La coyuntura de enero y febrero, sin lugar a dudas, ha estado marcada por un contexto de descontentos y de fricciones entre la ciudadanía, un sector político del país y el Gobierno de Juan Orlando Hernández, debido al paquete de reformas de no menos de 6 leyes hondureñas, entre ellas el Código Penal, que desde inicios del mes de enero envío el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su aprobación. Asimismo, por el regreso de la población hondureña a manifestarse en las calles de diversas ciudades del país, en contra de la corrupción e impunidad, y en particular, en oposición al fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia en contra de Kevin Solórzano, un joven universitario a quien se vincula al asesinato del ex fiscal del Ministerio Público, Edwin Eguigure.
Por otro lado y no menos importante, persiste el lanzamiento y las acciones de la Alianza de los Partidos Políticos de Oposición, integrada por Libertad y Refundación (LIBRE), el Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Innovación y Unidad (PINU), para contrarrestar el gane o reelección del actual mandatario de los hondureños, Juan Orlando Hernández. De igual manera, trascienden las nuevas acciones de la Misión Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) en casos emblemáticos como el del Seguro Social, y la demanda de justicia en el caso del asesinato de la lideresa indígena, Berta Cáceres, a un año de su muerte.
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