Por: Eugenio Sosa, sociólogo e investigador del CESPAD
La ola democrática que iniciara a finales de los años setenta se encuentra agotada. Muchas democracias del mundo viven retrocesos democráticos o cuando menos, tienen serias amenazas de retrocesos democráticos. Han llegado a la presidencia personajes de todo tipo, propios de los momentos de decadencia política. Allí están los ejemplos más emblemáticos: Donald Trump en los Estados Unidos de América, Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador, y otros más. Estos gobiernos autoritarios han contado con el apoyo de los grupos oligárquicos y de los grupos más conservadores de la sociedad. Son presidentes que establecen relaciones clientelares con las fuerzas del orden: policiales y militares.
Estos gobiernos ante la falta de consenso político sólido y mayoritario, tienden a apoyarse en las Fuerzas Armadas. A cambio los militares suelen ser compensados con puestos importantes en el gobierno, ampliación de funciones y competencias, “jugosos” presupuestos, y recursos adicionales para cumplir nuevas asignaciones y responsabilidades. Los militares son un enclave autoritario permanente en las sociedades latinoamericanas, que las transiciones políticas hacia la democracia no lograron eliminar. Sólo a manera de ejemplo, la sociedad chilena sigue regida por la Constitución de la época de la dictadura de Augusto Pinochet y en Honduras la Constitución de 1982 establece que los militares son los garantes de la democracia y de la alternabilidad en el poder. Bukele ha llegado a militarizar el Congreso Nacional de El Salvador, queriendo someter a los diputados para que le aprueben ciertas políticas de manejo presupuestario y otras medidas.
Parte de este fenómeno que recorre América Latina es la militarización de la seguridad pública y de la sociedad en general. La militarización de las sociedades de América Latina ha reemergido como una de las amenazas de la democracia en el siglo XXI. Pero, ¿qué están haciendo los militares en el contexto de la pandemia COVID-19? En los países del norte de Centroamérica, las Fuerzas Armadas fueron desplegadas para desacelerar el contagio del coronavirus, tendiendo cercos de vigilancia fronteriza por aire, mar y tierra, para hacer cumplir las cuarentenas domiciliarias. Lo anterior, supuestamente sin descuidar las tareas de apoyo a la seguridad pública y el combate al tráfico de ilícitos[1].
Las Fuerzas Armadas en El Salvador establecieron vigilancia permanente en 186 puntos ciegos fronterizos para evitar que ingresen las personas sin controles sanitarios. Las Fuerzas Armadas de Guatemala empacaron y entregaron canastas básicas, casa por casa. El Ministerio de Defensa guatemalteco apoyó con su Comando de Ingenieros en la construcción de cinco hospitales de campaña para atender a los afectados por el COVID-19. En Honduras, las Fuerzas Armadas produjeron más de 3500 mascarillas diarias, cuando éstas estaban agotadas en el mercado. La dirección de Logística de las FFAA coordinó la entrega de alimentos, prometiendo que llegaría a más de 3,2 millones de personas[2].
Lo anterior llevó a que los militares y policías fueran considerados, junto a los trabajadores de la salud, como los combatientes de primera línea, en la “guerra invisible” contra el COVID-19. Algunos medios de comunicación en Honduras los llegaron a considerar, junto a los médicos, los verdaderos héroes. Pero como se ha insistido muchas veces, los militares en las calles tienen una predisposición a cometer abusos y violaciones a los derechos humanos en contra de la ciudadanía.
En El Salvador, hasta mediados de abril habían sido detenidas en centros de contención más 1,200 personas, por violar órdenes del toque de queda. El 8 de abril, la Corte Suprema del país dictaminó que las violaciones del toque de queda no justifican detenciones arbitrarias por parte de la policía y el ejército, pero el presidente Nayib Bukele afirmó que no cumplirá con la decisión del máximo tribunal. “En Honduras, el presidente emitió un decreto que temporalmente restringía los derechos a la libertad de expresión garantizados en la constitución, afirmando que esto era necesario para combatir la propagación de la desinformación relacionada con la pandemia, pero después de fuertes críticas fue dejado sin efecto. En Bolivia, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH pidió al gobierno interino de Jeanine Añez a retirar un decreto que establece penas de prisión por ´desinformar´ e ´incitar a los crímenes contra la salud´, con base en cargos imprecisos y demasiados amplios”[3].
