Escrito por: Bladimir López, miembro del equipo de analistas del CESPAD
Punto de partida: La peligrosa coyuntura política hondureña
En el marco de la actual crisis que azota al país producto de los efectos generados por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), el seguimiento al contexto durante el período del 1 al 26 de abril, expone una serie de acontecimientos que dan cuenta de la crisis de derechos humanos que golpea a la sociedad hondureña y con mayor fuerza a los sectores más excluidos y vulnerables de la sociedad.
En este análisis planteamos que la actual agudización de la crisis de derechos humanos ha sido orquestada desde el gobierno alrededor de cuatro acciones: i) suspensión de garantías constitucionales, ii) medidas económicas de corte empresarial, iii) medidas de alivio social sin enfoque de equidad y, iv) redes de corrupción e impunidad que agudizan la crisis sanitaria y humanitaria.
En ese contexto, la crisis actual no solo ha agudizado las contradicciones económicas, políticas y sociales del modelo neoliberal, sino que también genera oportunidades para que la élite política se reconfigure, a la élite económica reconcentrar la riqueza y a la élite militar expandir el control sobre la vida y seguridad pública de la población hondureña. La actual coyuntura se torna peligrosa, en un país con una honda crisis de legitimidad y con una sistemática política de violación de derechos humano impulsada desde el gobierno.
Pareciera que el fondo el sistema político hondureño experimenta una especie de reconfiguración de carácter sistémica, en el cual las élites han cerrado filas y consolidado un triángulo de poder que trasciende las esferas tradicionales de negociación y decisión política de la democracia liberal. Por eso no es extraño que la élite política no gestione la actual crisis desde una perspectiva de los derechos humanos, y en contra posición opta por prácticas antidemocráticas reproductoras de violencia, estigmatización, represión y miedo.
En definitiva, la actual crisis ha radicalizado un modelo político autoritario desprovisto de todo sentido social-humanitario, a la vez que refuerza la militarización, exclusión, criminalización y corrupción. En las siguientes páginas desarrollaremos detalladamente la manera en que opera ese modelo y su impacto en los derechos humanos de la población hondureña.
Primero, la suspensión de las garantías constitucionales
Una de las primeras acciones del gobierno fue aprobar el decreto Ejecutivo PCM 021-2020, el cual restringió a nivel nacional las garantías constitucionales, dando paso a un proceso de confinamiento social, con olor a control social y sabor a militarización. En ese contexto, principios básicos de todo sistema democrático, como el acceso a la información pública, la libertad de expresión y la defensoría de derechos humanos, fueron los primeros en recibir los golpes del gobierno.
En un boletín informativo publicado por el Comité de Libre Expresión (C-LIBRE), en lo referente al acceso a la información pública, evidencia la manera en la que el gobierno ha centralizado la información sobre la actual emergencia sanitaria, el uso del presupuesto público y de esa forma limitando el accionar de veeduría ciudadana en un contexto de país marcado por la malversación de fondos públicos y pactos de impunidad (leyes que protegen a los corruptos).
Por otro lado, los ataques contra medios de comunicación y periodistas, quienes en su labor de informar sobre la crisis son agredidos por las fuerzas policiales y estigmatizados por autoridades del gobierno. En ese contexto, la cobertura rigurosa sobre la crisis se vuelve una tarea adversa, a la vez que evidencia la manera de cómo el control de la información se traduce en censuras que amplían la incertidumbre, producen miedo y acrecientan la desinformación en la población.
Por último, la Mesa de Derechos Humanos de Honduras en un comunicado denunció los bloqueos que existen desde el gobierno para impedir que las organizaciones de derechos humanos realicen su labor de defensoría. En un contexto en el cual la violación de los derechos humanos, a través de represión policial en las protestas, detenciones arbitrarias y violencia desproporcionada, hacia la los sectores más excluidos es permanente y el acompañamiento de las organizaciones se vuelve trascendental para reducir y mitigar los riesgos.
En conclusión, los ataques a las garantías constitucionales están conllevando a la reconfiguración de un “Estado Depredador”, que a través de una nueva oleada de remilitarización y control de la sociedad trasgrede reglas básicas de todo sistema democrático, a la vez que refuerza y profundiza un modelo político autoritario que impide la gestión democrática de la crisis y el pleno goce de las libertades políticas y civiles.
