Escrito por Bladimir López, analista del CESPAD
26 de mayo, 2020
El mundo posible después de la crisis
Esta coyuntura de pandemia generalizada invita a pensar y a pensarnos en escenarios de futuro, sin pretensión de convertirnos en profetas. La pregunta que surge es si la actual crisis transformara la conciencia de los seres humanos y redirigirá las políticas económicas, sociales y ambientales de los gobiernos, en beneficio de los sectores históricamente vulnerables.
Todavía es muy pronto para afirmarlo, pero sí es posible ensayar algunos escenarios de futuro que se debaten actualmente. El primero que se menciona es caminar hacia la nueva normalidad, la cual aboga por una participación más activa del Estado en la economía, la política de protección social, laboral y sanitaria, a la vez que se demandan políticas ambientales sostenibles y el desarrollo de una cultura basada en lazos de solidaridad, disminución del consumo, reconocimiento de derechos, etcétera.
En el fondo la nueva normalidad abogada por la humanización del sistema capitalista, alrededor de una serie de medidas que garantizarán el desarrollo social e inclusión de los sectores sociales excluidos. Los que sustentan esta visión, establecen que, luego de superada la actual crisis, las sociedades experimentaran un nuevo ciclo de protestas sociales encaminadas a demandar cambios democráticos, sociales y culturales en la sociedad.
El segundo debate gira alrededor del retorno a la vieja normalidad, desde esta posición se establece la idea que las sociedades, luego superada la actual crisis, regresaran a un estado social de pre-pandemia: trabajo precario, la profundización de las desigualdades, un renovado papel del crimen organizado, mayor autoritarismo y corrupción. En definitiva, se prevé que las sociedades entraran en un nuevo proceso de crisis social con grandes consecuencias para la democracia y los derechos humanos.
Y el tercer debate, es caminar hacia la construcción de una nueva sociedad, alejada de la nueva y vieja normalidad, basándose en la idea que el actual sistema capitalista es insostenible, imposible de humanizarlo y modernizarlo, y por lo tanto se propone la construcción de una sociedad alejada de los principios del capitalismo. Los precursores de este camino plantean la necesidad de avanzar hacia la sociedad socialista, en la cual la prioridad sean los seres humanos y el medio ambiente por encima del mercado.
El régimen de JOH y el sentido social del futuro
Las actuales acciones del régimen de JOH alrededor de la gestión de la actual crisis del país, apuntan hacia un escenario post- pandemia que conduce al retorno hacia la vieja normalidad, a través de una concepción del futuro que produce miedo, incertidumbre e inseguridad y, que en el fondo nos invita a acostumbrarnos a vivir en una sociedad más cercana al caos que al orden, a la pobreza que al buen vivir.
Antes de entrar en detalle sobre el retorno a la vieja normalidad, nos detendremos a identificar la manera en que el régimen de JOH dimensiona el futuro de la sociedad hondureña en clave post- pandemia. Desde las cadenas presidenciales se evidencian tres sentidos sociales del futuro: i) el futuro como sentencia, ii) el futuro como desarraigo, y, iii) el futuro como impugnación.
Desde el régimen se expresa: “el futuro está en sus manos”. En términos sociales adquiere un sentido de sentencia, se le transfiere a la ciudadanía el papel de responsabilizarse por sus acciones, de gestionar su cuidado y sobrevivencia alrededor de toda una concepción individualista y egoísta del existir humano.
Otra expresión común es: “avanzamos hacia un futuro mejor”. En términos sociales, partiendo de la desesperanza que existe en la ciudadanía motivada por las precarias acciones del régimen para atender la actual crisis, esa expresión adquiera un sentido de desarraigo, ya que la ciudadanía percibe una falta de control y certeza sobre sus vidas, debido a que el Estado que los prometió proteger, tiene manos débiles y pies torcidos.
Esta es la dimensión del futuro con la que más juega el régimen, ya que el desarraigo es potencializador de miedos y de inseguridades, y a un régimen autoritario el desarraigo le permite justificar el Estado de excepción (suspensión de garantías constitucionales) y normalizar (volverlas común) realidades como la militarización, desigualdades, autoritarismo, demagogia, violencia machista y corrupción.
Por último, la más repetida de las expresiones: “de la crisis saldremos fortalecidos”. En términos sociales adquiere un sentido de impugnación, la ciudadanía ante la ausencia de discursos propositivos, alternativos y esperanzadores, termina secuestrada en el discurso que expresan a diario los voceros del régimen, discursos contradictorios y plagados de engaños. La anterior tiene fuertes implicaciones políticas, y se basa en la idea de cómo la oposición política ha sido incapaz de generar un discurso alternativo y propositivo, que le dispute al régimen la palabra y que genere en la población esperanza y certezas sobre el futuro mejor por venir.
En resumen, esos tres sentidos sociales del futuro que se transmiten desde el régimen buscan gestionar adecuadamente su vulnerabilidad y sobrevivir a la crisis, conduciendo a la sociedad hondureña por un estado transitorio de normalidad, donde es incapaz de imaginarse explorativamente el futuro para lograr avanzar hacia la construcción de una nueva sociedad.
Honduras: ¿De regreso a la vieja normalidad?
