Eugenio Sosa, sociólogo e investigador del CESPAD
14 de julio 2020
En plena pandemia de la COVID-19 las deportaciones de migrantes que han llegado o intentan llegar a los Estados Unidos no se han detenido. De acuerdo a los datos estadísticos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO) desde el 1 enero al 5 de julio del 2020 sumaron 23 mil 811[1] los hondureños deportados tanto por la vía terrestre como aérea, incluyendo las deportaciones de Estados Unidos, México y Centroamérica. De estas deportaciones, 18,281 son hombres, 2,967 son mujeres, 1604 son niños y 959 son niñas[2].
La migración, especialmente hacia los Estados Unidos ha sido la principal salida o “válvula de escape” ante la crisis económica, social y política de la sociedad hondureña, agudizada de manera paulatina y sistemática en la última década. Con el cierre de las fronteras y el confinamiento por la COVID-19, los flujos migratorios se han reducido, pero se incrementarán de manera exponencial cuando se salga del confinamiento y se abran las fronteras. Salvo que Honduras inicie un proceso de transformación que empiece a generar oportunidades y devuelva la esperanza los los diferentes sectores, sobre todo los más excluidos.
Los procesos migratorios también constituyen espacios vulnerables ante la COVID-19. Por ello, ante la propagación de la pandemia y la creciente necesidad de brindar asistencia a la población migrante, representantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Honduras hicieron un llamado para que los derechos y necesidades de las personas migrantes sean reconocidos, respetados y atendidos aun en estos momentos excepcionales[3]. Según el representante de CICR[4] para Honduras, Karim Khallaayoun, “es importante fortalecer los planes de respuesta para toda la población migrante, tanto retornada como en tránsito, que se encuentre en centros de aislamiento temporal como albergues y aquellos fuera de estos espacios que afrontan condiciones de vulnerabilidad como resultado de haber quedado varados por la pandemia”[5].
La pandemia a causa del COVID-19 no ha logrado frenar las deportaciones a Honduras, un país que enfrenta “enormes” desafíos en inmigración[6]. Honduras enfrenta enormes desafíos en materia de migración y desplazamiento interno por la violencia “ambos son fenómenos que están de alguna u otra manera interconectados. Una gran cantidad de personas migrantes que integran las caravanas han sido en primer lugar desplazados internos por la violencia quienes han decidido migrar como última opción para salvar sus vidas”[7].
En el contexto de la COVID-19, Estados Unidos en el tema migratorio no tiene ninguna consideración con los países que llama “aliados” o “amigos”. En los últimos años Estados Unidos colocó el tema migratorio en la agenda de la geopolítica de la seguridad, expulsándolo de la agenda del desarrollo y de los Derechos Humanos. Después de la Guerra Fría, que definió al comunismo como su principal enemigo y amenaza, los Estados Unidos en sus políticas de geo-seguridad han redefinido lo que llaman las nuevas amenazas globales. Estas nuevas amenazas están relacionadas, sobre todo con el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, hay otros temas relacionados con los anteriores que se vinculan al tema de la geopolítica de la seguridad, como la migración, la violencia e incluso la corrupción, aunque en menor medida. En el caso del norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), como parte de la estrategia de seguridad ha tenido especial interés en los temas de migración, narcotráfico y violencia, sobre todo la asociada a las maras y pandillas.
Desde esta perspectiva, la política de los Estados Unidos de ayuda al desarrollo, ha estado totalmente subordinada a sus estrategias de geo seguridad regional. Así se han puesto en marcha programas como la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y la iniciativa conocida como “Tercer País Seguro”. Bajo algunas de estas iniciativas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha diseñado e implementado un conjunto de programas con los objetivos de mejorar la seguridad ciudadana en Centroamérica, fortalecer la capacidad de las comunidades para combatir la delincuencia y crear oportunidades educativas y de empleo para los jóvenes en situación de riesgo. En esencia el objetivo principal de estos programas es reducir la violencia y la migración de estos países hacia los Estados Unidos.
La política anti-migración de los Estados Unidos no empezó con Donald Trump, sino desde los gobiernos de Bush y Obama. Como lo han señalado algunos estudiosos de los temas de seguridad y migración, la máquina de deportación la construyó Bush y Obama, pero la puso en marcha y fortaleció Trump. Desde enero de 2017 Trump anunció diversas políticas relacionadas con sus promesas de campaña de “deportar a todos los extranjeros criminales” y “terminar con la inmigración ilegal”. No todas las promesas las ha podido llevar adelante, algunas quedaron enredadas en el Poder Judicial o en el Congreso de los Estados Unidos. Pero Trump ha logrado firmar órdenes ejecutivas relacionadas con la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias al interior de Estados Unidos. Además, Trump ha tenido éxito en arrestar y deportar a quienes anteriormente podían permanecer en Estados Unidos si se reportaban al ICE[8] cada seis meses[9].
