Autores del documento: Bladimir López y Lucía Vijil
En medio de la reapertura inteligente de negocios, el aumento de los contagios por COVID19, protestas sociales en demanda de alimentos y represión policial, comunidades continúan siendo asechadas y saqueadas por las políticas extractivistas con la venia del Estado. Y es que en las comunidades la pandemia del despojo y la violencia, han sido más letales que el mismo COVID-19, mientras el régimen de Juan Hernández no descansa con su avalancha empresarial y promoción de la inversión extranjera con mayores beneficios.
Asimismo, en la actual coyuntura han existido varias acciones que vulneran los derechos humanos de las organizaciones territoriales, indígenas y garífunas. Y es que, en este período de confinamiento, se han registrado 3 asesinatos de líderes (as) de territorio (Iris Argentina, Edwin Fernández y Edwin Sacaza), intentos reiterados para dar paso a la libertad de los asesinos de Berta Cáceres y el hostigamiento policial en las comunidades y detenciones ilegales ante la suspensión de las garantías constitucionales.
En el primer apartado, se hace la descripción de los hechos precisos que relatan la contraofensiva extractivista en Honduras en medio del COVID-19. En el segundo apartado, se describen los principales rasgos de la defensa del territorio en la actual coyuntura. Y en el tercer apartado, se puntualizan una serie de recomendaciones orientadas a darle respuesta a la actual vulneración de derechos humanos que sufre el liderazgo territorial.
A. La contraofensiva extractivista en tiempos de COVID-19
En el actual contexto, continúan las medidas del régimen de Juan Hernández para dar paso a las empresas extractivas en diferentes modalidades y continuar con la perpetuación de las desigualdades sociales y la profundización de conflictos socio-ambientales en el país, entre ellas destacan:
- Trámite de licencias ambientales en línea
En medio de la pandemia, el 31 de marzo, la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) anunció que los trámites para licencias ambientales se pueden hacer de manera virtual con el objetivo de no detener la operatividad del comercio y las empresas, además, de la promoción de la inversión en el país. De la misma manera, las empresas que cuenten con licencia ambiental operativa y en trámite de obtener licencia ambiental definitiva, tiene autorización para seguir operando en estado de emergencia.
Uno de los principales elementos detonantes de los conflictos socioambientales es el nulo acceso a la información por parte de las comunidades en resistencia y, un segundo elemento es la entrega de licencias ambientales y concesiones sin previa consulta a las comunidades sobre los proyectos extractivos.
Con esta acción de MiAmbiente, se acelera la entrega en concesiones y permisos ambientales sin los procesos transparentes adecuados, que, en tiempos previos a la pandemia, ya se habían denunciado irregularidades por parte de las organizaciones territoriales. En definitiva, en tiempos de COVID-19, la ofensiva extractivista tiende a aumentar el número de conflictos socioambientales a nivel nacional, y, por ende, poner en riesgo a los defensores y defensoras del territorio.
2. Inicia la construcción de la primera ZEDE en Roatán
PRÓSPERA (grupo de desarrollo económico de Estados Unidos) en asocio con el Gobierno de Honduras, crearon el primer Distrito Próspera en Roatán, según lo indicaban medios nacionales el 8 de mayo del 2020. Este cuenta con una jurisdicción semi- autónoma que abarca una o más ubicaciones físicas dentro de Honduras, y según información en el portal web, anclada a la Constitución de Honduras y cuyas instituciones de gobernanza han sido desarrolladas por y para empresarios y gente de negocios locales y globales[1].
Erick Briman, CEO de Próspera, indicó que en esa ZEDE se pretende construir proyectos de energía renovables, también la Technical University de Munich (TUM) y generación de empleo para los habitantes de la zona. Las ZEDES representan el enclave modernizado de la tercerización de la vida y la desterritorialización de las comunidades y “el disrrumpimiento de la democracia”, tal cual lo indicaba Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
La instalación de proyectos extractivos bajo la modalidad de ZEDES, representa para las comunidades rurales, un despojo completo de sus territorios y una lógica depredadora de mercado que únicamente vela por los intereses de los inversionistas en detrimento de la convivencia comunitaria y los bienes comunes naturales.
