17 de agosto del 2020
Durante el período en mención, en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, dos acontecimientos marcaron la coyuntura del país:
- Acciones para la exhumación de cuerpos del cementerio de Azacualpa, por parte de la empresa minera MINOSA, y
- Revocación del sobreseimiento definitivo para los defensores del medio ambiente de Guapinol.
Acontecimientos
La suspensión de las garantías constitucionales no ha sido impedimento para que las empresas extractivas (que se dedican a la explotación de recursos naturales, renovables o no renovables) sigan desarrollando acciones de extrahección (apropiación de recursos naturales desde la imposición del poder y violando los derechos de humanos y la naturaleza) que han estado acompañadas de represión, asesinatos y criminalización hacia las comunidades, líderes y lideresas que los defienden sus territorios en el país.
Para el caso, desde la tercera semana de marzo, los pobladores de Azacualpa, en el departamento de Copán, occidente del país, denunciaron los intentos de la empresa minera MINOSA de avanzar en la exhumación de los cuerpos sepultados en el cementerio de la comunidad, debido a que el predio donde se ubica el Camposanto contienen grandes yacimientos de recursos minerales, entre estos oro.
El pasado 14 de agosto, los pobladores denunciaron que la empresa minera continúa dinamitando los predios del cementerio, como una medida para presionarlos para que desistan de continuar los procesos de lucha territorial. Lo anterior acontece, además, en un contexto en el cual la empresa minera no ha cumplido los pactos acordados con la comunidad, la que mantiene un rechazo generalizado para que la empresa siga con el proceso de exhumación de cuerpos.
Mientras, en el departamento de Colón, para la comunidad de Guapinol la persecución y la militarización del territorio se han profundizado en el actual contexto de país. De acuerdo con el liderazgo territorial, pese a que en el mes de noviembre del 2019, en un cabildo abierto, se declaró al municipio libre de minería, la Corporación Municipal de Tocoa le otorgó nuevamente el permiso de operación a la empresa minera Inversiones los Pinares.
Esa acción ha conllevado a un incremento de la presencia militar en la zona y pese al confinamiento, las comunidades siguen mostrando su descontento hacia el avance del trabajo de la empresa por sus múltiples impactos al medio ambiente, al igual que a la violación de derechos humanos.
En ese marco, el pasado 15 de agosto, el cuerpo de abogados junto con defensores del medio ambiente de la causa de Guapinol, brindaron una conferencia de prensa a través de la que informaron que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocó el sobreseimiento definitivo, emitido a favor de 6 defensores del río Guapinol el 4 de marzo de 2019, y dictó auto de formal procesamiento junto a otros ocho defensores que guardan prisión preventiva en el Centro Penal de Olanchito, por el mismo caso, pese a la presión nacional e internacional para que sean liberados.
Correlación de fuerzas
A niveles comunitarios, la correlación de fuerzas favorece abiertamente a las organizaciones territoriales, ya que la población está en contra de toda forma de expresión extractivista en sus territorios, debido a los impactos ambientales, el incremento de la violencia, la vulneración de los derechos humanos y territoriales, y los impactos negativos al medio ambiente. Sin embargo, a niveles nacionales, la correlación de fuerzas es altamente desfavorable para las organizaciones que defienden el territorio y el medio ambiente.
En un reciente análisis publicado desde el CESPAD, se reflexiona sobre la forma en la que el actual proceso de suspensión de garantías constitucionales está generando un proceso de remilitarización de los territorios, integrado por fuerzas estatales y no estatales, con el objetivo de controlar en su totalidad los territorios, debido a que son lugares estratégicos para implementar emprendimientos extractivistas por las amplias riquezas naturales que poseen.
En ese contexto, la actual recomposición de fuerzas políticas y militares en el país abre un nuevo escenario de violencia y vulneración de los derechos en los territorios, a la vez que evidencia nuevos desafíos para las organizaciones territoriales al momento de enfrentarse a las empresas extractivas que cuenta con el respaldo político, mediático, policial, militar y judicial de la administración Hernández.
Aprendizajes
- La insostenibilidad de los proyecto extractivo en el país: La nueva ola de violencia en los territorios pone en evidencia la insostenibilidad de los proyectos extractivistas, debido a la ausencia de consensos y a la cultura de violencia que impera detrás de esos proyectos. De igual forma, reabre el debate sobre la reparación de daños a las comunidades y a las víctimas, como también a la importancia de avanzar en una nueva normativa ambiental que ponga en el centro a la naturaleza y a los intereses de las comunidades, por encima de los negocios de la empresa privada.
- La suspensión de garantías constitucionales genera más violencia y criminalización: La suspensión de esas garantías agrava las viejas crisis y hace que aparezcan nuevas situaciones de violación de los derechos humanos y territoriales porque desde el Estado y desde el régimen de Hernández se contribuye con: la puesta a disposición de la estructura de las Fuerzas Armadas del país, precisamente para remilitarizar de los territorios en disputa. Asimismo, con la estructura del Poder Judicial del país, una entidad desde la cual se juega a conveniencia de la empresa privada, para continuar con la criminalización, judicialización y encarcelamiento de las y los líderes que en las comunidades mantienen oposición a la imposición de los proyectos extractivos.
- La repolitización de la lucha territorial en tiempos de confinamiento: La actual coyuntura, entre la que sobresale el confinamiento poblacional, abre en el país un proceso de repolitización de la cuestión territorial. Ya no se trata solo de hacer visibles los problemas y demandas de las comunidades en resistencia ante la instalación de los proyectos extractivos, sino, que, coloca en el debate la importancia de abrir procesos alternativos de desarrollo y construir nuevos marcos institucionales que resguarden los derechos humanos de las comunidades.
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