Segundo, medidas económicas de corte empresarial
La Comisión para América Latina (CEPAL), en su informe “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19”, recomendó a los gobiernos actuar en cuatro líneas para hacerle frente a la crisis económica y resguardar los derechos humanos de la población: la planificación económica contra el actual modelo predictivo de prueba y error, potencializar técnicamente y con crédito a las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), rentas básicas universales para los sectores en condición de pobreza y políticas económicas, fiscales y financieras con enfoque de género.
En Honduras las medidas económicas se han desligado de ese enfoque de derechos y en contra posición se presentan una serie de medidas de corte empresarial, las cuales se han canalizado a través de: Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social, (420 millones de dólares), Programa de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria, y endeudamiento externo a través de préstamos por sumas millonarias, entre otros.
Las actuales medidas económicas se caracterizan por cinco aspectos básicos. Primero, la falta de planificación y ausencia de un programa económico de emergencia que permita una gestión de la crisis económicamente sostenible. Segundo, ausencia de congelamiento en pagos de créditos, impuestos y servicios públicos por tres meses para amortiguar el peso económico en las familias hondureñas. Tercero, crecimiento de la deuda interna y externa vía préstamos que benefician principalmente a la gran empresa. Cuarto, limitadas políticas públicas de calidad orientadas a promover facilidades de crédito a las MiPymes, las cuales generan el 70 % de los empleos en el país. Cinco, la reconcentración de la riqueza de los grupos económicos del país, ya sea vía la inyección financiera a través de Estado, o vía exoneraciones fiscales.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, las actuales medidas económicas, vaciadas de contenido social y sin enfoques de equidad, elevan la desprotección de los sectores más pobres y las dificultades para obtener bienes básicos imprescindibles en tiempos de crisis. Lo anterior, en un país altamente desigual y excluyente en donde el 64.7% de la población en situación de pobreza, lo que significa 5, 776,400 (casi seis millones) de personas. De la población anterior, el 41.7% se encuentra en pobreza extrema, lo que equivale a 3,725.048 (casi cuatro millones) de personas; el 38.5% de la población sobrevive con un dólar americano o menos al día, que equivale a 3, 432.746 (tres millones y medio) de personas.
En conclusión, las élites económicas a través de un mayor control sobre el estado promueven medidas económicas que están profundizando el actual proyecto económico neoliberal, a la vez que refuerzan las practicas depredatorias de un modelo económico que en tiempos de crisis reconcentra la riqueza, expulsa a la población del mercado laboral y agudiza las desigualdades.
Tercero, medidas de alivio social carentes de enfoque de equidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su resolución No 1/2020, titulada “Pandemia y Derechos Humanos”, oriento a los gobiernos nacionales para que las medidas para enfrentar la pandemia y sus consecuencias incorporen de manera prioritaria el contenido del derecho humano a la salud, acceso a agua potable, acceso a alimentación, acceso a medios de limpieza, así como respuestas para la prevención y atención de las violencias hacia las mujeres.
En Honduras las actuales medidas de alivio social son de tres tipos: bancarias (congelación de cuotas de préstamos por el Banco Hondureño de la producción y la vivienda (BANPROVI), laborales ( a través de la estrategia días inhábiles la empresa privada considerara la ausencia de empleados por la cuarenta) y alimentaria (a través de la distribución de alimentos mediante la campaña Honduras Solidaria y la entrega del saco solidario). La última, sobresale como la única medida de carácter social que buscar beneficiar al 64.7% de la población que vive en situación de pobreza y pobreza extrema.
En las actuales medidas de alivio social prevalece un enfoque económico y asistencialista por encima de un enfoque de equidad. Lo anterior está generando una serie de contradicciones que están llevando a un “proceso acelerado de desplazamiento social” que va dejando a su paso protestas ciudadanas en la demanda de alimentos y seguridad sanitaria, precarización laboral, violencia machista en los hogares, demanda de las trabajadoras domésticas y crisis alimentaria en las comunidades rurales del país.
En un análisis publicado desde el CESPAD, del 18 de marzo al 17 de abril se registraron en el país un total de 128 protestas ciudadanas en 13 de los 18 departamentos. En estas protestas las demandas principales son: alimentos, acceso a agua, atención sanitaria, atención especial a personas de la tercera edad y la suspensión en los pagos de servicios públicos. Por último, las personas que participan en estas protestas son personas sin trabajo, trabajadores del sector informal, madres solteras y personas despedidas de sus trabajos al margen de la ley.
