Las demandas de los taxistas y la falta de un enfoque estratégico del Gobierno
1 de junio, 2020
Durante el período del 25 al 31 de mayo en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, el acontecimiento que marco la coyuntura fueron las protestas desarrolladas por los taxistas en distintas ciudades del país.
Demandas de los taxistas
Durante tres días consecutivos los taxistas salieron a protestar en distintas ciudades del país, demandando al gobierno el retorno a sus labores ante la falta de ingresos económicos para el sustento de sus familias. En la actual coyuntura de país, es el tercer levantamiento de este sector, el primero ocurrió en la tercera semana de marzo y el segundo durante el mes de abril.
Durante el mes de marzo se solicitó al gobierno la entrega de la bolsa solidaria de alimentos, la cual, aseguran los transportistas, se entregó en dos ocasiones de manera irregular, ya que el beneficio no llegó a todos los miembros de este rubro. Mientras que, en el mes de abril, volvieron a tomar las calles solicitando al gobierno el retorno a sus labores y la entrega de un bono económico que les permitiera amortiguar la crisis.
Durante el mes de mayo las protestas han sido más consistentes y prolongadas, al punto que se registran varios taxistas detenidos y el gobierno se ha visto presionado en abrir espacios de diálogo y negociación con los representantes de este sector. En ese contexto, las demandas giran alrededor de los siguientes puntos: 1) Bono compensatorio de 7 mil lempiras, 2) Reapertura inteligente del rubro de taxis, y, 3) La cancelación del pago de matrícula de sus vehículos.
Es importante ver en perspectiva los planteamientos y demandas de los taxistas. Primero, obliga al gobierno a abrir un espacio democrático de diálogo y concertación con los transportistas. Segundo, avanzar en la construcción de una estrategia objetiva, sostenible e inteligente en la reapertura del transporte público. Tercero, desafía al gobierno a emprender acciones de mitigación sanitaria y atención humanitaria a largo plazo bajo un enfoque de equidad.
En ese marco la gestión de la crisis de los transportistas, requiere verla más allá del tema económico, ya que en el fondo lo que está en juego son temas de carácter humanitario y de salud pública. En definitiva, las demandas del sector taxista no solo son legítimas, sino que abre todo un espacio de debate orientado a pensar de manera objetiva el proceso de reapertura inteligente del transporte público en un país donde la cifra de personas contagiadas aumenta día con día.
La ausencia de un enfoque estratégico del Gobierno
Ante las demandas de los taxistas el gobierno ha respondido con represión y detención. Aunque las acciones tomadas durante la semana, han abierto un espacio de diálogo y negociación con los representantes de este sector. La propuesta del gobierno gira alrededor de los siguientes aspectos: i) pilotaje en distintas ciudades del país (excepto Tegucigalpa y San Pedro Sula), para que el gremio taxista labore en el marco de la pandemia, ii) capacitaciones en temas de bioseguridad, iii) bono compensatorio de 2,000 mil lempiras, iii) entrega semanal de la bolsa solidaria, y, iv) préstamo a un uno por ciento de interés para equipar los automóviles con material de bioseguridad.
Consideramos que dichas medidas generan una serie de dudas y disyuntivas que en el fondo no ofrecen claridad hacia donde avanza el actual proceso de reapertura del transporte público en el país.
Partiendo de las expresiones de los transportistas sobre la pertinencia de esas medidas, sobresalen una serie de dudas: Si se reduce el número de personas por taxis (propuesta del gobierno son 2 y desde los taxistas 3), ¿subirá el precio del pasaje? Para dotar los taxis con equipo de bioseguridad, ¿facilitara el gobierno todo el dinero que se requiere? En los esfuerzos de mantener el orden y control, ¿qué mecanismos y medidas se van a tomar desde el gobierno y sector taxista?
Si las dudas son de carácter operativo, las disyuntivas son de carácter estratégico. Partiendo de la presión que existe desde el sector del transporte, el ascenso de la curva de personas contagiadas y la expansión de la pandemia por todo el territorio nacional, el gobierno se encuentra ante tres disyuntivas: no apertura el sector taxista, accede a la demanda de los taxistas (bono suplementario) y apertura inteligentemente el rubro.
Al gobierno no le interesa entrar en una contienda abierta con el sector taxista y por ende no va a declarar la no apertura de este rubro. Por sus medidas de alivio económico de corte clasista, no va acceder a pagar el bono suplementario con el monto de 7 mil lempiras que solicitan los taxistas, considerando su viabilidad. En ese marco, su apuesta en el corto y mediano plazo será la apertura inteligente de dicho rubro, la cual funcionará como una especie de prueba para reabrir lo que resta del sistema público de transporte terrestre.
En el fondo esa salida plantea una serie de riesgos, entre ellos:
- Pruebas de pilotajes sin los estándares de calidad y bioseguridad requeridos, y su posterior aprobación para la circulación.
- Incumplimiento de los pactos por parte del gobierno (y de los mismos transportistas), como ha sucedido en el pasado.
- El monopolio por parte de la cúpula del transporte de los subsidios que proporcione el gobierno.
- Circulación masiva de taxis sin las medidas de bioseguridad necesarias, y.
- Aumento potencial de personas contagiadas.
Un gobierno comprometido con la salud de su población, inmediatamente hubiese declarado la no apertura del transporte público y hubiera establecido mecanismos efectivos de atención humanitaria y alivio económico con el consenso del sector taxista, y, hablar de una reapertura inteligente una vez que exista evidencia científica de que en el país se ha logrado reducir el número de personas contagiadas.
En resumen, la actual gestión de la crisis del sector transporte genera más incertidumbre que certezas, en uno de los espacios donde más esta propensa la ciudadanía a contagiarse del COVID-19. En este punto, el gobierno experto en desatenderse de la cuestión pública, orilla a los transportistas y a la población hondureña a un futuro cada vez más incierto y precario.
Puntos para la reflexión y accionar estratégico
Desde el CESPAD consideramos que es urgente que el sector transporte enfoque su capacidad analítica y estratégica en los siguientes puntos:
- Solicitar participación directa en el diseño, construcción, ejecución y monitoreo del plan de reapertura del sector taxista en el país. La democratización del espacio asegurara que se atenderán las exigencias de bioseguridad que se solicitan y que se velara por la salud de la población que utiliza el transporte público.
- Que los pactos acordados por el gobierno y el sector transporte se conviertan en Ley, con el objetivo de asegurar su cumplimiento, ante la falta de obediencia de ambos sectores en el pasado reciente. Esto permitirá que la implementación del plan de reapertura este en sintonía con las demandas e intereses de la población hondureña.
- Ante el control y monopolio que mantienen las cúpulas del transporte, es de importancia abrir espacios de democratización interna en los órganos de decisiones del sector taxista, en los esfuerzos de asegurar que los subsidios que se entregan desde el gobierno llegan de manera transparente y beneficien directamente a los transportistas.
- En la actual coyuntura es importante abrir canales de comunicación con la población y establecer alianzas estratégicas con organizaciones sociales, encaminadas a conjuntar esfuerzos y velar por un retorno seguro en el uso del transporte.
Descargar: AnálisisSemanal6DDHH – CESPAD
