25 de mayo, 2020
Durante el período del 18 al 24 de mayo en clave de derechos humanos y libertades políticas, dos acontecimientos marcaron la coyuntura del país: 1) Asesinato de Edwin Fernández, miembro de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), y, 2) Campaña de estigmatización y desprestigio contra defensores(as) del medio ambiente y la vida, pertenecientes al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, Colón.
La política extractivista en tiempos de COVID-19
En medio de la crisis del COVID-19 el gobierno ha emprendido una serie de medidas encaminadas a darle continuidad al proyecto extractivista que se viene implementando en el país durante las últimas décadas. Entre ellas sobresalen: i) Llamado de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE), al capital nacional e internacional a presentar solicitudes para la entrega de licencias ambientales para el desarrollo de proyectos extractivos, y, ii) Medidas en materia agraria (PCM-030/041-2020), que apuntan a un proceso de reconcentración de la tierra y control del territorio por parte del sector agro empresarial.
Como en otras épocas de crisis del país, huracán Mitch (1998) y el Golpe de Estado (2009), los recursos naturales fueron la panacea para atraer la inversión extranjera y mitigar la crisis económica interna. En la actualidad, desde la élite política y económica se busca lo mismo, solo que en un contexto diferente de país: la élite tiene un mayor control sobre la institucionalidad pública, la entrada en vigencia del nuevo código penal abre un camino fértil para que la corrupción extractivista se siga manteniendo.
Prospectivamente esos elementos de contexto nos llevan a desarrollar la idea, que en un proceso de post- pandemia el país experimentará una nueva ola de despojo y de lucha territorial, a la vez que se irá acrecentando la crisis de los derechos humanos y elevando las contradicciones entre los intereses del gran capital y de las comunidades rurales, indígenas, campesinas y garífunas.
Lo riesgos de defender el territorio en tiempos de COVID-19
El actual trabajo de defensoría se da en un contexto de país marcado por la suspensión de garantías constitucionales, y la falta de acciones desde el gobierno de medidas de alivio social y económico orientadas a atender las demandas y problemas que enfrentan las comunidades rurales, indígenas, campesinas y garífunas.
Lo anterior tiene grandes costos en perspectiva de derechos humanos, debido a que las personas defensoras se encuentran desprovistas de protección, ya que las organizaciones defensoras de derechos humanos e instituciones del Estado no están laborando de manera sistemática. Por otro lado, los actores que controlan el territorio (el caso del crimen organizado y guardias de seguridad privada), están actuando de manera libre y sin ningún tipo de control y vigilancia por parte de las fuerzas militares y policiales del Estado.
En ese contexto adverso, las comunidades en resistencia contra el proyecto extractivista han emprendido una serie de acciones orientadas a gestionar democráticamente el territorio y resguardar la vida de sus familias. Entre ellas sobresalen: i) lucha por el acceso a tierra, ante la crisis alimentaria que golpea a las comunidades rurales, ii) establecimiento de cordones epidemiológicos en entradas y salidas de las comunidades para la prevención y detención del COVID-19, iii) acciones para asegurar la alimentación de las familias en las comunidades, a través de las ollas comunitarias, y, iv) acciones encaminadas a solicitar la libertad de defensores que se encuentran prisioneros en el sistema penitenciario (al margen de la ley) y que son proclives a contagiarse del COVID-19.
Las acciones anteriores han generado malestar en el seno de los actores que se disputan el control del territorio (empresas mineras, agroindustria y crimen organizado), con las organizaciones territoriales, y ha desencadenado una serie de asesinatos, acciones de criminalización, persecución y estigmatización contra el liderazgo territorial, que ponen en riesgo la vida de los defensores(as), a la vez que restringe su trabajo de defensoría de derechos humanos.
En el actual contexto los asesinatos son selectivos, dirigidos hacia lideres con una trayectoria política y consolidada en lo interno de las organizaciones. Otro aspecto a señalar, es que los asesinatos se han desarrollado en las dos regiones de país con mayores conflictos por el acceso a tierra y defensa de bienes comunes, como es el caso de Choluteca y Atlántida.
Las campañas de desprestigio y estigmatización se dan en un contexto particular, marcado por una avalancha de posicionamientos y declaraciones de organizaciones internacionales que demandan al gobierno, el respeto a los derechos humanos de las comunidades en resistencia y el goce pleno de los derechos de las personas defensoras de los bienes comunes de la naturaleza.
En resumen, los riesgos para defender el territorio en un contexto de suspensión de garantías constitucionales conllevan a que los defensores(as) realicen su trabajo de defensoría en un marco de indefensión, siendo este completamente favorable a los sectores que promueven los intereses del capital y del crimen organizado.
Descargar: ReporteSemanal5 – CESPAD
