4 de agosto, 2020
Durante el período del 27 de julio al 2 de agosto, en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, el acontecimiento que marcó la coyuntura del país fue la noticia de que un millón de niños y niñas no finalizarán el año escolar por el impacto de la pandemia en la vida de las familias hondureñas.
La fallida política educativa neoliberal
En la actual coyuntura la exclusión en materia educativa se ha incrementado y demuestra con fuerza la forma en la cual se expresan cuatro décadas de fallidas políticas educativas neoliberales. Esa situación tiene en alarma a los principales centros especializados de educación del país y a organizaciones de sociedad civil, ya que las actuales cifras de deserción y exclusión educativa alcanzan el nivel más crítico que el sistema educativo público ha experimentado en los últimos años.
Organizaciones de Sociedad Civil de la Mesa de Educación presentaron el pasado mes de julio, un informe en el que revelan que, en la actualidad, en Honduras hay 2 millones de estudiantes de centros educativos públicos sin recibir atención escolar. Según el informe, la matrícula, al inicio de este año, confirmaba el abandono escolar de 1.1 millón de niños, niñas y jóvenes. Asimismo, estas organizaciones de Sociedad Civil destacan que, en la actualidad, cerca de la mitad de los estudiantes que se encontraban matriculados no tienen acceso a la educación pública.
Las clases en la escuela pública se paralizaron el 16 de marzo en todo el país, debido a la emergencia sanitaria. En un inicio, la Secretaría de Educación expresó que se iban a buscar los mecanismos necesarios para que los niños y las niñas continuarán con sus clases y no perdieran el año escolar. Sin embargo, 950 mil niños y niñas no lo concluirán debido a la pandemia del COVID-19, según información del Director de investigación y evaluación educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).
Por su parte, los colegios magisteriales hicieron un llamado al régimen de Hernández, para buscar alternativas y soluciones coordinadas y estratégicas para continuar con el año electivo, lo cual no fue posible debido a la gestión autoritaria que ha caracterizado el accionar de Gobierno en la actual coyuntura del país. En ese sentido, la Secretaría de Educación no ha sido capaz de responder estratégicamente para que los niños y las niñas tengan acceso a educación pública en medio de la actual crisis.
En realidad, no es una tarea fácil darle respuesta inmediata a los desafíos que enfrenta el sector educativo, producto de la fallida política educativa neoliberal implementada en el país durante las últimas décadas.
Esa política fallida es el punto de partida para comprender la falta de respuesta inmediata en la actual crisis de país y presenta los siguientes rasgos. Primero, la precaria institucionalidad educativa pública. Las políticas educativas impulsadas por el Banco Mundial (BM), conllevaron a un rediseño institucional en el seno del sistema educativo, el cual consistió en la tecnocratización de las instituciones educativas y a un ajuste institucional que promovió la centralización y el autoritarismo.
Segundo, la descoordinación del sistema educativo público. En los esfuerzos por avanzar en la mercantilización de la educación, los gobiernos han ido diseñando un sistema de educación pública descoordinado del conjunto del sistema educativo: primario, secundario y universitario. Lo anterior ha impedido que el sistema educativo nacional cuente con programas educativos de emergencia inmediata para hacerle frente a crisis como las actuales, ya que la descoordinación no permite diseñar modelos y construir estrategias que aseguren el acceso a la educación de la niñez hondureña.
Tercero, la descapitalización histórica del sistema educativo público. Los ajustes institucionales y la descoordinación han ido de la mano de la descapitalización de la educación pública. La cual ha consistido en recorte de presupuesto, falta de contratación de docentes, ausencia de construcción de escuelas y colegios públicos, y la precaria inversión en material tecnológico para equipar a los centros educativos.
Esos tres elementos en los últimos años han profundizado los históricos problemas de la educación pública en Honduras: deserción, abandono, reprobación y baja calidad educativa. Aspectos que en la actual coyuntura resurgen con fuerza y consistencia.
La pobreza, exclusión y la deserción escolar en tiempos de COVID-19
En la actual coyuntura han sido dos las acciones impulsadas desde la Secretaría de Educación para garantizar el acceso a la educación pública: i) educación a través de medios electrónicos, y, 2) el bono digital (aún sin ejecutar) para que la niñez hondureña tenga acceso a internet y de esa manera pueda continuar con el programa escolar.
Según los expertos en materia educativa de la (UPNFM), son dos los aspectos que nos permiten comprender los elementos que bloquean el acceso a la educación pública en tiempos de COVID-19 y, en el fondo, ponen en cuestión las actuales acciones impulsadas desde el régimen de Hernández para atender la crisis en materia de educación.
- La falta de ingresos económicos en las familias: La actual situación económica del país ha orillado a las familias de escasos recursos al desarrollo de prácticas de mendicidad y, en otros casos, las familias desafiando el confinamiento salen a buscar pequeños trabajos que les permitan el sostén de sus familias. La niñez hondureña es el sector que más resiente esa realidad, ya que se ven obligados a salir de sus casas a buscar recursos, siendo eso uno de los múltiples impedimentos para avanzar en sus programas educativos.
- Falta de acceso a herramientas digitales:En la zona rural y en distintas zonas urbanas, la niñez no tiene acceso a medios como la radio, televisión, celulares inteligentes o computadora para poder conectarse y avanzar en los programas escolares, una situación que hace muy difícil acceder a la educación virtual.
En ese marco, la educación pública a través de medios electrónicos de nada le sirve a muchos niños y niñas pobres de zonas rurales de Honduras, porque donde viven carecen de la tecnología mínima y en otros casos en su comunidad no hay energía eléctrica. Al respecto de las clases en línea, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), solo el 16,6 % de los 9,3 millones de hondureños tiene acceso a internet en su casa y apenas el 12,8 % accede a este servicio desde una computadora.
Sin embargo, ese dato es más alarmante cuando hacemos la comparación entre el sistema educativo público y privado. Durante este año, alrededor de 1.9 millones de estudiantes se matricularon en el sistema educativo y de esa cantidad, 400 mil niños están inscritos en escuelas y colegios del sistema privado de educación. Denis Cáceres, especialista en temas escolares, reveló que de los 1.5 millones de niños y niñas inscritos en escuelas y colegios públicos, solo el 30% tiene acceso a internet o un aparato digital. Esto se traduce en que un millón de niños quedaron excluidos de la modalidad de aprendizaje virtual ejecutada por la Secretaría de Educación.
El sistema privado creó un plan para evitar que los estudiantes abandonaran las clases. Para lograrlo, incorporaron en su infraestructura educativa plataformas virtuales y los encargados o padres de familia invirtieron en pago de Internet y aparatos electrónicos como celulares, computadoras o tabletas. Sin embargo, la secretaría de Educación no ha respondido de manera estratégica y eficiente en la actual crisis que golpea el sistema educativo público.
Las actuales medidas son de carácter excluyente, ya que no están dirigidas a la población de escasos recursos económicos que tiene grandes dificultades al momento de acceder a equipo tecnológico básico. En conclusión, la falta de medidas para atender la emergencia educativa es propio de un modelo educativo sin estrategias y sin los recursos necesarios para gestionar, incluyentemente, el acceso a la educación de la niñez hondureña.
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