Entre el 2010-2015, el Estado hondureño ha invertido más de 15 mil millones de lempiras, el 70% del total proveniente de préstamos internacionales, en la implementación de una política de protección social que dibuja una política fiscal peligrosa y que no resuelve los problemas estructurales de pobreza en el país.
Lo anterior, es parte de los hallazgos del estudio “Política de bonos contra la pobreza: entre el asistencialismo social y el riesgo de politización partidaria”, que realizó el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), que destaca, entre muchos elementos más, que tanto la Secretaría como el Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social tienen la responsabilidad de operacionalizar la Plataforma y el Programa de Vida Mejor, que es la forma concreta en que se expresa la política de protección social del actual gobierno.
Para el Programa y la Plataforma de Vida Mejor, el eje central es el Bono para una Vida Mejor (BVM), anteriormente Bono 10 mil, que tiene como propósito central fomentar la asistencia de los niños y niñas en situación de pobreza al sistema educativo y de salud. El supuesto de este bono, es que contribuirá a romper el ciclo inter-generacional de la pobreza, a través de la transferencia por hogar, de 10 mil lempiras anuales para el área de educación y 5 mil por salud.
En ese sentido, el estudio destaca que entre el 2010-2015, el Estado ha invertido L 15,017 millones de lempiras en la implementación de la política de protección social, y que de este total de recursos, el 28.3% han provenido de fondos nacionales y el 71.7% de préstamos internacionales. Estos datos evidencian una alta participación de fondos externos, una situación que para el CESPAD, plantea la deficiente sostenibilidad de una política social bajo estas condiciones.
Para el director del CESPAD, Gustavo Irías, “financiar la política de asistencia social con endeudamiento externo expresa una política fiscal muy peligrosa, pues no se resuelven los problemas estructurales de la pobreza y se comprometen las finanzas del país en el mediano y largo plazo”. Agregó que, “la mayor debilidad es que esta política de transferencias monetarias (bonos) no está entregando resultados favorables en la lucha contra la pobreza”.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, en los últimos trece años la reducción de la pobreza, tomando los años extremos (2004 y 2015), ha sido apenas de 1.4% y que a pesar de las inversiones del Bono 10 mil, entre el 2012 y 2015, la pobreza, por ingresos monetarios, apenas se redujo en 2.7%. En término absolutos el número de personas en situación de pobreza entre el 2009 y el 2015 se ha incrementado 794,927, información generada de las bases estadísticas del INE.
El estudio, que cuenta con la asistencia financiera de TROCAIRE, refiera que la “mayor debilidad es que esta política de transferencias monetarias (bonos) no está entregando resultados favorables en la lucha contra la pobreza”.
“Si se considera la medición de la pobreza por ingreso, es válido afirmar que la elite dominante ha fracasado con sus diferentes políticas sociales en la lucha contra la pobreza en, por los menos, los últimos 12 años”, sostuvo Irías.
Municipalidades de Honduras, cooptadas por Pacto Municipal por una Vida mejor
La investigación apunta que la política de bonos se presenta en un contexto de pronunciada centralización del poder en el Ejecutivo, es decir, en la figura del presidente Juan Orlando Hernández, quien sin necesidad de haber logrado reformas en el Congreso Nacional sobre la Ley de Municipalidades, ha alcanzado un importante control en los gobiernos locales.
Precisa que para llevar a cabo la política social se ha retrocedido en el proceso de descentralización municipal, mediante la firma del “Pacto Municipal por una Vida Mejor”, suscrito entre el presidente Hernández y la AMHON, ya que con su implementación se ha modificado los criterios en la distribución de las transferencias municipales.
La rúbrica de este acuerdo se llevó a cabo bajo la promesa presidencial del pago puntual de las transferencias a los gobiernos municipales, siempre y cuando éstos destinen el 40% de los fondos al Programa Vida Mejor; orienten el 20% a los proyectos relacionados con el Programa Nacional Todos por la Paz y coloquen el 10% en proyectos relacionados con el Programa Pro Honduras.
Otro aspecto relevante, es la relación entre la política pública sustentada en los bonos y su instrumentalización para fines político-electorales y una prueba de ello es que en las elecciones generales de 2013, se evidenció que la política pública de protección social no está blindada o libre de la injerencia política. Esto fue señalado de manera directa por el Informe Final de Observación Electoral de la Unión Europea.
De acuerdo a cómo se desarrolla el contexto actual, no se descarta que los riesgos en la utilización de los recursos públicos para fines políticos partidarios se incrementen. Esto se expresa en la manera que se está manejando el Bono Vida Mejor, la imagen oficial es a favor del Presidente de la República, utilizándose las jornadas de entrega para fines políticos del partido en el gobierno.
