28 de julio del 2020
Durante el período del 20 al 26 de julio en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, el acontecimiento que marco la coyuntura del país fueron las protestas y presión social exigiendo la aparición de los cuatro directivos del patronato de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz: Snider Centeno, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía y Alber Sentana Thomas, secuestrados forzosamente el pasado 18 de julio.
Acontecimientos
Ante el desaparecimiento de los cuatro miembros de la comunidad garífuna, desde el 20 de julio se desarrollaron en el país una serie de bloqueos de carretera, posicionamientos públicos de fuerzas políticas y populares y la presión desde la comunidad internacional exigiendo el retorno con vida de las cuatro personas desaparecidas.
La presión mediática hacia el régimen de Hernández ha sido fuerte, tanto que el Comisionado de la Policía Nacional declaro el 21 de julio, la constitución de un equipo interinstitucional para investigar la desaparición de los garífunas. En el momento en que se escribe este análisis, dicha fuerza no ha dado los resultados esperados, aunque el 22 de julio se dio la captura de un presunto implicado en el secuestro de los garífunas y el 25 de julio se encontró en una hacienda documentos de las personas secuestradas.
Lo anterior sienta un precedente importante, ya que es la primera vez, con la excepción del emblemático caso de Berta Cáceres, que el régimen de Hernández emprende una acción de dicha naturaleza, en un país catalogo como el lugar más peligroso para los defensores(as) del medio ambiente. En ese sentido, las acciones de investigación persisten y dicha comisión está en la obligación de brindar respuestas contundentes, en un contexto donde la presión mediática nacional y la denuncia internacional se acrecienta.
En ese marco, la desaparición de los integrantes de la comunidad garífuna abre un nuevo episodio de crisis de los derechos humanos con alto costo político hacia el régimen de Hernández, el cual se agrava ante la renuencia en acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), para solucionar de raíz el conflicto territorial que persiste desde hace décadas en el Triunfo de la Cruz y en Punta Piedra.
Correlación de fuerzas
Sin duda que la denuncia pública nacional y la presión internacional sobre la desaparición de los cuatro integrantes de la comunidad garífuna, se enmarca en un contexto internacional favorable, ante la lucha, en los últimos meses a escala planetaria, contra el racismo y el neocolonialismo que priva sobre los pueblos de ascendencia africana en Estados Unidos y Europa.
Este levantamiento global contra el racismo y la indignación nacional por la manera en que el régimen de Hernández gestiona la actual crisis, son fuerzas que motivan y explican la indignación de la sociedad hondureña ante la falta de garantías que asegure la convivencia pacífica en las comunidades originarias. En definitiva, esos aspectos vienen a gestar importantes cambios a nivel cultural en la ciudadanía hondureña, ya que se va forjando una identidad y consciencia social capaz de reconocer la diversidad cultural que prevalece en el país.
En ese sentido, el pueblo garífuna, la sociedad hondureña y la comunidad internacional, ha vuelto a señalar al régimen de Hernández como el responsable de la crisis que atraviesan las comunidades garífunas, a la vez, es un fuerte golpe a su legitimidad debilitada ante la incapacidad de dar respuestas rápidas y certeras al secuestro de los integrantes de la comunidad garífuna.
En conclusión, la correlación de fuerzas es favorable al pueblo garífuna, su reconocimiento y legitimidad se fortalece en el seno de la sociedad hondureña, sus aportes comunitarios y ancestrales suenan con mayor fuerza en la opinión pública y en las redes sociales, y nuevas organizaciones y fuerzas políticas se suman al llamado del regreso de las cuatro personas secuestradas forzosamente.
Aprendizajes
- La persistencia del narcotráfico en territorios estratégicos: Por más que el régimen de Hernández exprese que el país ha dejado ser tierra fértil para el narcotráfico, la realidad en los territorios denota que el narcotráfico sigue moviéndose libremente por las comunidades garífunas y campesinas, quienes en el actual contexto han radicalizado acciones de gestión y control del territorio las cuales no son bien vistas por las redes económicas, políticas y no estatales.
- La sentencia de la Corte-IDH como la alternativa real al conflicto: Como en otros conflictos que se suscitan en el país, si el régimen de Hernández actuara de oficio y con voluntad política, los territorios de las comunidades originarias serian espacios de convivencia pacífica, en los esfuerzos por cerrar filas hacia aquellas fuerzas no estatales que por décadas han utilizado dichos territorios como puntos estratégicos de droga, y hacia empresas extractivistas que buscan despojar a las comunidades de sus bienes comunes naturales.
- Romper inteligentemente el confinamiento: Ha sido interesante como las redes sociales se han convertido en el espacio principal para posicionar y mediatizar el caso de los cuatro garífunas. En ese sentido, el espacio virtual se politiza y se convierte en una trinchera política de indignación y resistencia ante el malestar de la ciudanía por la política de exterminio hacia el pueblo garífuna.
Descargar: ReporteSemanal12 – CESPAD
