Mendigar por mascarillas de calidad, persecución a personal que denuncia la crisis y despidos de enfermeras que se contagian de COVID19, siguen siendo, entre otras, las situaciones que vive a diario el personal de Salud de Honduras, pese a que apenas el 11% del presupuesto para este rubro, ha ejecutado la administración Hernández.
El Foro “El personal de Salud de Honduras: entre la pandemia y la desprotección del gobierno”, que realizó el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), abordó aspectos sensibles sobre ese tema, con base en la participación y el análisis de Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH); Alba Maldonado, enfermera del Hospital San Felipe y Francisco Saravia, autor del documento “Desproteger a quienes nos protegen: Riesgos del personal sanitario para enfrentar la pandemia”.
Una de las primeras situaciones que Saravia destacó, como primer disertante, en condición de autor del documento citado atrás, es que con poca difusión, en febrero del 2020, el gobierno preparó el Plan de Contención y Respuesta a los Casos de Coronavirus (COVID-19) en Honduras (básicamente publicado en su página web), que no solo era muy general, sino que tenía estimaciones extremadamente bajas, evidenciando con ello que el gobierno no proyectó la magnitud real de la pandemia, pese a las advertencias y apreciaciones de los expertos.
“Un plan irrisorio, irreal, de 53 millones de lempiras y, de estos, un poco menos de 1 millón para equipo de protección personal (EPP). Obviamente, este plan irreal, solo demuestra el tremendo despiste, la falta de estrategia y gerencia con la pandemia”, sostuvo el investigador, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
De acuerdo con la valoración de personal de Salud consultado, el informe destaca que entre mil 200 y mil 800 lempiras cuesta el equipo de bioseguridad que usan a diario. Sin embargo, el equipo que utiliza el personal que atiende en las salas críticas de atención, incurre en costos más altos. Los cálculos mínimos, tomando en cuenta la cantidad de personal que labora en este rubro en el país, ascienden a unos 4, 600 millones de lempiras, solo para equipo de protección personal.
Otro de los principales hallazgos del informe es que sí hubo un presupuesto más real, más objetivo, al cual el equipo de CESPAD tuvo acceso. “Encontramos que hay un presupuesto Covid19 de 9, 200 millones, con 5, 700 millones para EPP, en el cual también aparecen 1, 800 millones para los hospitales móviles”, agrega Saravia.
Sin embargo, la revisión de los portales de Secretaría de Finanzas (SEFIN) y del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), evidencian que la ejecución de los fondos para EPP, llega apenas a 659 millones, es decir solo el 11%. Mientras, el presupuesto global para COVID-19, ejecutado, ronda el 43%. “Sin duda, el gobierno no ha querido gastar en su bien más preciado: su personal de primera línea”, dijo el investigador.
¡Una pandemia sin certeza y sin transparencia!
La improvisación con la que el gobierno de Honduras ha manejado la pandemia fue uno de los primeros aspectos que destacó la presidenta del Colegio Médico del país. En su participación, Figueroa citó que desde el anuncio de lo que se avecinaba al país por el virus, este ente ofreció su apoyo.
“Dijimos que tenía que hacerse un censo de cuáles eran las condiciones, con cuántos especialistas contaba el país. Y dijimos que como Colegio podríamos cooperar para diseñar un plan para que ese censo nos dijera cuáles eran las áreas más vulnerables en falencia de personal y cómo identificar las personas de mayor riesgo dentro del personal sanitario para asignarle una tarea que fuera sumamente importante, contributiva, pero que cuidara sus vidas”, afirmó.
Figueroa cuestionó la aprobación, por parte del Congreso Nacional, de la Ley de Aceleración Económica por la siguiente razón: “nosotros les dijimos que no había una planificación estratégica, entonces, no se podían asignar fondos si inicialmente no teníamos un abordaje de los puntos más importantes que atacar”.
Una SESAL que jamás se fortaleció
Figueroa también analizó en su disertación, una debilitada Secretaría de Salud (SESAL), la que también se colocó como foco de abordaje de la pandemia, dentro del planteamiento desestimado por el gobierno, hecho por el Colegio Médico. “Porque se tenía que fortalecer su marco rector, porque tenía su personal técnico que podía hacer ese plan estratégico y tomar decisiones con base en el beneficio común, no de una organización o instituciones específicas”.