3. Proyectos en comunidades garífunas con las voces territoriales marginadas
OFRANEH ha realizado denuncias públicas durante el mes de mayo y se dirigió al Representante del Programa de Naciones Unidas (PNUD) sobre el Proyecto “Protegiendo la biodiversidad y recuperando ecosistemas degradados – RECOVER Honduras”, que se ejecutará en medio de 48 comunidades garífunas en el litoral atlántico del país.
Las demandas de la organización van en relación al incumplimiento de la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) en los territorios garífunas, que nuevamente, violenta los derechos a un medio ambiente sano, a la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la Consulta.
La instalación de corredores y termoeléctricas en las zonas, continúan siendo avalados únicamente por los representantes del régimen, sin embargo, las comunidades garífunas continúan exigiendo sus derechos como pueblos ancestrales.
4. Agudización de la crisis agraria
Con la aprobación del PCM-030-2020 y su reforma PCM-041-2020, el régimen de Hernández continúa violentando el derecho a la alimentación y desconociendo por completo el papel del campesinado hondureño organizado, en cambio, facilita a las empresas agroexportadoras el acceso a tierras nacionales y ejidales.
Ambos decretos, aprobados en medio de la pandemia del COVID19 y bajo una sombrilla discursiva de apoyo a los campesinos y campesinas en Honduras, son instrumentos legales construidos para continuar con la ampliación de la frontera agrícola agroexportadora, reconcentración de la tierra, la entrega de territorios bajo modalidad de concesión y la destrucción de la poca institucionalidad agraria pública de vocación campesina. Exponiendo nuevamente a los defensores y defensoras del territorio a ciclos más cruentos de violencia, represión y criminalización.
B. COVID-19 y la defensa del territorio en Honduras
Defender el territorio en tiempos de COVID-19 tiene grandes implicaciones políticas para las organizaciones campesinas, indígenas y garífunas, ya que es una defensa que se viene dando alrededor de la suspensión de las garantías constitucionales y en el marco de iniciativas extractivistas impulsadas desde el régimen de JOH
Cabe mencionar que dicha suspensión no es reciente, ya que las organizaciones en los territorios siempre han vivido en un estado permanente de excepción, ya que en el pasado no han contado con el respaldo de los gobiernos en temas de seguridad política y protección de derechos humanos al momento de ejercer su trabajo de defensoría.
En la actual coyuntura defender el territorio va más allá de oponerse al desarrollo de proyectos extractivos, también implica todo un proceso de control y gestión del territorio por parte de las comunidades que en la práctica cotidiana refuerzan procesos democráticos y desarrollan una serie de alternativas de cambio en tiempos de COVID-19.
En ese marco consideramos que el actual proceso de defensa de territorio se está desarrollando alrededor de tres procesos: i) suspensión de garantías constitucionales, ii) control y gestión democrática del territorio, iii) desarrollo de apuestas alternativas ante la crisis generada por el COVID-19.
i) La suspensión de garantías constitucionales
En la actual coyuntura la defensa del territorio implica enfrentarse a viejas y nuevas estrategias de criminalización por parte de los sectores que se disputan el territorio con las organizaciones territoriales. Lo anterior ha venido a agudizar problemas estructurales que profundizan la crisis de los derechos humanos en los territorios en resistencia, alrededor de las siguientes acciones:
- El funcionamiento a medio vapor de organizaciones de derechos humanos e instituciones del Estado: Las primeras realizan acompañamiento a las resistencias territoriales y ayudan a mitigar la política de represión. Las segundas, tímidamente y precariamente, realizan acciones encaminadas a resguardar la vida de las y los defensores. La falta de operación de estos dos espacios, conlleva a que las personas en los territorios se encuentren en un estado de indefensión en un contexto de país donde se vulneran derechos humanos básicos.
- Control del territorio por el crimen organizado: Distintos territorios pertenecientes a comunidades garífunas y campesinas son espacios estratégicos para la movilización de droga, lo cual ha conllevado a que sectores del crimen organizado hostiguen permanentemente y asesinen al liderazgo territorial. En la actual coyuntura esta problemática se vuelve más sensible, ya que ante la falta de vigilancia policial y militar actores del crimen organizado se mueven con mayor libertad por los territorios en resistencia.
