Por: Mirna Flores, investigadora del CESPAD
30 de junio 2020
Al menos 22 hondureños han sido extraditados a EE.UU. por delitos de narcotráfico desde que se aprobó la reforma constitucional al artículo 102. Entre 2014 y 2015 se realizaron 8 extradiciones; entre 2016 y 2017 suman 10 extradiciones; en 2018 y 2019, estas se redujeron a 4 extraditados, representando la mitad con respecto a los dos años anteriores.[1]
En la región del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras fue el tercer país en aprobar la extradición. La decisión se produce bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, quien destina importantes recursos de su presupuesto anual al combate del narcotráfico en la región del Triángulo Norte Centroamericano. En el caso de Honduras, la extradición es una decisión de ese país que busca enjuiciar a personas, funcionarios públicos, empresarios, policías, diputados vinculados a actividades del narcotráfico, porque en el país de origen no lo hacen.
En términos comparativos, Guatemala y Honduras son los países que más extraditan ciudadanos por narcotráfico hacia Estados Unidos. Guatemala ha extraditado unos 45 ciudadanos, Honduras 22, El Salvador pese a tener un acuerdo con Estados Unidos no ha extraditado ningún ciudadano por narcotráfico, si ha entregado a la justicia 15 ciudadanos relacionados con crímenes y violaciones a mujeres en territorio estadounidense, Costa Rica solamente ha extraditado a 1 hondureño por narcotráfico a solicitud de Estados Unidos y finalmente en Nicaragua, la Constitución Política no permite la extradición.[2]
Dos hechos recientes han colocado el tema de la extradición en el debate público en nuestro país: a) la declaración de funcionarios del Ejecutivo que abren la posibilidad para revisar, cambiar o hacer adiciones al acuerdo de Extradición; b) la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que a criterio de muchos sectores daría marcha atrás con las extradiciones.
La posible suspensión o cambio de leyes que reduzcan el impacto de las extradiciones podría ser parte de la estrategia del régimen de Juan Orlando Hernández para que los casos de corrupción vinculados al narcotráfico que han sido denunciados en las cortes de Estados Unidos y que afectan a diputados, funcionarios públicos y políticos no acaben siendo juzgados en los Estados Unidos, dado que es más fácil doblegar a la justicia hondureña que a la norteamericana. Las dudas e interrogantes existentes sobre la eliminación o limitación a las extradiciones se desarrollan en un contexto de enorme desconfianza ciudadana por la salida de la MACCIH y en un momento donde la ciudadanía y los sectores organizados de la sociedad civil claman porque no entre en vigencia el nuevo Código Penal.
Los mecanismos a través de los que se buscaría limitar la Extradición:
a. La revisión, cambio, modificación de los procedimientos para realizar las extradiciones
En relación a la posible iniciativa velada de suspender o limitar las extradiciones, las declaraciones del Ministro de Relaciones Exteriores Lisandro Rosales, abrieron las dudas, cuando a la pregunta que se le formuló: Estados Unidos siempre ha avalado la disposición de Honduras con las extradiciones, ¿van a continuar?, la respuesta fue: “Es parte de las acciones en la lucha contra el narcotráfico (la extradición) y creo que han dado el resultado esperado, y en la medida que funcione para eso deberían mantenerse. Claro, se puede hacer el análisis respectivo cuando sea prudente, tomando en consideración el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia e investigación”. [3]
Esas declaraciones generaron la reacción inmediata de algunos sectores de la sociedad hondureña, quienes identifican en ellas la intención de suspender, limitar o modificar la Extradición y consideran que estas iniciativas forman parte de una estrategia que garantizaría al Gobierno de Juan Orlando Hernández que los casos de solicitud de extradiciones que afectan a los más altos funcionarios de los gobiernos nacionalistas y a él mismo, no acaben en los tribunales de los Estados Unidos. Con estas y otras declaraciones lo que se está percibiendo es que se está pretendiendo dejar la puerta abierta para modificar, limitar o cancelar la figura de la extradición. La ambigüedad con la que los funcionarios abordan el tema sería el preámbulo de preparación para ponerle límites a la extradición.
