Un reciente estudio del Centro de Estudio para la Democracia –CESPAD-, arroja resultados poco alentadores para las mujeres, ya que apenas 57 municipalidades, de las 295 a nivel nacional, cumplen con las disposición de la ley de municipalidades de transferir el 5% a favor de las mujeres.
Este estudio, que por primera vez se realizó, se hizo con base en los resultados de la evaluación a la ejecución de los programas y proyectos de las alcaldías. Entre otras situaciones, el documento establece que las municipalidades con mayores recursos y capacidades institucionales (ubicadas en las categorías A y B), son en general, las que tienen un mejor cumplimiento que las de menores categorías (C y D). Sin embargo, un dato notorio que revela la investigación, es que ninguna de las municipalidades más relevantes, correspondientes a las ciudades o cabeceras departamentales más importantes del país, ha cumplido con la asignación del 5% de las transferencias municipales para la mujer. Entre las que no cumplen con la disposición se incluye a Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua, Tela y Siguatepeque, entre otras.
Por otro lado, el estudio refleja que muchas municipalidades pobres, establecidas en la categoría C y D, han tenido un mayor compromiso con el cumplimiento de este derecho, e incluso, que el cumplimiento en las categorías D es mayor (18.4%) que las de categoría C (13.5%). Entre las municipalidades que han cumplido, pese a su condición de pobres, se ubican: Guarizama en Olancho, Duyure en Choluteca, Santa Ana en La Paz, Marale en Francisco Morazán, Dolores en Intibucá, Gualcinse, San Manuel de Colohete y Coloaca en Lempira; San Antonio de Flores en Choluteca, San Antonio en Intibucá, Villeda Morales en Gracias a Dios y San Jerónimo y Dolores en Copán.
En el nivel de departamental, se expresa también la alta desigualdad en el cumplimiento del 5%. Solo 8 departamentos tienen un cumplimiento superior al promedio (19%), pero ninguno supera el 46% de cumplimiento (nivel que corresponde a Cortés). La mayor constatación es que departamentos como Intibucá, La Paz y Lempira, que en la escala de pobreza están en los últimos escalones, tienen un mayor cumplimiento que otros como Comayagua, Olancho y Colón.
El documento establece que existen dos factores claves para el cumplimiento de este derecho. El primero es la calidad de la relación entre las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) y los alcaldes. En las municipalidades que si cumplen, las OMMs son reconocidas y respetadas y mantienen una relación estrecha con el Alcalde.
El segundo factor es la participación de las mujeres y sus organizaciones en la gestión de los proyectos y programas. En las municipalidades que cumplen, los fondos cuentan en mayor o menor grado con un plan concebido desde las OMM, en cuya base está la participación de las mujeres y sus organizaciones.
El estudio concluye con recomendaciones, algunas de las cuales ya han sido cumplidas, como el establecer formalmente el 5% en las Disposiciones Presupuestarias de 2017, reduciendo para ello el porcentaje asignado al Programa Vida Mejor, del 40% al 35%, así como la penalización a las alcaldías que no den cumplimiento de la disposición.
El documento también plantea la urgencia de reorganizar y fortalecer a las OMMs, e Incentivar a las mujeres para que se organicen y sean parte activa en la elaboración y ejecución de los proyectos mediante el desarrollo del trabajo colectivo y en todas las actividades de esas dependencias municipales.
Como particular recomendación, el estudio exhorta a la Asociación Hondureña de Municipalidades de Honduras –AHMON-, a las alcaldías y las organizaciones civiles y de mujeres para que exijan el cumplimiento de la Ley de Municipalidades (decreto 143-2009) en cuanto a que los fondos de transferencia sean equivalentes al 11% del Presupuesto, y no el 7% que realmente se aplica.
Los preocupantes datos deben servir de base para fortalecer el trabajo de incidencia que ha realizado el Centro de Estudios de la Mujer Honduras -CEM-H y otras organizaciones de mujeres y el Instituto Nacional de la Mujer, con el apoyo de la Dirección General de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de Derechos Humanos, Descentralización y Justicia, las que en conjunto, en el 2016, lograron el establecimiento de un procedimiento claro para aplicar el 5% de las transferencias municipales a favor de la mujer. El estudio se realizó con el apoyo financiero de OXFAM Internacional, a través del proyecto Investigación e Incidencia en Apoyo a Justicia de Género.