En lo referente al trabajo la situación es dramática. Según cifras de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS), actualmente se registran 50,000 suspensiones laborales y se calcula que en las próximas semanas se llegue a un total de 450 mil personas suspendidas, lo cual significa que el 30% de los trabajadores de la empresa privada dejaran de obtener un sueldo durante dure la emergencia sanitaria. Además sobresalen una serie de despidos en el sector maquila, comidas rápidas, entre otras.
Atención especial requiere el caso de las mujeres quienes en la actual coyuntura se enfrentan a dos riesgos. Primero, la violencia machista en el hogar, Asociación Calidad de Vida expresa que del 15 al 31 de marzo se registraron 4,225 denuncias de violencia intrafamiliar y doméstica. Segundo, su participación en las actuales protestas ciudadanas (el 20% de las mujeres que participan son mujeres), eleva el riesgo de estigmatización, violencia simbólica y represión policial.
Alrededor de esos tres aspectos, el proceso de desplazamiento social de los sectores excluidos de la sociedad tiene dos implicaciones. Por un lado, las medidas de alivio social no están pensadas para los sectores históricamente excluidos, ya que son pensadas para aquellas clases que de una u otra manera se encuentran dentro del sistema laboral. Por otro lado, las medidas de alivio contienen un fuerte sentido asistencialista que en el fondo refuerzan la dependencia de las familias y por ende expanden la exclusión social.
Cuarto, la corrupción y la agudización de la crisis
Por último y no menos importante es la descarada corrupción de la élite política en la actual coyuntura. Las redes de corrupción e impunidad van dejando a su paso grandes estragos que atentan contra los intereses de la población hondureña: desde la destitución de funcionarios por compras sobrevaloradas, pasando por el desconocimiento de embajadas internacionales por la supuesta compra de hospitales móviles y por la coaptación de una sociedad civil (representada en el FONAC) la cual solamente es veedora en la entrega del saco solidario y no de las millonarias compras que se realizan en el campo sanitario.
Un análisis del CESPAD desarrolla la idea de cómo los pactos de impunidad orquestados en el contexto de la MACCIH blindara a los corruptos en los tiempos de COVID-19. En definitiva, los delitos que pudieran estar cometiendo los funcionarios públicos están protegidos por dichos pactos y las acciones de persecución penal serian difíciles de ejecutar debido al desmantelamiento de sistema de justicia anticorrupción en el país.
En la primera parte de un informe, El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), demuestra dos hallazgos importantes: la información colocada en el sitio web de transparencia de la Secretaria de Finanzas (SEFIN), no cumple con los requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas que establece la ley, y las irregularidades y sobrevaloración en las compras (por 3.6 millones de lempiras) de emergencia hechas por parte de la Secretaría de Salud (SESAL).
A lo anterior hay que agregarle la ausencia de veeduría ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, ya que el ejecutivo ha bloqueado todos los espacios de participación ciudadana. Los tres elementos anteriores están conllevando a la profundización de la crisis de los derechos humanos tiempos de COVID-19, por varias razones:
Primero, el prejuicio va más allá del tema económico, con la corrupción se afecta directamente a la salud de la población, ya que eso impide la obtención de equipo médico para atender a la población. Segundo, la corrupción provoca una centralización y mala ejecución de los fondos públicos, lo cual ha generado una serie protestas en distintos centros hospitalarios que demandan equipo de bioseguridad y las condiciones sanitarias adecuadas para atender a la ciudadanía.
Tercero, la centralización hace difícil la veeduría social, comprendida como método que ayuda a transparentar y orientar de manera objetiva los recursos públicos, y por ende complica una gestión democrática de la crisis desde una perspectiva de derechos humanos, orientada a emprender acciones humanitarias y sanitarias estratégicamente viables, políticamente consecuentes y socialmente eficientes.
En conclusión, es importante ver los costos de la corrupción más allá del tema económico con el objetivo de dimensionar la crisis de derechos humanos y su impacto negativo en los sectores excluidos de la sociedad hondureña. La actual crisis de derechos humanos es producto de todo un sistema en el cual la corrupción es un parte importante, pero no la definitiva, ya que la actual se mueve por los distintos campos políticos que hemos indagado y problematizado en este análisis.
Descargar: Análisis 1 Semana laDDHH – CESPAD