- Incendio de los bosques y la militarización del territorio: Desde las organizaciones territoriales se manifiesta con fuerza, la manera en la que los incendios de los bosques son aprovechados por las fuerzas policiales y militares para asentar su presencia en territorios que actualmente están en disputa y controlados por las comunidades. La militarización encubierta del territorio es una de las prácticas de control que se ha instalado con fuerza en la actual coyuntura.
En ese contexto, la actual suspensión de garantías constitucionales beneficia ampliamente a los actores que por décadas han hostigado a las comunidades en resistencia, a la vez que refuerza el control del territorio por parte de las empresas extractivistas y eleva la desprotección de las personas que defienden el territorio. En definitiva, la contraofensiva extractivista en tiempos de COVID-19 amenaza la convivencia pacífica y posterga a un más el buen vivir de las comunidades campesinas, indígenas y garífunas.
ii) Control y gestión democrática del territorio
En la actual coyuntura la defensa del territorio también está implicando un fuerte proceso de control y gestión del territorio por parte de las organizaciones territoriales. Partiendo de la experiencia de las comunidades garífunas, indígenas y campesinas este proceso de control y gestión se está realizando alrededor de las siguientes acciones:
a) Acciones para la prevención y detención del COVID-19: Las organizaciones han implementado en sus territorios una serie de cordones epidemiológicos, campañas de comunicación y sensibilización para frenar la expansión del COVID-19. Las organizaciones a la vez que sensibilizan a la población, desde un posicionamiento critico atacan abiertamente la actual gestión autoritaria y conservadora de la crisis que el régimen de JOH le está dando a la actual emergencia sanitaria.
b) Acciones de autonomía alimentaria: Ante la creciente necesidad en el consumo de alimentos en las comunidades, las organizaciones emprenden acciones para alimentar a las personas, entre ellas sobresalen las ollas comunitarias y el trueque. Detrás de esta acción lo que se evidencia es un claro ejemplo de autonomía alimentaria, ya que las ollas son preparadas con los alimentos que se producen en las tierras y huertos comunitarios.
c) Acciones de soberanía territorial: Si bien es cierto que se han registrado acciones de intimidación por miembros de la policía nacional, las organizaciones territoriales mantienen el control de su territorio. Este claro ejemplo de soberanía territorial está poniendo en evidencia algunos temas de fondo: la reducción de conflictos, reducción de las acciones de persecución y el resguardo de los bienes comunes naturales del territorio.
El control y gestión democrática del territorio en perspectiva de defensa territorial, nos indica que los territorios administrados por las organizaciones son espacios de solidaridad, democráticos y lugares donde prevalecen comportamientos que fortalecen la convivencia pacífica. En definitiva, los territorios experimentan toda una ola de resignificación humana y organizativa que puede dar paso a la construcción de un tejido social comunitario con fuerte sentido democrático y recreador de utopías.
C. Apuestas alternativas a la crisis generada por el COVID-19
Y, por último, en la actual coyuntura defender el territorio significa una revaloración de las practicas ancestrales que por siglos han acompañado el accionar comunitario, político y cultural de las comunidades indígenas, campesinas y garífunas. Esas prácticas se traducen en acciones concretas que en el fondo evidencian alternativas de cambio, en los esfuerzos por avanzar la construcción de una nueva sociedad. Entre ellas sobresalen las siguientes apuestas[2]:
- La milpa colectiva: Las personas en las comunidades se reencuentran en torno a la tierra, a través de prácticas agrícolas sostenibles y alejadas de la lógica de la producción agroindustrial. La milpa colectiva es uno de los esfuerzos más genuinos y rebeldes para avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria, alrededor de una visión colectiva y comunitaria de la producción agrícola centrada en la comunidad.
- Medicina ancestral garífuna: El té garífuna es una de las bebidas que se utiliza con fuerza en las comunidades para fortalecer el sistema inmunológico. La medicina ancestral es uno de los medios de vida sobre el cual las organizaciones le disputan el saber medicinal al poder, a la vez que genera toda un critica a la medicina moderna y al control de las farmacéuticas.
