Mirna Flores, investigadora de CESPAD
20 de julio 2020
La militarización se robustece y profundiza en el marco de la crisis COVID 19. El gobierno ha delegado una multiplicidad de funciones en los militares, las que corresponden a diversas instituciones del Estado y a los gobiernos locales. Esto implica más recursos y más decisiones en manos de los militares y menos recursos para fortalecer la institucionalidad del Estado.
La remilitarización de la seguridad no es un hecho novedoso en Honduras ya que desde el año 2003 hasta la actualidad, la tendencia de este fenómeno ha sido creciente. Con el Golpe de Estado de 2009, se fortaleció cuando los grupos fácticos, empresarios y políticos, colocaron como árbitros del conflicto político a los militares, cediéndoles importantes espacios de poder[1]. Esta tendencia militarista se profundizó durante el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014- 2018; 2018-actualidad). La justificación para militarizar la sociedad ha sido el combate a la violencia, la criminalidad común y paradójicamente “la lucha contra el narcotráfico”. Bajo ese argumento y a falta de legitimidad, el mandatario ha contado con el apoyo de los militares para dar sustento y continuidad a su régimen autoritario.
A cambio, las Fuerzas Armadas se han mantenido en la escena pública, aumentaron su poder, han dispuesto de cuantiosos recursos sin rendición de cuentas, poseen un enorme control sobre la institucionalidad del Estado. También han logrado mantenerse en la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos, como lo muestra el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde quedaron evidenciados los abusos militares y policiales cometidos en el contexto de las protestas sociales en rechazo de la reelección y el fraude electoral en las elecciones de 2017[2].
Sin duda, los militares deben cumplir una función importante para atender los problemas que derivan de la pandemia. El gran dilema es ¿cómo hacer para que las Fuerzas Armadas mantengan sus misiones institucionales legítimas durante y después de la pandemia?
¿Nuevos roles militares en el contexto de la pandemia?
En los mandatos constitucionales, la defensa nacional es la misión principal de las Fuerzas Armadas, por lo de acuerdo a la Red de Seguridad y Defensa (RESDAL) las misiones subsidiarias serían aquellas en las que el Estado hace uso de las capacidades instaladas de una Fuerza Armada en caso de emergencia y las pone al servicio de la comunidad[3] En el marco de la crisis COVID 19, en los distintos países de la región latinoamericana, los militares se ocupan de tareas subsidiarias, para hacer frente a la pandemia, siendo el área de la salud y el acercamiento de recursos a los más necesitados las acciones más frecuentes.
A partir de esa clasificación que hace la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), en el caso de Honduras, cabría preguntarse ¿qué están haciendo los militares? ¿Cuáles son esas acciones subsidiarias que realizan? Sin duda hay tareas que se justifican en el marco de la emergencia, entre ellas: la protección de las fronteras y puntos ciegos, el trasporte de alimentos e insumos médicos y medicinas; apoyo logístico a los hospitales, movilización de personal médico y de ciudadanos afectados, poner a disponibilidad del Estado los recursos humanos y la infraestructura militar para atender la pandemia.
Sin embargo, hay acciones con las cuales, los militares además de fortalecer la militarización, rebasan las capacidades de la misma institución y también desbordan la formación militar, ejemplo: patrullajes en las ciudades e instalación de retenes porque son competencia de la Policía Nacional; así como la administración de hospitales, la cual es competencia del Ministerio de Salud.
La delegación de la administración de los hospitales móviles en los militares de parte del poder Ejecutivo ha sido una de las decisiones más recientes y cuestionadas por sectores de la oposición y otros actores de la sociedad puesto que es una función que le compete al Ministerio de Salud. También la controversia deriva de la opacidad con que se compraron siete hospitales móviles, dos de los cuales ya están en el país, los que fueron comprados por INVEST-H mediante un proceso de compra que exhibe enormes irregularidades e impregnado por la corrupción[4].
La secretaria de la Defensa (SEDENA), ante las críticas que la ciudadanía hace a la gestión de la pandemia y a las decisiones de traspasar funciones como es la administración de los hospitales, ha manifestado: «(…) Las Fuerzas Armadas cumplen una vez más con el Artículo 274, de la Constitución de la República, que manifiesta que la institución militar coopera con las Secretarías de Estado a pedimento de éstas» [5]
COVID 19, un pretexto para fortalecer la militarización y el autoritarismo
Lo cierto es que bajo la excusa de COVID 19, se está fortaleciendo la tendencia a la militarización de la seguridad pública, cuando se usa a las Fuerzas Armadas en misiones y funciones de naturaleza policial. De hecho, a las Fuerzas Armadas pertenece una Policía Militar de Orden Público, creada por el mandatario y que interviene de manera directa en tareas de seguridad pública.
Esta tendencia militarista también abarca la ampliación de las funciones de los militares hacia otras funciones del Estado que no son competencia de los militares, como la producción en el agro, el control de los centros penitenciarios, la administración de hospitales.
También en el contexto de COVID 19, se ha observado como miembros de la cúpula rompen con el precepto Constitucional de Artículo 172, que establece que las Fuerzas Armadas son una institución nacional apolítica, por lo que se espera que sus miembros, sobre todo miembros de la cúpula militar no actúen como miembros activos del partido de gobierno, como ha sucedido en el marco de COVID 19, cuando aparecen al lado del mandatario en las cadenas televisivas, o junto a él en las distintas actividades de campaña del gobierno, tampoco pueden defender la gestión del gobernante en la pandemia en abierta confrontación con la oposición del gobierno, lo que los exhibe como militantes del partido de gobierno.
La pandemia debería abrir espacio a la desmilitarización de la sociedad y de la seguridad de los ciudadanos, por lo que el reto es avanzar durante y en el pos pandemia hacia la desmilitarización de la sociedad, de las instituciones, especialmente de la Seguridad Pública y de las estructuras del poder en las que están presentes los militares.
Descargue: Análisis – MilitarizaciónCESPAD
[1] Salomón Leticia. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Honduras/cedoh/20170615051303/pdf_210.pdf
[2]El informe ¨ Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: avances y desafíos¨, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece que al menos 22 civiles y un agente policial murieron y otras 60 personas fueron lesionadas durante las protestas tras los comicios del 26 de noviembre de 2017, a lo que se suman arrestos masivos, malos tratos y detenciones arbitrarias. Los cuerpos de seguridad utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, que resulto en muertes, así como lesiones de diversa magnitud de manifestantes y transeúntes. https://www.efe.com/efe/america/sociedad/onu-honduras-debe-redoblar-esfuerzos-para-reparar-a-las-victimas-de-la-crisis/20000013-4156530
[3] https://www.resdal.org/assets/Boletin_COVID.pdf
[4] https://sedena.gob.hn/2020/05/11/dos-de-los-siete-hospitales-moviles-que-se-instalaran-en-el-pais-seran-administrados-por-militares/
[5] https://sedena.gob.hn/tag/hospitales-moviles/
