PRIMER INFORME DE MONITOREO A LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
Desproteger a quienes nos protegen: Riesgos del personal sanitario para enfrentar la pandemia
Las trabajadoras y los trabadores sanitarios son la primera línea de combate contra el COVID-19, por eso es un segmento de alto riesgo, ya que está altamente expuesto a la carga viral de los infectados que les corresponde atender. Por eso es pertinente preguntarnos: ¿está garantizando el Estado hondureño las condiciones de protección suficientes para el personal sanitario? ¿Ha gestionado adecuadamente el Estado la crisis sanitaria de modo que los trabajadores y las trabajadoras del sector Salud no se vean altamente expuestos a contextos de mucha carga viral que amenace su salud? Más exactamente: ¿cómo se evalúa la gestión pública realizada ante la pandemia, en general, y en el aprovisionamiento de las condiciones de bioseguridad al personal sanitario, en particular?
Responder a estas preguntas es el principal objetivo de este primer informe de monitoreo a la gestión pública en el marco de la pandemia del COVID-19. En las líneas que siguen se revisan las políticas públicas implementadas para combatir la pandemia, con énfasis en el aprovisionamiento de equipos e insumos para el personal sanitario, y de la transparencia en el uso de los recursos públicos previstos para tal fin.
1. Las estrategias de combate a la pandemia de OMS y el rol protagónico del personal sanitario
La protección a los trabajadores y trabajadoras es uno de los factores claves en las estrategias mundiales y nacionales para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la medida que esta es una crisis originalmente sanitaria, son los médicos y médicas, enfermeras y enfermeros y todo el personal dedicado a la atención de las consecuencias del virus, el principal eslabón de contención, por lo que su protección —el aprovisionamiento del equipo e insumos de bioseguridad— es condición necesaria para cualquier estrategia.
En el argumento de la OMS, esta pandemia es mucho más que una crisis sanitaria que requiere de una respuesta de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto. Por tal razón, la resolución y el sacrificio de las y los trabajadores sanitarios debe ser respaldada con las medidas que buscan acabar con la pandemia y acompañadas por la población y todos los líderes políticos que las promuevan (OMS, 2020).
En la estrategia mundial de respuesta al COVID‑19, que propone la OMS, uno de los cinco objetivos es reducir la mortalidad, prestando una atención clínica adecuada a los enfermos de coronavirus, para lo cual se requiere asegurar la continuidad de los servicios sanitarios y sociales esenciales y “proteger a los trabajadores de primera línea” (OMS, 2020, pág. 5)
De igual manera, en el marco de las estrategias nacionales, esta entidad propone dentro de sus cinco bases mínimas, “la preparación del sistema sanitario para reducir la mortalidad asociada al COVID-19, mantener los servicios sanitarios esenciales y proteger a los trabajadores sanitarios” (OMS, 2020, pág. 7).
La disponibilidad de atención médica y el mantenimiento de los servicios sanitarios básicos son factores claves para reducir la mortalidad y este es uno de los más grandes retos que plantea el COVID-19. Una de las características definitorias de esta pandemia es que su exponencial contagio, que conlleva a una enorme proporción de personas infectadas, requiere de cuidados intensivos de calidad, ejerciendo una enorme presión sobre los sistemas y personal de salud. De esta manera, los y las trabajadoras de la salud tienen que ponerse ellos mismos en riesgo para salvar vidas y como consecuencia de ello, algunos han perdido sus propias vidas. En muchos países, las mujeres suponen el 70% de ese personal sanitario (OMS, 2020, pág. 9).
En consecuencia, el personal sanitario de primera línea contra el COVID-19, se constituye en un actor imprescindible y su protección por parte del Estado es la condición estratégica para asegurar que la atención médica y los servicios sanitarios básicos estén disponibles, para lograr una lucha efectiva contra la mortalidad potencial del virus.
2. El sistema nacional de Salud, la gestión estatal de la crisis de la pandemia y la garantía de derechos al personal sanitario.
La seguridad del personal sanitario está en función, como se señaló, tanto de la gestión general de la crisis sanitaria, mientras no cause la saturación de los servicios que demanda la población contagiada, como de la provisión adecuada del equipo de protección personal. Para ello, revisaremos los aspectos relacionados con el sistema de Salud, las condiciones básicas para enfrentar la pandemia, la manera en que se ha desarrollado la gestión de la crisis sanitaria y cómo esto afectaría al personal sanitario.
2.1. Panorama del Sistema Nacional de Salud, previo a la pandemia
La pandemia brota en Honduras en uno de los momentos más críticos del sistema nacional de Salud. Según el Equipo Humanitario de País Naciones Unidas (2020), la emergencia develó la baja capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud, especialmente de las Redes Integradas, caracterizadas por “el número insuficiente de recursos humanos (médicos, enfermeras y promotores de salud), una distribución deficiente e inadecuada de los mismos en atención primaria, bajo porcentaje de medicamentos y suministros en establecimientos de Salud, poca disponibilidad de herramientas y equipos para diagnóstico y tratamiento oportunos” (p. 6). De acuerdo con esta misma organización, de 1.3 millones de hondureños y hondureñas que tienen necesidades humanitarias, unas 794.000 ven afectadas su acceso a los servicios de salud.
El gasto social destinado al sector Salud ha tenido una reducción progresiva, si se toma en cuenta el indicador de gasto en Salud como porcentaje del PIB, el cual cayó del 3.2% en 2010 a 2.4% en el 2018 (CEPALSTAT, 2018). La revisión de los datos del Presupuesto General de la República muestra que el presupuesto para Salud como porcentaje del presupuesto de la administración central, se redujo del 15,2% en el 2010 a 5,6% en el 2020, mientras el presupuesto militar ha aumentado crecientemente su asignación en el presupuesto nacional.
Por otro lado, el sistema de Salud Pública es probablemente el sector del país más afectado por la corrupción, según las constantes denuncias en medios de comunicación, redes sociales y en informes de investigación y auditoria social realizados por el CNA y la ASJ, que fueron 7 y 6, respectivamente, revelando grandes inconsistencias en el manejo de los recursos públicos. Además del conocido desfalco de unos US$ 700 millones del IHSS, que movilizó a la ciudadanía, obligando al gobierno a aceptar la instalación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó un informe de 10 líneas de investigación entre 2015 y 2018 ante el Ministerio Público, por un monto investigado de L. 597, 6 millones de los cuales, el 49% (un total de L. 293,5 millones) se identificaba como perjuicio contra de la Administración Pública (CNA, 2018) . De igual manera, la ex-rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, ha venido señalando como los vínculos entre políticos y empresarios han transformado a la Secretaría de Salud en una serie de poderes fácticos, en una “visión clientelar de la política y la visión patrimonial del Estado”, en la que campea la corrupción y “lo que menos interesa es la salud del pueblo” (Proceso Digital, 2018).
En cuanto a la disponibilidad del recurso sanitario y profesional, Honduras muestra uno de los indicadores más críticos en la región latinoamericana, si se considera el indicador por cada 10 mil habitantes, con 10. 1 médicos (el indicador regional es de 25 médicos) y de 2 enfermeras profesionales y ocho auxiliares de enfermería, cuando el estándar de la OMS es de 50 enfermeras (CESPAD, 2019). En un informe de (OECD and The World Bank, 2020) Honduras aparece en el penúltimo lugar, sólo superado por Haití, en cuanto a la disponibilidad de personal médico, y el tercero, después de Haití y Guatemala, en el caso del personal de enfermería.
Descargue: 1 informe monitoreo COVID – CESPAD
