Sin vida fue encontrado este 19 de junio el cuerpo del líder Garífuna de 71 años, Antonio Bernárdez en la Comunidad de Punta Piedra, de quien se desconocía su ubicación desde hace seis días atrás. De acuerdo a testigos, había emprendido camino hacia la comunidad de Icoteas y el último lugar donde se le vio con vida fue en la comunidad de Río Miel.
Bernárdez, era un anciano respetado y líder de Punta Piedra, una comunidad que ha sido violentada desde la invasión impulsada por el General Castro Kabus en 1992, año desde el cual se registran actos de conflictividad entre la comunidad Garífuna y los invasores de la zona. En el año 2003 el caso de Punta Piedra fue presentado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), y para el 2015 la misma Corte emitió una sentencia a favor de dicha comunidad, lo que fue ignorado por el Estado hondureño, quien se rehúsa a apelarse al mandato de la CIDH.
Asimismo, existen antecedentes de sucesos similares al de Bernárdez. En el 2003 se registra el asesinato de otro miembro de la comunidad garífuna, integrado a la lucha por la defensa de la tierra, suceso ante el cual las autoridades no han sido capaces de dar respuesta pese a que la CIDH, en 2015, emitiera una sentencia que señala que el Estado debe dar continuidad y encontrar a los culpables de ese asesinato.
En la sentencia también se señala que “el tiempo transcurrido pone en peligro a los miembros de la comunidad y contribuye al aumento de la conflictividad social en la zona”, y de hecho, en el 2018, en la comunidad se registraron denuncias por parte de los pobladores sobre las “amenazas directas de muerte”, “chantaje”, “incremento de robos”, y “levantamiento de perfiles a los líderes”.
Sin embargo, los asesinatos ocurridos, entre otras manifestaciones de abuso e injusticia, son acciones que coexisten en una comunidad que por décadas ha sufrido las violaciones de un sistema que defiende los intereses de los depredadores de los bienes naturales, atropellando lo que se encuentren en su contra. El asesinato de Antonio Bernárdez es el reflejo de las condiciones de exclusión social y de falta de acceso a la justicia en el que han vivido y continúan viviendo las y los Garífunas en Honduras.
Ante el asesinato de Antonio Bernárdez, desde el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) nos solidarizamos con el pueblo garífuna y demandamos:
- Al Estado de Honduras, apegarse a la resolución de la CIDH, en su sentencia emitida en el 2015 y ponga fin al litigio de las tierras Garífunas, un conflicto que solo les ha dejado persecución, criminalización y muerte.
- A la Secretaría de Derechos Humanos cumplir con su obligación de defender los Derechos Humanos y hacer que se respeten también entre as comunidades Garífunas.
- Al Ministerio Público, que haga la respetiva investigación de los hechos ocurridos para dar con la captura de quienes ordenaron y ejecutaron el crimen de Antonio Bernárdez, al igual que una respuesta a otros abusos, persecución y asesinatos en esta comunidad Garífuna.
20 de junio del 2020