Este ente también le apuntaba a la redistribución del Personal de Salud, como parte de su propuesta, “de tal manera que pudiéramos homogenizar ese personal y esa incidencia que necesitaba tenerse y que no se hizo”.
A criterio de Figueroa, el Sistema de Sanitario del país se ha venido debilitando luego de la aprobación de la Ley Marco de Protección Social que permitió una política errónea porque ha ido fragmentándolo. “De tal manera que los hospitales intervenidos tienen su propias juntas interventoras, que son las que toman las decisiones; los hospitales cedidos a ONG’s, a sanidad militar, por ejemplo, en el caso del hospital de Puerto Lempira, el Mario Catarino que está con junta de intervención, el Hospital Escuela que tiene una junta de intervención, el Seguro Social que tiene una junta de intervención. Cada una de ellas tiene un marco jurídico que le permite tomar decisiones propias, que no están inmersas en el control que debería tener la SESAL”.
“Trabajen bajo estas condiciones o puede irse…”
A casi seis meses de la pandemia, las enfermeras que atienden en los hospitales públicos a pacientes contagiados por Covid19, siguen enfrentándose a las carestías de equipo de protección. “Salimos un día a protestar, unas 30 personas, y más bien, en vez de resolvernos la problemática lo que hacen es una persecución en lo interno”, sostuvo en el foro Alba Maldonado, enfermera que tiene más de 20 años de laborar en el Hospital San Felipe de Tegucigalpa.
Maldonado dijo sentirse frustrada e impotente porque el de enfermería, en su mayoría, es personal muy comprometido y lo que menos esperan como respuesta, por parte del gobierno, es que se les provea de las condiciones mínimas de seguridad personal. “Ha habido veces en que el personal ha sido obligado a entrar con sus propias botas o bolsas de plástico en los pies a las salas Covid, porque no hay equipo”, cuestionó.
A la fecha, sostuvo, más de 20 enfermeras han muerto por coronavirus en el país y unas mil 200 se han contaminado. Sin embargo, la mayoría de ese personal al recuperarse perdió su empleo. “A las contagiadas por Covid, como están contratadas por ese nuevo invento de código verde, la gente solo es despachada, es despedida. Les dicen, fíjese que como estuvo fuera y usted se contagió…y meten otras personas”, denunció.
El foro sirvió también para que Maldonado denunciara el nepotismo que persiste en el Hospital que labora. Fue puntual al referirse al caso del personal que contrata a través de Código Verde, al decir, “el hijo de la Jefa del Departamento, es la misma persona que nombra gente de código verde, al menos en San Felipe”.
Maldonado refirió que el personal de enfermería ha llegado a un punto en el que solo soporta, aguanta y calla. “Trabajen bajo estas condiciones o puede irse. Nuestras compañeras muy preocupadas al ver tanta impotencia; mucha gente ha sido despedida y no tiene a dónde ir”, criticó.
¿Qué sigue, qué se espera?
Las participantes del foro coincidieron en que cada día se está cayendo en una situación de mucha más vulnerabilidad porque en los centros hospitalarios hay menos medicamentos, hay menos personal. “Y por lo tanto, si viene una segunda ola como puede suceder, vamos a estar más vulnerables porque ya no hay dinero, se acabó el dinero, cada vez hay menos equipo”.
Vaticinan, asimismo, una mortalidad mayor a la registrada al momento, un mayor abuso por parte de autoridades, que hacen uso de diversos medios para intimidar al personal de Salud para que no devele la dolorosa realidad que se vive en los centros hospitalarios.
En el foro se coincidió en la necesidad de la unificación desde la Sociedad Civil organizada y que se trabaje alrededor de la conformación de una estructura en la que participen diversos sectores representados con credibilidad, tal como se propuso desde el inicio de la pandemia. “Lejos de fortalecernos, nos hemos debilitado y por lo tanto, con esa consciencia que tenemos de la gravedad, debemos unirnos y articularnos para enfrentar esos desafíos que se nos vienen”, puntualizó Figueroa.
El informe “Desproteger a quienes nos protegen: Riesgos del personal sanitario para enfrentar la pandemia”, que sirvió de base para el foro, se realizó con el apoyo de Abogados sin Frontera Canadá (ASFC) y Oxfam Internacional.
Lea el informe aquí: 1 informe monitoreo COVID
