popular por distintas causas sociales y políticas del país. Como bien lo recuerda el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), las desapariciones forzadas es un problema social que viene sangrando al país desde finales de la década de los 70s del siglo pasado, cuando se registraron hasta 1990, 184 casos de desapariciones en el contexto de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
En el marco del Golpe de Estado del 2009, se registraron 13 procesos de desapariciones forzadas de líderes populares y personas defensoras de derechos humanos. De igual forma, en el contexto de la crisis poselectoral del 2017 se registró un número elevado de personas desaparecidas. Los tres períodos comparten rasgos similares:
- Política de desapariciones impulsada desde los gobiernos nacionales
- Fuerzas de contrainsurgencia del Estado como responsables directos de las desapariciones y,
- Actores intelectuales en total impunidad de sus actos
En el actual contexto de país, marcado por la crisis sanitaria generada por el COVID-19, las desapariciones forzadas son desarrolladas por fuerzas no estatales (con indumentaria de fuerzas estatales) que se disputan con las comunidades, el control y acceso a los bienes comunes de la naturaleza. Sin embargo, a diferencia de los tres períodos anteriores, las desapariciones forzadas, en el actual contexto, acontecen en el marco de una política de Estado que tiene como finalidad la remilitarización de la sociedad a gran escala y, en particular, de los territorios que sostienen amplios procesos de lucha y defensa territorial.
La desaparición forzada, el pasado 18 de julio, de cuatro integrantes de la comunidad garífuna volvió a poner en debate la forma en que operan las fuerzas de contrainsurgencia en el país, a la vez que evidencia la falta de voluntad de los gobiernos en atender las demandas históricas de las comunidades garífunas, en el esfuerzo por avanzar en la democratización de los territorios y abrir procesos de investigación policiales y judiciales que den con los responsables intelectuales de esos actos.
En resumen, todo indica que la sociedad hondureña entrará a un nuevo ciclo de desapariciones forzadas que tiene como telón de fondo la suspensión de las garantías constitucionales y el control ilimitado que las fuerzas militares y policiales tienen sobre la sociedad, en tiempos de miedos colectivos y pánicos políticos.
Despidos masivos de mujeres en la maquila
Por otro lado, y siempre en relación con la vulneración de los derechos humanos, las mujeres trabajadoras de la maquila siguen siendo víctimas de la represión y violencia laboral que ha caracterizado, históricamente, a ese sector. Desde el pasado mes de julio, la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), denuncia que las mujeres realizan su trabajo sin las medidas de bioseguridad establecidas por las entidades públicas.
Durante el mes de agosto, las denuncias públicas desde la CODEMUH señalaron la falta de equipo y medidas de bioseguridad que privan en las maquilas, al igual que las denuncias del despido injustificado de mujeres trabajadoras de ese rubro. Se denunció que las transnacionales maquiladoras están despidiendo a las trabajadoras con Dictámenes de Reubicación Laboral y/o con Dictámenes de Calificación de discapacidad parcial permanente, por enfermedades profesionales, al igual que a las mujeres embarazadas.
Es importante señalar que la actual política de despidos se debe a la ineficiencia de la administración gubernamental y el sector privado, en abrir cauce a un proceso de reactivación económica que resguarde los derechos de las personas trabajadoras y que obligue a las empresas a establecer nuevas formas productivas y de inserción laboral capaces de amortiguar la crisis económica y absorber la mano de obra.
Recomendaciones
Desde el CESPAD nos sumamos a las voces de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones de mujeres, puntualizando algunas recomendaciones para que el régimen de Hernández brinde respuesta efectiva a las demandas de la comunidad garífuna y a las demandas de las mujeres. En ese sentido, se recomienda:
- La constitución de una Comisión Internacional para que investigue la desaparición de los integrantes de la comunidad garífuna y establezca líneas de acción estratégicas, para darle respuesta a los problemas de fondo, que generan la ola de violencia y asesinatos en las comunidades de ese grupo étnico del país. Retomar la experiencia de incidencia, a nivel nacional e internacional, del caso Berta Cáceres, el que podría ser un punto de partida para generar sinergia y establecer posibles rutas de acción.
- El reintegro de las trabajadoras de la maquila que han sido despedidas violentándoseles sus derechos laborales, para su reubicación laboral, el que debe de ir acompañado de una estrategia económica, capaz de reactivar la producción desde un enfoque de derechos, orientada a salvaguardar el trabajo de las mujeres y a promocionar los demás derechos laborales. En ese sentido, es de suma importancia avanzar en puntos de encuentro entre las instituciones del Estado, organizaciones de mujeres y directivos de la maquila para hallar salidas que beneficien a las partes involucradas.
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