- El trueque y el intercambio alimentario: Las relaciones de producción en las comunidades ha dado un fuerte giro a través del trueque, el cual se basa en el intercambio solidario de alimentos entre los miembros de las comunidades para satisfacer necesidades humanas. A esta práctica en la economía se le denomina “valor de uso” y contradice toda la significación del “valor de cambio” (bien económico que posee valor) que prevalece en la economía capitalista. Lo anterior refuerza la construcción de una economía comunitaria orientada a satisfacer los mercados locales y territoriales.
- Mercados territoriales: En menor medida se observa la puesta en práctica de una visión de mercados territoriales que tienen como objetivo el fortalecimiento de las economías locales en tiempos de COVID-19. Alrededor de esta visión se tejen solidas redes comunitarias, se comercializa sin intermediarios y se fortalecen las negociaciones colectivas.
Estas apuestas se asientan sobre la visión de autonomía descrita en el apartado anterior y se fundan alrededor de toda una crítica a las relaciones económicas que se tejen alrededor del mercado, a través de un posicionamiento que tienen tres características: desarrollan una dimensión critica de la situación actual de la sociedad, ponen en tela de juicio el orden social existente de manera global y reflexionan sobre lo que es deseable y posible.
En conclusión, la defensa del territorio es importante verla en esas tres direcciones, en los esfuerzos por avanzar en una mirada renovada y propositiva de la lucha territorial en un escenario post pandemia.
D. Recomendaciones
Alrededor de los puntos expresados en este documento, desde el CESPAD consideramos que el Estado y las organizaciones territoriales deben enfocar su reflexión y acción estratégica alrededor de los siguientes elementos:
Al Estado:
- Emprender acciones encaminadas a declarar la suspensión temporal de licencias ambientales para cualquier tipo de proyectos extractivos, ya que en el actual contexto las comunidades rurales son afectadas por los efectos del COVID-19 y la puesta en marcha de proyectos extractivos vendría a generar mayor conflictividad y profundización de la exclusión y las desigualdades.
- Es importante la apertura inteligente de las instituciones públicas encargadas de velar por la protección y promoción de los derechos humanos de las personas defensoras del territorio. A la vez que es de importancia que dichas instituciones y las organizaciones territoriales avancen en la construcción de estrategias de protección acordes al actual contexto de país.
- El Estado debe emitir salvo conducto a las organizaciones de derechos humanos que acompañan acciones en los territorios, como medida estratégica orientada a disminuir la actual vulneración de derechos perpetuada por los sectores extractivistas. De igual forma se debe emitir permisos especiales de circulación a las personas que realizan trabajo de defensoría en distintas comunidades del país, con el objetivo de garantizar el pleno goce de los derechos humanos en el actual contexto.
A las organizaciones territoriales:
- Ante la suspensión de las garantías constitucionales y el asecho de sectores ajenos a los territorios, es importante seguir fortaleciendo los las redes comunitarias de seguridad territorial como medida táctica y estratégica para reducir la vulneración de derechos humanos en la actual coyuntura.
- Es importante establecer una mirada a largo plazo sobre las acciones que giran alrededor del actual proceso de control y gestión democrática del territorio, orientado en avanzar hacia una estrategia política de accionar en un contexto post pandemia que arremeta con profundizar el actual proyecto extractivista y por ende agudizar la crisis de los derechos humanos en el país.
- El ensayo actual de alternativas comunitarias para enfrentar la crisis aporta nuevas miradas para avanzar en la transformación social, y de ahí la importancia de seguir abriendo espacios virtuales de análisis, debate y de intercambio con otros sectores comunitarios alrededor de las prácticas comunitarias alternativas, a la vez que se mantiene activo en redes sociales y radios comunitarias toda la reflexión y posicionamiento critico alrededor de la actual crisis.
Descargar: Coyuntura Mayo-2020
[1] Vea: https://prospera.hn/platform
[2] Se realiza una rápida aproximación de las apuestas alternativas. Somos conscientes que requiere de una análisis más detallado y preciso. Estaremos abordando el tema en el próximo análisis.
