En el actual contexto del país marcado por una crisis social y humanitaria generada por los efectos del COVID-19, el 27 de marzo La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE) hizo público un comunicado haciendo un llamado al capital nacional y extranjero a presentar sus solicitudes de “Licencia Ambiental” para el desarrollo de proyectos extractivos.
Son estrategias similares a las que se han utilizado en el pasado; por ejemplo en 1998 cuando el país sufría los efectos del Huracán Mitch y con el pretexto de atraer inversiones y reactivar la economía nacional, se otorgaron una serie de concesiones mineras y planes de manejo para la explotación del bosque, de igual forma se actuó durante el periodo post-Golpe de Estado del 2009, la élite política y económica con el mismo discurso profundizaron el proyecto extractivo a través de concesiones mineras, proyectos generación de energía (solar, eólica, hidroeléctrica), agronegocio y las ciudades modelos.
La actual estrategia del régimen surge en una coyuntura territorial marcada por la disputa del territorio y defensa de los bienes comunes naturales, denuncias de organizaciones internacionales ante la constante violación de los derechos de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y garífunas y por la escalada de los impactos negativos del proyecto extractivo en el ambiente y en la salud de las comunidades.
La actual estrategia del régimen es irresponsable y autoritaria, ya que no se generan los procesos de consultas, y además se presta para seguir profundizando la corrupción extractivista, en un momento histórico en el cual el país necesita avanzar por una senda democrática y transparente, en la búsqueda de un desarrollo sostenible y en la promoción y respeto a los derechos humanos. En conclusión, la actual estrategia solo viene a profundizar los actuales niveles de conflictividad y violación de los derechos de las comunidades.
En el actual contexto adverso para los intereses de la sociedad hondureña y de las comunidades en resistencia, desde el CESPAD exigimos:
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- Al Gobierno, a tomar medidas económicas y políticas sociales encaminadas a darle respuestas a los grandes problemas de la sociedad hondureña, sin comprometer la convivencia sana y pacífica de las comunidades. Estos esfuerzos deberán estar encaminados a erradicar los altos índices de exclusión y desigualdad que acentúan los círculos de la pobreza.
- Al Congreso Nacional, decretar un período de veda en la explotación de los recursos naturales, abriéndose un proceso de revisión legal, técnica y administrativa de las concesiones entregadas en los últimos veinte (20) años.
- A MIAMBIENTE, a desistir de sus procesos administrativos de entrega de licencias ambientales que, en el actual momento crítico de país, esas decisiones solo vendrán a agudizar los actuales conflictos territoriales y a profundizar el deterioro de los derechos humanos de las comunidades rurales.
Tomando en consideración el actual estado de terror nacional en que se encuentra la sociedad hondureña, alertamos a las organizaciones territoriales, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a estar pendientes sobre el desarrollo de esta medida, ya que sin duda vendrá a acrecentar la actual conflictividad socioambiental y a profundizar la violación de los derechos humanos.