Siguiendo sus promesas de campaña, Trump realizó en 2017 acciones para cancelar dos programas que otorgaban protecccióón temporal contra la deportación de determinados grupos de migrantes indocumentados. Trump rescindió el programa DAPA[10], que hubiera extendido la protección a indocumentados con hijos nacidos en Estados Unidos o documentados. También buscó cancelar el Status de Protección Temporal (TPS)[11] que ha amparado a alrededor de 400,000 ciudadanos de El Salvador, Honduras y Haití[12].
El primer pilar de la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) del gobierno de Donald Trump es proteger a la patria. En este pilar, la migración se presenta como una de las amenazas fundamentales. El segundo pilar de la ESN, es “promover la prosperidad estadounidense”. El tercer pilar de la ESN es “Preservar la paz mediante la fortaleza”. Se espera “reconstruir la fortaleza militar de Estados Unidos.”. Se propuso un incremento de 54 mil millones de dólares en defensa para 2018 (el 9 % de aumento para el presupuesto militar), a expensas de un recorte de 37.6 mil millones en asistencia diplomática y exterior. El seis de enero de 2018, se anunció la compra de armamento militar por más de 98 millones de dólares para México, la compra estuvo avalada por la Casa Blanca y el Departamento de Estado y sería usado para la “defensa nacional” mexicana y la lucha contra el “crimen internacional”[13].
Con el propósito de brindar una respuesta a la problemática de la migración irregular y crear las condiciones de desarrollo necesarias que permitan el arraigo de las poblaciones, los presidentes de los tres países (Guatemala, Honduras y El Salvador) acordaron diseñar una estrategia conjunta. Para ello, establecieron el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN), como una solución estructural que aborda las raíces económicas, sociales e institucionales del fenómeno migratorio. La Alianza para la Prosperidad se construyó como una respuesta a la crisis migratoria humanitaria que trajo a más de 40.000 niños no acompañados del norte de Centroamérica a los Estados Unidos en el 2014. Durante el año 2015, Estados Unidos recibió una segunda ola de inmigración procedente del triángulo norte (integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador) que agravó la crisis migratoria infantil que sacudió al país en el 2014. A finales del 2015, Estados Unidos había detenido a 21,469 migrantes en su frontera sur. Esto llevó al Congreso Nacional de los Estados a la decisión de asignar 750 millones de dólares para los países del norte de Centroamérica[14].
Estas políticas y programas anti-migración de los Estados Unidos hacia los países del norte de Centroamérica no han tenido la efectividad esperada en dos sentidos: uno, no han ejecutado los desembolsos o la ayuda en millones de dólares prometida y tampoco han logrado parar los flujos migratorios. En octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, una caravana de migrantes hacia los Estados que logró conjuntar a más de 10 mil personas de la región centroamericana. Luego se han producido otras caravanas. Por otro lado, estas políticas y programas para detener la migración van acompañadas de otras estrategias que promueven la militarización de la región para enfrentar las nuevas amenazas transnacionales definidas en la política de geo seguridad de los Estados Unidos.
Descargar: Análisis38 – CESPAD
[1] Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO, 2020) https://www.conmigho.hn/; https://www.conmigho.hn/direccion-general-de-proteccion-al-hondureno-migrante/retornados-2020
[2] Ídem.
[3] Misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Honduras.
[4] Misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
[5] Honduras: llamado a asistir sin discriminación a todas las personas migrantes en medio de la pandemia COVID-19 https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-llamado-asistir-sin-discriminaci-n-todas-las-personas-migrantes-en-medio-de
[6] Pandemia no frena deportaciones a Honduras, país que enfrenta “enormes” desafíos en inmigración 22 abril 2020 https://departamento19.hn/pandemia-no-frena-deportaciones-a-honduras-pais-que-enfrenta-enormes-desafios-en-inmigracion/
[7] Pandemia no frena deportaciones a Honduras, país que enfrenta “enormes” desafíos en inmigración 22 abril 2020 https://departamento19.hn/pandemia-no-frena-deportaciones-a-honduras-pais-que-enfrenta-enormes-desafios-en-inmigracion/
[8] Immigration and Custom Enforcement (ICE).
[9] Armendares, P. E. (Mayo de 2018). La política migratoria de Trump. Impacto para los migrantes mexicanos y sus comunidades. Ciudad de México, México. Obtenido de https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/La_politica_migratoria_Trump_distribucion.pdf. Página 47.
[10] Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA).
[11] Aunque finalmente fue extendido hasta el 04 de enero de 2021 para El Salvador, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán.
[12] Armendares, P. E. (Mayo de 2018). La política migratoria de Trump. Impacto para los migrantes mexicanos y sus comunidades. Ciudad de México, México. Obtenido de https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/La_politica_migratoria_Trump_distribucion.pdf. Páginas 48-62.
[13] La Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. y su impacto en América Latina y el Caribe. (27 de Enero de 2018). CELAG.ORG. Obtenido de https://www.celag.org/la-estrategia-seguridad-nacional-ee-uu-impacto-america-latina-caribe/
[14] https://www.coha.org/alianza-para-la-prosperidad-muy-lejos-de-ser-una-solucion-definitiva-para-la-crisis-migratoria-del-triangulo-norte-en-centroamerica/