Según declaraciones registradas por el periódico digital El Pulso, desde el año pasado se han mantenido conversaciones con respecto a este tema, para el caso, en enero el Pastor Alberto Solórzano expresó que: “En una reunión entre autoridades del alto mando policial y la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional y desde hace un buen tiempo se vienen dando algunas conversaciones del tema, ya que es muy necesario en Honduras(…) se han identificado algunas situaciones de este tema que deben ser analizadas, no puedo dar más detalles al respecto porque hay algunas que están en proceso”[4]
Las reacciones de rechazo a la probabilidad de suspender las extradiciones han sido contundentes. La ex diputada Fátima Mena[5] se pronunció de la siguiente manera: ¨La única justicia que el pueblo hondureño ha visto, especialmente para alcanzar a la élite política corrupta vinculada con temas como el narcotráfico ha sido gracias al auto acordado que facilita y permite la extradición y que facilita estos procesos”.
El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), mediante un comunicado de prensa también se pronunció en contra de suspender los procesos de extradición en Honduras, rechazando lo que ellos denominan “la pretendida posibilidad de suspender la entrega de ciudadanos hondureños” a EEUU por delitos de narcotráfico, corrupción y crimen organizado (…)” “Si se suspenden las extradiciones en Honduras reinará aún más la impunidad”. “Estas acciones promovidas por el Ejecutivo sirven para obtener más adeptos entre algunos diputados del Congreso Nacional vinculados con casos de corrupción y narcotráfico que investiga la Corte Federal de Nueva York y así asegurar su proyecto político continuista”.[6]
Adicionalmente, el abogado Omar Menjívar, expresó: ¨La jugada que yo anticipo que llevará a cabo la narco dictadura será anular por la vía de algún recurso que resuelva la Sala de lo Constitucional, el auto acordado y de esa manera deja de existir la herramienta procesal que le da vida al procedimiento para llevar a cabo una extradición, por tanto, de llegar una solicitud de extradición contra JOH, por ejemplo, no se le podría dar curso y mucho menos resolver, por no existir un procedimiento legal para hacerlo. Prometerán la aprobación de una ley que nunca van a aprobar, o, al menos no lo harán durante el tiempo que les convenga, con lo cual propician un limbo indefinido que les haría ganar tiempo para que en Estados Unidos prescriba la posibilidad de enjuiciarlo, habida cuenta de que en Estados Unidos una vez iniciado un proceso penal a través de una acusación formal en una corte, si ese proceso se mantiene inactivo por un término de cinco años, ese proceso se extingue” [7]
b. La puesta en vigencia del nuevo código penal
En relación con los cambios que pueden sobrevenir a las extradiciones con la puesta en vigencia del nuevo Código Penal, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y las organizaciones de la sociedad civil reiteradamente han denunciado que el Artículo 9 del nuevo Código Penal impedirían extradiciones. El controversial artículo evitaría a los solicitados en extradición llegar a esa instancia, mediante un «artilugio jurídico comprendido» en la norma referente al delito de tráfico de droga. Con las disposiciones de ese artículo estarían evitando que las personas que cometan ese ilícito, puedan ser extraditadas. En cambio, exigen que sea la Justicia de Honduras la que se encargue de los casos.[8]
Artículo 9, inciso 3, del nuevo Código Penal:
ARTÍCULO 9.- APLICACIÓN ULTRATERRITORIAL DE LA LEY PENAL. La Ley penal es aplicable, aun cuando la conducta haya sido realizada fuera del territorio nacional, en los casos siguientes:
3) Principio de Justicia Universal. Independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión de la conducta punible y de la nacionalidad del autor, se puede juzgar y sancionar conforme con la Ley penal hondureña los delitos cometidos en el extranjero cuando se cumplen las condiciones establecidas en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y/o ratificados por el Estado de Honduras, así como cuando los autores o los instrumentos del delito se encuentran dentro del territorio nacional o en un lugar donde el Estado de Honduras ejerce jurisdicción, en los delitos siguientes: a) Genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra; b) Lavado de activos y testaferrito; c) Tráfico de vehículos automotores que provengan de actividades ilícitas; d) Tráfico ilícito de personas, órganos, materiales anatómicos u óvulos fecundados; e) Trata de personas; f) Terrorismo; g) Tráfico ilícito de armas; h) Tráfico ilícito de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; i) Explotación sexual de menores de dieciocho (18) años; j) Desaparición forzada de personas; y, k) Corrupción de funcionarios o empleados públicos.