Como lo ha sostenido Wola, “los poderes de emergencia deben ser claramente limitados; el papel de las legislaturas y los órganos judiciales en supervisar el ejercicio del poder ejecutivo no se debe suspender indefinidamente (…) Ha sido una lucha difícil para los gobiernos y las sociedades del hemisferio superar el legado de las dictaduras militares de la Guerra Fría; hay que evitar retrocesos en este frente”[4].
En situaciones de pandemia, los sectores sociales más excluidos tienden a desobedecer los toques de queda y el confinamiento obligatorio, porque tienen que salir a la calle para poder sobrevivir. “En Honduras, la policía militar fue desplegada para enfrentar a manifestantes que exigían alimentos, debido a que la cuarentena dejó a familias de bajos ingresos sin acceso a bienes básicos”[5]. Los militares ya tienen varios años de estar en las calles atendiendo temas de seguridad pública, y las políticas para enfrentar la pandemia COVID-19 han venido a fortalecer este papel de los militares.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador también ha desplegado a los militares para el combate a la pandemia. Las 313 instalaciones sanitarias del ejército mexicano se utilizan para atender los enfermos de COVID-19. Los militares también se hacen cargo de la operación de 80 instalaciones civiles de salud en varios estados del país. Además, serán los responsables de comprar parte del equipo y medicamentos que se requiera para los hospitales. Y en caso necesario se utilizarán aeronaves, buques, vehículos terrestres y ambulancias para trasladar personas enfermas o dispositivos médicos[6]. En contraste con este tipo de actividades, “las violaciones de derechos humanos por agentes del orden han crecido en el contexto de la polémica ofensiva militar contra el crimen organizado que México mantiene desde 2006”[7].
En Honduras, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha observado con preocupación el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las diferentes fuerzas del orden en el marco del toque de queda y de otras disposiciones del estado de emergencia. El 24 de abril en la comunidad El Paraíso, en Omoa, Cortés, dos hombres resultaron heridos con arma de fuego en un operativo de control llevado a cabo por agentes de la Policía Militar del Orden Público y uno de ellos falleció al día siguiente en el hospital. OACNUDH instó a la investigación de los hechos de forma pronta, imparcial y exhaustiva para identificación y sanción de las personas responsables, iniciando inmediatamente y de oficio. OACNUDH sostiene que la prohibición de la privación arbitraria de la vida, la tortura y otros malos tratos es absoluta e inderogable en todo momento. La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, ha declarado que “disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es sin duda una respuesta ilícita e inaceptable”[8].
En conclusión, la militarización era ya antes de la pandemia COVID-19 una tendencia fuerte y generalizada en América Latina, con especial énfasis en la seguridad pública. Con el COVID-19 esta tendencia a la militarización se ha profundizado. La amplia participación de los militares en las diferentes tareas de combate a la pandemia, que van desde repartir raciones alimenticias hasta reprimir las protestas, ha potenciado el protagonismo de los militares en los diferentes escenarios nacionales. En un contexto de debilidad institucional, como en gran parte de los países de América Latina, la subordinación democrática de los militares se pone en riesgo, y con ello, se pone en riesgo la misma democracia.
Descargar: Análisis35 – CESPAD
[1] https://dialogo-americas.com/es/articles/militares-del-triangulo-norte-refuerzan-combate-al-covid-19/
[2] https://dialogo-americas.com/es/articles/militares-del-triangulo-norte-refuerzan-combate-al-covid-19/
[3] https://dialogo-americas.com/es/articles/militares-del-triangulo-norte-refuerzan-combate-al-covid-19/
[4] https://www.wola.org/es/analisis/tendencias-antidemocraticas-abusos-derechos-humanos-covid-19/
[5] https://www.wola.org/es/analisis/tendencias-antidemocraticas-abusos-derechos-humanos-covid-19/
[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52539824
[7] https://www.afp.com/es/noticias/838/arraigado-abuso-policial-en-mexico-queda-expuesto-por-la-pandemia-doc-1t76re1
[8] https://oacnudh.hn/oacnudh-llama-a-que-las-autoridades-investiguen-denuncias-de-uso-excesivo-de-la-fuerza-y-tomen-medidas-para-prevenir-su-repeticion/
