¿Está garantizando el Estado hondureño condiciones de protección suficientes para el personal sanitario?, ¿ha gestionado adecuadamente la crisis sanitaria de modo que los trabajadores y las trabajadoras del sector Salud no se vean altamente expuestos a contextos de mucha carga viral que amenace su salud? O, más específicamente: ¿cómo se evalúa la gestión pública realizada ante la pandemia, en general, y en el aprovisionamiento de las condiciones de bioseguridad al personal sanitario, en particular? Con respuestas a esas interrogantes, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), presenta el Primer Informe de Monitoreo a la Gestión Pública en el marco de la Pandemia del Covid-19, «Desproteger a quienes nos protegen: Riesgos del personal sanitario para enfrentar la pandemia”.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la protección a los trabajadores y trabajadoras es uno de los factores claves en las estrategias mundiales y nacionales para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, y en la medida que esta es una crisis originalmente sanitaria, es el personal médico, de enfermería y otras áreas, el principal eslabón de contención, por lo que su protección (el aprovisionamiento del equipo e insumos de bioseguridad), es condición necesaria para cualquier estrategia.
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Centro de Estudios, pese a la premisa anterior, el personal de Salud del Honduras enfrenta la pandemia con una baja capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud, especialmente de las Redes Integradas, caracterizadas por “el número insuficiente de recursos humanos (médicos, enfermeras y promotores de salud), una distribución deficiente e inadecuada de los mismos en atención primaria, bajo porcentaje de medicamentos y suministros en establecimientos de Salud, poca disponibilidad de herramientas y equipos para diagnóstico y tratamiento oportunos”. Esos datos no surgen al “azar”, la revisión del Presupuesto General de la República muestra que el presupuesto para Salud como porcentaje del presupuesto de la administración central, se redujo del 15,2% en el 2010 a 5,6% en el 2020, mientras el presupuesto militar ha aumentado crecientemente su asignación en el presupuesto nacional[1].
El abastecimiento de equipos de protección personal
Al contexto anterior, las preguntas obligadas son: ¿existe un presupuesto público destinado a la dotación de Equipo de Protección Personal (EPP) existente y, si es así, cuánto y qué tan suficiente es, y que evidencias existen sobre su distribución en tiempo y forma al personal sanitario?
El documento devela los problemas serios que hay en relación con el EPP para las y los empleados de Salud y de acuerdo con entrevistas realizadas al personal que está al frente de la pandemia, el estimado de un kit de protección al día, por cada empleado/a, que incluye guantes (estériles y no estériles); batas, anteojos, mascarillas (quirúrgicas y N95); cobertores de zapatos, gorros y delantales tiene un costo estimado entre 1, 200 a 1, 800 lempiras. Sin embargo, quienes tienen contacto con las salas de cuidado intensivo, requieren más de un kit por día (Umaña, Sosa, & Portillo, 2020).
De esta manera, si se estima, con base en datos del 2015 (CONADEH, 2018), que el personal sanitario principal (personal médico y de enfermería) en el servicio público es de unos 18, 257, y considerando un costo mínimo promedio por equipo de bioseguridad para este personal de 1, 400 lempiras, se estimaría un costo mínimo diario para el EPP de unos 25 millones. Es decir que solo en un mes de pandemia, el costo de este equipo sería de aproximadamente 766 millones de lempiras. En un estimado de seis meses, sería de 4, 600 millones.
Costo mínimo estimado del equipo de protección personal para atención del COVID-19
La insuficiencia en la asignación de fondos para EPP, según los mismos registros estatales
El CESPAD revisó la página de transparencia de la SEFIN y evaluó la ejecución presupuestaria, específicamente en el rubro de Equipo de Protección Personal, a fin de identificar ese gasto específico en las entidades responsables de su ejecución: INVEST-H, SESAL, COPECO y Hospital Escuela. El gasto que estas entidades reportan como ejecutado para EPP ascendió al 22 de julio a 659 millones de lempiras, lo que está muy lejos de su valor presupuestado, de 5, 747 millones, es decir, que su ejecución ha sido de solo el 11%, mientras la ejecución global del presupuesto COVID-19 fue del 43% (se habían ejecutado 3,987 millones de los 9,211 programados). En otras palabras, no se estaría realizando el abastecimiento de insumos y equipo de bioseguridad necesario a los hospitales y centros de atención al COVID-19.
“Literalmente no nos han dado nada, cero. Nos dijeron que SINAGER se encargaría de proveernos pero al sol de hoy no nos han dado absolutamente nada. Hemos vivido de las donaciones, de las empresas y de la población, que hemos logrado canalizar a través de la Asociación de médicos del Instituto Nacional del Tórax” (Doctora Suyapa Sosa, Hospital El Tórax).
Las consecuencias: crecientes contagios, estigmatización y muertes del personal sanitario
Al igual que en el mundo entero, el personal sanitario hondureño ha resultado fuertemente afectado con la pandemia, debido al creciente contagio y el incremento de la carga viral, como por la falta de protección de bioseguridad, lo que ha originado un pronunciado repunte en los contagios de las y los trabajadores de Salud. Pero los riesgos van más allá de la posibilidad de contraer COVID-19 al realizar su trabajo, e involucran el exceso de horas de trabajo, la angustia psicológica y el cansancio, los que son mayores en personal sanitario en estado de embarazo, enfermedades colaterales o de edad avanzada.
En Honduras, las tendencias de contagio del personal de salud han ido en correspondencia a las tendencias del contagio en el país. El nivel de infestación es más grave después del período llamado “apertura inteligente” y ha sido creciente a media que transcurren las semanas. A partir de los boletines publicados por la SESAL, hasta el 24 de mayo habían 349 trabajadoras y trabajadores sanitarios contagiados, pero esta cantidad se duplicó en la primera quincena del mes de junio (815 casos), es decir tuvo un crecimiento de 134%. Al 30 de junio, esta cantidad también se había duplicado (con un crecimiento del 102%), al pasar a 1, 648 casos a 2, 943 al 19 de julio, con un 79% de crecimiento, respecto a la fecha anterior.
El informe destaca otros sub temas, con datos relevantes, sobre el gran problema que significa la desprotección del personal sanitario que está en la primera línea de la pandemia. Plantea conclusiones y recomendaciones que se llevarse a cabo podrían contribuir a disminuir los contagios y muertes del personal de Salud de Honduras.
Este primer informe es una publicación que forma parte del proyecto: “Veeduría ciudadana anti-corrupción y el legado de la MACCIH”, financiado por Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) y OXFAM. Sin embargo, las ideas aquí expresadas no representan a estas organizaciones ni los donantes que las apoyan y son responsabilidad exclusiva del CESPAD.
Le invitamos a leer el informe completo, haciendo clic en el este enlace