Con la puesta en vigencia del Nuevo Código Penal, los eventuales extraditables políticos alegarán que la nueva norma se los permite y buscarán mejor ser procesados en el país antes que ir a Estados Unidos. Además “Ahora con esas penas ridículas que se consignan en el narcotráfico: de 4 a 7 (años), de 7 a 10 (años), entonces los narcotraficantes de nuestro país -que ya sabemos nosotros quienes andan en eso con los juicios que están ocurriendo en el Distrito Sur de New York- vemos que andan buscando que la sanción penal venga de Honduras y no de otros países”.[9]
En conclusión
El Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos hondureños al exterior en enero de 2012, que abarca actividades de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. La reforma se llevó a cabo cuando fungía como presidente de la República Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández era el presidente del Poder Legislativo. Un año después, en 2013, el Poder Judicial ratificó la disposición; luego, a falta de una Ley de Extradición se hace uso de un auto acordado, emitido por la Corte Suprema de Justicia para el procedimiento de la extradición.[10] Es hasta dos años después de aprobada la reforma que se produjo la primera extradición, en aplicación de la reforma constitucional. Esto significa que el proceso ha sido lento y que hasta le fecha se adolece de una Ley de Extradición.
No obstante, la amplitud de críticas y polémicas que se desarrollan en torno a la extradición, ante los altos niveles de impunidad y frente a un sistema de justicia con enormes falencias como el nuestro, la extradición es percibida con un cierto sentimiento de posible justicia frente a un sistema que no ha funcionado, no ha investigado o castigado los delitos que están siendo develados en los juicios que se desarrollan en las cortes estadounidenses a los extraditados.
A medida que han escalado en importancia las extradiciones, apuntando a las más altas figuras del engranaje en el poder, mayores son las necesidades de activación de las estrategias y mecanismos de blindaje a la extradición.
Descargar: Análisis36 – CESPAD
[1] https://proceso.hn/actualidad/7-actualidad/honduras-cierra-2019-por-segundo-ano-al-hilo-con-baja-de-extradiciones.html
[2] https://www.elheraldo.hn/pais/1355494-466/honduras-y-guatemala-los-que-m%C3%A1s-extraditan-capos-a-ee-uu
[3] https://www.elheraldo.hn/pais/1383597-466/lisandro-rosales-cuando-sea-prudente-se-puede-analizar-el-tema-de-las
[4] http://elpulso.hn/?p=44366
[5] http://elpulso.hn/?p=44366
[6] https://proceso.hn/politica-nacional/36-proceso-electoral/partido-liberal-en-contra-de-suspender-extradiciones-de-hondurenos.html
[7] https://criterio.hn/asistimos-a-la-vispera-del-fin-de-la-extradicion/https://www.google.com/search?q=
[8] https://tiempo.hn/nuevo-codigo-penal-impediria-extradiciones-sociedad-civil/
[9] https://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/nuevo-codigo-penal-limitara-extradiciones-y-ahora-capos-buscaran-pagar-penas-en-honduras-segun-cna.html
[10] https://proceso.hn/aldia/15-al-d%C3%ADa/partido-liberal-en-contra-de-suspender-extradiciones-de-hondurenos.html#:~:text=%2D%20Al%20menos%2023%20hondure%C3%B1os%20han,constitucional%20en%20enero%20de%202012.&text=De%20acuerdo%20al%20escrito%2C%20si,reinar%C3%A1%20a%C3%BAn%20m%C3%A1s%20la%20impunidad%E2%80%9D.