Es preocupante la manera en cómo el régimen de JOH conduce a la sociedad hondureña hacia la vieja normalidad. El retorno a la vieja normalidad se viene dando en un contexto de país marcado por cuatro elementos de fondo: 1) Intentos de reconfiguración de la élite política (posponer elecciones, nuevos pactos de impunidad, la entrada en vigencia del nuevo Código Penal). 2) La flexibilización de un modelo económico que apunta a la reconcentración de la riqueza de la élite económica. 3) Un mayor control y vigilancia de las fuerzas policiales y militares hacia la población. 4) La fragilidad de normas sociales que atentan contra la integración social y convivencia pacífica.
Esos cuatro elementos nos permiten poner en perspectiva el retorno hacia la vieja normalidad, que en el fondo desplazan procesos de construcción de un Estado democrático de Derecho y posterga procesos de inclusión social. El primer elemento de contexto se concretiza sobre el tema de las elecciones y toda su discusión sobre posponerlas o desarrollarlas en el tiempo que establece la normativa electoral, la posible entrada en vigencia del nuevo Código Penal y los pactos de impunidad en tiempos de COVID-19.
Esos tres hechos apuntan hacia una reconfiguración de la élite política, a través del tránsito hacia un modelo político muy parecido al de una Dictadura y a un mayor control sobre la institucionalidad pública, ante la entrada en vigencia del Código Penal. Lo anterior no solo sería un regreso a la vieja normalidad, también implicaría un retroceso en la historia política del país con grandes costos en materia de democracia, gobernabilidad y derechos humanos.
En definitiva, la oposición política se encuentra ante una prueba de fuego, en una coyuntura en la cual se teme que desde el régimen se pospongan las elecciones y en el peor de los escenarios una nueva reelección de JOH, quién en la actual coyuntura anda en campaña política abierta.
De igual forma, el campo económico experimenta cambios profundos y todo parece indicar que el despojo de bienes públicos y bienes comunes naturales experimentara una nueva oleada. En este punto es importante resaltar el actual endeudamiento millonario del país mediante préstamos internacionales, la política de concesionamiento territorial impulsada desde MIAMBIENTE y los Decretos ejecutivos en materia agrícola, que apuntan a la profundización del proceso de contrarreforma agraria y mayor control de territorio (bosques, agua, tierra y minerales) por parte del sector agroempresarial y agroexportador.
La experiencia hondureña indica que, ante un mayor endeudamiento, menor gasto social (empleo, educación, salud, cultura) y mayor privatización de los servicios públicos. Tal como como ocurrió durante el Mitch (1998) y el Golpe de estado (2009), los recursos naturales fueron la panacea para atraer inversión extranjera y en el actual contexto esa idea recobra mucha fuerza, en un país con conflictos socio-ambientales por doquier.
Los últimos años hemos vivido bajo la tutela opresora de la bota militar, los expertos mencionan que será difícil que los gobiernos reviertan en su totalidad las garantías constitucionales actualmente clausuradas, en un escenario post- pandemia. Partiendo de las características autoritarias del sistema político hondureño, la sociedad se acerca hacia un mayor control y vigilancia hacia su quehacer cotidiano y político, motivado por una ciudadanía que siente un sentimiento de pérdida en el control de sus vidas, ante la inseguridad y el miedo que les genera volver a la vieja normalidad.
En ese marco la normalidad militar a través del control, la supervigilancia y el castigo encuentran un nuevo sitio en la sociedad hondureña, en un país que en clave post- pandemia experimentara una de las crisis más grandes en los últimos 40 años de transición democrática y, que, en pleno proceso de reconfiguración política y reconcentración de la riqueza, el debilitamiento del Estado de derecho y la crisis de los derechos humanos atentan con golpear con mayor fuerza el debilitado tejido social.
Por último, sobresale el proceso de descomposición social ante la falta de normas y creencias democráticas que guíen/regulen la vida de las personas en sociedad. Esta idea requiere de especial atención, ya que en la actual coyuntura el régimen ha venido poniendo en marcha medidas de alivio económico y social de corte clasista, que en el fondo apuntan a profundizar la exclusión y las desigualdades.
El régimen es experto en negar las demandas y problemas de la población, orillando a la ciudadanía a desarrollar modelos de vidas despojados de un sentido de comunidad, solidaridad y responsabilidad social. En ese punto, total preocupación requiere el desprecio a los demás miembros de la sociedad (la estigmatización hacia portadores de COVID-19), el recrudecimiento de la violencia patriarcal (el confinamiento y la violencia intrafamiliar), la destrucción del medio ambiente (el confinamiento y las miles de hectáreas de bosque quemadas y la extracción de madera ilegal).
En un sistema democrático de baja intensidad, no basta con atender temas económicos y sociales, también es importante dar un paso solido en aspectos culturales, que en el fondo son los que aseguran procesos integrales y prolongados de integración social y convivencia pacífica en tiempos de crisis como la actual. Sin embargo, cabe mencionar que en la actual coyuntura también se invidencia nuevos comportamientos culturales, que pueden dar paso a la constitución de nuevas formas de vida a lo interno de la sociedad hondureña.
En resumen, en la actual crisis la élite política ha sido incapaz de pensar un nuevo futuro para la población hondureña y todo parece indicar que nos seguiremos moviendo por la vieja normalidad plagada de autoritarismo, desigualdades, militarización, vigilancia, violencia y desintegración social.
