lris Argentina Álvarez era lideresa de un asentamiento humano en el sur de Honduras. Fue asesinada el 2 de abril, mientras varios agentes de seguridad privada de la empresa azucarera, “La Grecia”, ubicada en la comunidad de Los Chacos, municipio de Marcovia, Choluteca, se presentó a desalojarlos por la fuerza.
De acuerdo con testigos de los hechos, el desalojo inició en horas de la madrugada, cuando el grupo de guardias de seguridad llegó a la zona y de forma violenta (con armas de alto calibre y arma blanca), irrumpió en el asentamiento, disparando a quienes se oponían a renunciar al esfuerzo que la colectividad había emprendido, en busca de un pedazo de tierra, para asegurar la alimentación y el sustento de sus familias.
Los testigos del lamentable hecho manifiestan que varios elementos policiales permanecieron en la zona, pero se limitaron a guardar distancia durante el brutal atropello a los derechos humanos de las familias allí establecidas. El asesinato acontece en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales, emitidas por el gobierno de Honduras, a raíz de la crisis provocada por el Coronavirus.
Lo anterior solo evidencia que la suspensión de derechos constitucionales más que una medida de protección a la ciudadanía, es una estrategia de accionar político que está siendo utilizada para beneficio de los sectores empresariales del país, quienes mantienen en zozobra a las comunidades que luchan por la defensa de sus derechos.
Desde el CESPAD, consideramos el desalojo, los golpes y disparos proferidos a las personas del asentamiento, un acto atroz e inhumano, en el que no se toma en consideración las condiciones socioeconómicas paupérrimas en las que sobreviven los sectores más vulnerables del país, seriamente afectados por el contexto y los efectos del COVID-19.
En este marco de violación de derechos humanos como el de la vida, desde el CESPAD demandamos:
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- Al Ministerio Público, a la fiscalía de los derechos humanos, desarrollar una investigación efectiva y transparente que permita llevar a la justicia a los responsables de tan cruel asesinato.
- A la empresa “La Grecia”, que desista de su actual política de represión y asesinato contra el liderazgo territorial y la población del asentamiento en cuestión, para que establezca un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y el sector campesino.
- Al gobierno en general y al gobierno municipal, adoptar las medidas que conlleven a un proceso legal y transparente, que abone al esfuerzo de asegurar el acceso y la tenencia de la tierra a comunidades campesinas.
Tegucigalpa, Honduras 2 de abril del 2020
